El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el mandato de la Misión de Verificación en el país por un año adicional en Colombia, pero excluyó funciones cruciales. La renovación omite la supervisión de las sanciones restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al Capítulo Étnico del acuerdo de paz firmado en 2016.
Medios de comunicación detallaron que la Resolución 2798 de 2025 fue aprobada con 13 votos favorables y dos abstenciones. Por primera vez desde 2017, la prolongación de esta misión, fundamental para el acompañamiento al pacto entre el Gobierno y las extintas FARC, no obtuvo la aquiescencia total de los miembros del Consejo.
Enfoque restringido y objeción de Estados Unidos
- El mandato actualizado ahora solo se concentrará en tres ámbitos del acuerdo de paz:
- La reincorporación (política, social y económica) de los excombatientes de las FARC.
- Las garantías de protección para ex-firmantes, sus familias, líderes sociales y comunidades.
- El desarrollo de la reforma rural integral.
Esta determinación se tomó tras múltiples rondas de complejas negociaciones. Según el Security Council Report (SCR), la oposición principal provino de Estados Unidos, que justificó su desacuerdo argumentando que el sistema de justicia transicional de la JEP «fomenta la impunidad» y que «no todos los actores políticos nacionales apoyan su desempeño».
Mike Waltz, el representante de EE. UU. ante la ONU, agradeció los esfuerzos por «reducir el mandato» que, a su juicio, se había «extralimitado de su alcance inicial», y celebró que la Misión se «vuelva a centrar en su cometido esencial»: la verificación de la desmovilización de las FARC.
Por su parte, varios países miembros, incluyendo Dinamarca, Guyana, Panamá y Rusia, deploraron la eliminación de la supervisión de las sentencias restaurativas, especialmente porque la JEP había anunciado sus primeras penas reparadoras el mes previo.
La delegada de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, agradeció la permanencia de la Misión, pero manifestó su discrepancia con la omisión de la JEP y del Capítulo Étnico, este último considerado uno de los aspectos más postergados del acuerdo. La diplomática subrayó que el modelo de justicia centrado en las víctimas es «reconocido a nivel mundial» y que los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas son sectores particularmente golpeados por el conflicto.
Con información de El Tiempo