Colombia avanza en uno de los procesos de regularización migratoria más amplios de su historia.
Según el primer boletín oficial conjunto de Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el país ha logrado regularizar al 90% de las niñas, niños y adolescentes venezolanos que se encuentran dentro de su territorio.
El reporte destaca los progresos alcanzados gracias a políticas diseñadas para proteger la infancia migrante, aunque también advierte sobre un preocupante aumento de la violencia y la vulnerabilidad en esta población.
Una población en crecimiento bajo protección especial
El documento oficial indica que, de los 2,8 millones de venezolanos radicados en Colombia hasta mayo de 2025, el 28,41% corresponde a menores de edad.
Esto significa que más de 795.000 niñas, niños y adolescentes venezolanos residen actualmente en el país, de los cuales la gran mayoría ya cuenta con Permiso por Protección Temporal (PPT) o están en proceso de regularización.
En el marco de la política migratoria de largo plazo, el Gobierno colombiano confirmó que los prerregistros para menores estarán habilitados hasta el año 2031, garantizando que esta población acceda a servicios básicos como educación, salud y atención social.
“Se trata de un compromiso de Estado con la niñez migrante”, señaló el boletín, reafirmando el principio constitucional de prevalencia de los derechos del niño.
El PEP-Tutor: un nuevo mecanismo para proteger a los menores
El informe también resalta la creación del PEP-Tutor, implementado en septiembre de 2025.
Este instrumento —establecido mediante el Decreto 1209 de 2024— permite que los representantes o custodios legales de los menores puedan regularizar su estatus migratorio y acceder a empleo formal, servicios sociales y programas educativos.
Según el Observatorio de Migraciones de Migración Colombia, este programa tiene un potencial de cobertura de más de 270.000 menores venezolanos, cuyos cuidadores ya cuentan con PPT.
La medida no solo busca proteger a los niños, sino también brindar estabilidad a las familias que los acompañan, evitando que los adultos queden en condición irregular y limitados para garantizar la seguridad de sus hijos.
El ICBF ha destacado que esta política representa “un paso decisivo hacia la integración socioeconómica de los migrantes y una oportunidad para prevenir situaciones de riesgo infantil”.
Un aumento alarmante de la violencia infantil
Pese a los avances, el boletín también alerta sobre una realidad preocupante: el incremento de los casos de violencia contra la niñez migrante, que crecieron 58,78% entre 2019 y 2024, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF).
Las causas principales se relacionan con movilidad irregular, rutas fronterizas inseguras y ausencia de acompañamiento familiar durante el tránsito hacia Colombia.
Los informes señalan que las zonas más críticas son las fronteras de Norte de Santander, Arauca y La Guajira, donde persisten riesgos vinculados a grupos armados ilegales, trata de personas y explotación laboral.
Ante esta situación, Migración Colombia ha intensificado los operativos de control y verificación en los pasos fronterizos, así como las campañas de sensibilización sobre migración segura.
El documento enfatiza que estos datos deben interpretarse como un llamado urgente a fortalecer los sistemas de protección, en especial los mecanismos de prevención de abusos y atención psicosocial a menores desplazados.
Resultados del ICBF: más atención, más protección
Durante 2024, el ICBF brindó atención directa a 61.000 niñas, niños y adolescentes migrantes venezolanos, principalmente a través de programas de primera infancia y prevención de violencia.
El organismo también ha trabajado en la identificación de menores en situación de riesgo o abandono, logrando la reunificación de cientos de familias separadas durante el tránsito migratorio.
En paralelo, Migración Colombia detectó 400 casos de falsificación de documentos con el fin de facilitar la salida ilegal de menores del país.
Gracias a la coordinación con agencias internacionales, se logró impedir el ingreso de 133 ciudadanos extranjeros —en su mayoría estadounidenses— señalados como presuntos agresores sexuales.
En lo que va de 2025, 40 personas más han sido inadmitidas o expulsadas por causas similares, en cumplimiento de los protocolos de protección a la niñez establecidos por la autoridad migratoria.
Un compromiso regional con rostro infantil
Colombia se mantiene como el principal país receptor de migrantes venezolanos del mundo, según datos de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con más del 36% del total global.
El país ha sido reconocido por su política de integración humanitaria, especialmente por el Permiso por Protección Temporal (PPT), que ya ha beneficiado a más de 2,5 millones de venezolanos desde 2021.
La regularización del 90% de los menores representa un logro significativo, pero también una responsabilidad sostenida para el Estado colombiano, que deberá continuar garantizando la inclusión y seguridad de una generación que ha crecido entre fronteras.
“La infancia migrante venezolana no es el futuro: es el presente de Colombia”, concluye el boletín, recordando que la protección integral de los niños y adolescentes desplazados no solo es una obligación jurídica, sino un acto de justicia y humanidad ante uno de los mayores éxodos en la historia latinoamericana.
Con información de El Heraldo
