La comunidad venezolana en Trinidad y Tobago atraviesa uno de sus momentos más inciertos desde el inicio del éxodo. La filtración de un memorándum oficial que plantea la posibilidad de expulsiones masivas desató un clima de ansiedad entre miles de personas que llegaron huyendo de la crisis política y económica.
Controles reforzados, dificultades para renovar permisos y el estado de emergencia vigente han convertido la vida cotidiana en un constante sobresalto para quienes pensaban haber encontrado un refugio en este país caribeño.
El miedo se instala entre los migrantes
La sensación de desprotección se ha convertido en el denominador común para numerosos venezolanos repartidos por Trinidad y Tobago. Julie Ramírez, una mujer de 70 años que pidió asilo hace casi una década, admite que vuelve a sentir el mismo temor que la obligó a escapar de Venezuela. Después de años trabajando como cuidadora y tratando de rehacer su vida, percibe que su situación vuelve a ser frágil ante la posibilidad de ser enviada de vuelta a un país donde teme por su seguridad.
A esta preocupación se suma Marannys Guerra, emprendedora que administra un bar en el sur de Trinidad y dirige un pequeño salón de belleza. Su mayor inquietud es ver derrumbarse todo lo que ha construido desde cero. “No quiero perder mi estabilidad”, expresa con la voz quebrada, consciente de que cualquier irregularidad documental puede convertirse en una sentencia de deportación.
Un memorándum que encendió las alarmas
El detonante de esta ola de pánico fue la filtración de un documento oficial fechado el 27 de octubre. En él, el Ministerio de Seguridad Nacional ordena detener a toda persona extranjera en situación irregular y mantenerla en el Centro de Detención de Inmigrantes “hasta su repatriación”. El texto menciona, además, que se estudia la posibilidad de ejecutar una “deportación masiva” de venezolanos, en un contexto de tensión diplomática con Caracas.
La divulgación del memorándum coincidió con un notable aumento de la presencia policial en zonas urbanas y rurales del país. Trinidad y Tobago se encuentra bajo estado de emergencia desde el 18 de julio, medida prorrogada dos veces, que concede a las fuerzas de seguridad amplias facultades para realizar detenciones, registrar viviendas y confiscar bienes sin orden judicial. La población migrante es la primera en sentir el impacto de estas atribuciones ampliadas.
En Chaguanas, en el centro del país, una unidad policial detuvo recientemente un taxi en el que viajaban varios venezolanos. Entre ellos estaba Teresa Fernández, maestra cuyo permiso laboral expira en pocas semanas. “Vivimos con pánico. Subir a un taxi se ha vuelto un riesgo”, confiesa.
Un clima de tensión binacional
El ambiente se volvió aún más tenso tras el arribo del destructor estadounidense USS Gravely a Puerto España, como parte del despliegue militar de Washington en el Caribe apoyado por las autoridades trinitenses. La respuesta del presidente Nicolás Maduro no tardó en llegar: pidió al pueblo trinitense evitar que Estados Unidos “arrastre al Caribe hacia un conflicto”. Estas declaraciones añadieron más incertidumbre para los venezolanos residentes en el archipiélago, que temen convertirse en moneda de cambio en la disputa geopolítica.
Documentos vencidos y un sistema paralizado
Las complicaciones no se limitan a las redadas. La Oficina de Inmigración en San Fernando estuvo cerrada durante semanas, imposibilitando la renovación de permisos y forzando a numerosos migrantes a ver caducar sus papeles. Angie Ramnarine, coordinadora del Grupo de Apoyo a Migrantes de La Romaine, explica que tomarse un día libre para hacer trámites es, para muchos, inviable. “Al final, mucha gente dejó que sus documentos expiraran”, lamenta.
La situación se agrava porque los permisos otorgados en el proceso de registro vencen el 31 de diciembre de 2025, pero el gobierno de Kamla Persad-Bissessar planea renovar solo 727 de las 4.237 solicitudes recibidas. Ramírez teme que su edad juegue en su contra y que las autoridades no acepten prorrogar sus documentos. “Volver a Venezuela no es una opción; temo que me asesinen”, afirma al recordar que su cafetería fue destruida por simpatizantes del chavismo.
Una vida en riesgo de desaparecer
David Rojas, operador de maquinaria pesada en un aserradero, también enfrenta la incertidumbre. En Trinidad y Tobago ha recuperado la estabilidad económica que perdió en Venezuela; en apenas dos días de trabajo gana lo que en su país obtenía en un mes como docente. “He construido una vida aquí, y ahora temo que todo se esfume de la noche a la mañana”, comenta.
Su testimonio resume el sentir de miles de venezolanos que, entre controles policiales, trámites paralizados y discursos incendiarios, viven con la constante amenaza de perder el hogar que creyeron haber encontrado.
Con información de El Nacional
