El Consejo de Estado ordenó la suspensión de las operaciones aéreas de los helipuertos turísticos que funcionan alrededor de la Piedra del Peñol, uno de los atractivos más visitados del departamento de Antioquia. La decisión responde a las quejas de habitantes de Guatapé, quienes durante años denunciaron el ruido persistente de los helicópteros y el deterioro de su calidad de vida.
El alto tribunal concluyó que estas actividades vulneran derechos colectivos esenciales como el disfrute de un ambiente sano, la tranquilidad, la intimidad y la seguridad, al tiempo que incumplen normas ambientales y urbanísticas vigentes.
Un fallo que cambia el panorama turístico
La sentencia —identificada bajo el radicado 05001-23-33-000-2021-01411-01— confirma una orden previa del Tribunal Administrativo de Antioquia y redefine la operación turística de la región. El Consejo de Estado determinó que el funcionamiento de algunos helipuertos es incompatible con la vocación ambiental y el ordenamiento territorial de Guatapé, un municipio que ha enfrentado durante años el choque entre su atractivo turístico y la necesidad de garantizar condiciones de vida dignas para sus comunidades.
La decisión implica un giro importante para la industria turística que ha promocionado los vuelos panorámicos sobre la Piedra del Peñol como una experiencia exclusiva, pero que ahora deberá ajustarse a estrictas condiciones legales para poder continuar.
Las medidas: suspensión inmediata y traslado obligatorio
El Consejo de Estado ordenó el cierre inmediato del helipuerto conocido como La Piedra, considerado uno de los más problemáticos debido a su cercanía con áreas residenciales. Según la sentencia, su operación genera un impacto acústico que supera los límites permitidos y resulta incompatible con la tranquilidad del sector.
Seis meses para la reubicación de los demás operadores
Las empresas Helitours S.A.S. y Helisur S.A.S., que operan en un helipuerto ubicado en el kilómetro 10 de la vía El Peñol–Guatapé, tienen un plazo máximo de seis meses para trasladar sus operaciones. El nuevo sitio deberá cumplir con los requisitos del Plan de Ordenamiento Territorial, además de obtener licencias de construcción y autorizaciones aeronáuticas. De no hacerlo dentro del plazo señalado, el helipuerto será clausurado definitivamente.
Estas medidas buscan corregir irregularidades que, según el Consejo de Estado, se han perpetuado durante años sin la debida fiscalización.
Comunidades que recuperarán su tranquilidad
La sentencia responde a las solicitudes de habitantes que padecieron el ruido intenso y constante de las aeronaves. Las veredas Palestina, El Trébol, La Piedra, La Mona, El Recreo, Los Naranjos, Bonilla, El Morro y Balcones de San Juan ven en esta decisión un alivio a su cotidianidad.
Por años, los residentes reportaron interrupciones en actividades diarias, imposibilidad de descansar y afectaciones en su salud emocional y física. La operación turística, inicialmente concebida como una oportunidad económica para la zona, terminó generando una carga sonora que superó los límites tolerables para la población.
La justicia concluyó que esos impactos desconocían los derechos colectivos protegidos constitucionalmente y que el desarrollo turístico no podía imponerse sobre el bienestar de la comunidad.
Supervisión estricta para garantizar el cumplimiento
Para evitar que la decisión quede en el papel, el fallo ordena la creación de un comité encabezado por un magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia. El grupo también incluirá al alcalde de Guatapé, delegados de la Aeronáutica Civil, representantes de CORNARE, voceros de Helitours y Helisur, miembros de la comunidad y la actora popular Nora Cielo Correa Quintero.
El comité tendrá la misión de verificar el cierre efectivo del helipuerto inmediato y el avance del proceso de traslado de las demás operaciones. Esta instancia será clave para garantizar que la industria aérea turística cumpla las medidas adoptadas.
Responsabilidades del municipio y la Aeronáutica Civil
El alcalde de Guatapé deberá supervisar que los operadores suspendan las actividades conforme a los plazos fijados y reportar cualquier incumplimiento.
Por su parte, la Aeronáutica Civil tiene prohibido otorgar nuevos permisos en los helipuertos actuales y solo podrá evaluar solicitudes futuras si cumplen estrictamente las condiciones impuestas por la sentencia.
Un precedente para el turismo y el ordenamiento territorial
La decisión del Consejo de Estado se convierte en un mensaje contundente sobre la necesidad de equilibrar el desarrollo turístico con la protección de los derechos colectivos. El fallo marca un precedente para otros destinos donde actividades recreativas o comerciales generan impactos ambientales y sociales significativos.
En Guatapé, la suspensión de los vuelos turísticos alrededor de la Piedra del Peñol abre una nueva discusión sobre modelos de turismo sostenible y el lugar que deben ocupar las comunidades en la toma de decisiones sobre su territorio.
Con información de El Tiempo
