La crisis venezolana entró en una fase inédita este martes 6 de enero, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara públicamente un acuerdo con las autoridades encargadas en Venezuela para transferir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo al mercado estadounidense. La declaración, difundida a través de Truth Social, no solo confirmó la magnitud del volumen pactado, sino que añadió un elemento explosivo: Trump aseguró que el dinero obtenido por esa venta será administrado directamente por él, en calidad de presidente, con el objetivo de destinarlo —según dijo— al beneficio de ambos pueblos.
El anuncio se produce en un ambiente de tensión diplomática y reconstrucción política tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas, un hecho que ha colocado la transición venezolana bajo supervisión directa de Washington y ha reconfigurado el equilibrio de fuerzas dentro del país.
Una entrega petrolera con sello presidencial
Trump describió el acuerdo como un mecanismo inmediato para movilizar crudo de “alta calidad”, actualmente sancionado, hacia puertos estadounidenses mediante buques de almacenamiento. Según su publicación, el secretario de Energía, Chris Wright, recibió instrucciones de ejecutar el plan “de inmediato”, reforzando la idea de una operación logística acelerada y altamente centralizada.
Pero más allá del volumen, lo más controversial no fue la carga, sino el control: el mandatario afirmó que el dinero generado será administrado por él para garantizar su uso “en beneficio” de las poblaciones de Venezuela y Estados Unidos. Esa afirmación, sin precedentes en el lenguaje oficial entre ambos países, abre interrogantes sobre el marco legal, la supervisión institucional y los límites de intervención en el manejo de recursos soberanos.
Chevron aumenta presencia mientras crece la presión marítima
El anuncio se conoció cuando distintas agencias reportaban movimientos intensificados en la logística petrolera venezolana. En paralelo, se informó que Chevron envió al menos 11 buques cisterna hacia Venezuela, dos más que en diciembre, con destino a los puertos de José y Bajo Grande para cargar crudo. Ese incremento sugiere que, pese al endurecimiento de medidas, algunas operaciones continúan bajo licencias especiales o bajo acuerdos que aún se mantienen vigentes.
Al mismo tiempo, el contexto de presión estadounidense sobre la industria petrolera venezolana se ha profundizado con la amenaza de incautación de buques y la expansión del cerco contra embarcaciones sancionadas, lo cual ya había generado desvíos y rutas alternativas en el Caribe. Esa estrategia busca restringir fuentes de financiamiento del antiguo régimen y condicionar el comercio exterior venezolano a nuevas reglas impuestas desde Washington. Bloomberg+1
Delcy Rodríguez responde: “Ningún agente externo gobierna Venezuela”
En Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez reaccionó rechazando la narrativa de tutela y asegurando que ningún actor extranjero gobierna al país. Sus declaraciones se alinean con el esfuerzo del chavismo por mantener cohesión interna y sostener una imagen de autonomía política, incluso mientras se multiplican los indicios de cooperación pragmática con la Casa Blanca.
La frase, sin embargo, convive con una realidad contradictoria: Trump insiste en que la transición está bajo coordinación de su gabinete y que Venezuela requiere “acceso total” para reconstruirse, mientras Delcy afirma defender soberanía y recursos naturales. Esa tensión marca el pulso de la nueva etapa: una negociación asimétrica donde una parte sostiene control militar y financiero, y la otra intenta preservar legitimidad doméstica.
Petróleo como herramienta de transición: ¿reconstrucción o control?
La entrega anunciada por Trump convierte al petróleo en el eje central de una transición que ya no se discute solo en Caracas, sino en Washington y en los mercados energéticos. El crudo aparece ahora como moneda política, instrumento de presión y promesa de reconstrucción.
En el relato estadounidense, el acuerdo busca reactivar la economía venezolana, garantizar estabilidad y reducir el impacto migratorio regional. Pero el hecho de que el control del dinero sea atribuido al presidente de Estados Unidos refuerza una percepción distinta: que el petróleo venezolano se convierte en garantía de obediencia, en palanca de influencia y en pieza de un nuevo tablero geoestratégico.
Venezuela, golpeada por años de sanciones, deterioro productivo y fracturas institucionales, enfrenta así un dilema mayor: reinsertarse en el comercio energético internacional bajo supervisión extranjera o resistir y arriesgar mayor aislamiento. Lo que Trump presentó como un plan de beneficio compartido abre, en realidad, una nueva disputa: quién decide el futuro de los recursos venezolanos y bajo qué legitimidad.
La relación energética y petrolera entre Venezuela y Estados Unidos
La relación energética y petrolera entre Venezuela y Estados Unidos ha sido históricamente estrecha, centrada principalmente en el comercio de petróleo crudo y productos derivados. Venezuela ha sido uno de los principales proveedores de petróleo para EE.UU. durante gran parte del siglo XX, gracias a sus vastas reservas y a la inversión de empresas estadounidenses en su industria petrolera. Esta relación comenzó a consolidarse a principios del siglo XX, con compañías como Standard Oil (antecesora de ExxonMobil) desarrollando campos petroleros en Venezuela.
En 1939, ambos países firmaron un Acuerdo de Comercio Recíproco, revisado en 1952, que facilitó el intercambio comercial, incluyendo hidrocarburos.
Para 1950, las importaciones estadounidenses de petróleo crudo y fuel oil residual de Venezuela alcanzaban los 288 millones de dólares, representando cerca del 90% de las importaciones totales desde ese país.
En las décadas siguientes, la relación se fortaleció. En 1976, Venezuela nacionalizó su industria petrolera, pero mantuvo acuerdos con empresas estadounidenses para continuar la producción y exportación.
Durante los años 90, Venezuela experimentó superávit comerciales significativos con EE.UU. debido a precios altos del petróleo, como en 1990 y 1996.
Las importaciones de petróleo venezolano a EE.UU. alcanzaron su pico en 1997, con un máximo mensual de alrededor de 61.7 millones de barriles (equivalente a unos 2 millones de barriles por día en promedio).
En términos anuales, en la década de 1990, las importaciones promediaban entre 1.2 y 1.7 millones de barriles por día (bpd), haciendo de Venezuela uno de los top 3 proveedores de EE.UU.
A partir de la década de 2000, las importaciones disminuyeron gradualmente debido a factores como el aumento de la producción doméstica en EE.UU. (shale oil), tensiones políticas y sanciones. En 2018, aún rondaban los 500,000 bpd, pero en 2019 cayeron drásticamente a casi cero tras las sanciones impuestas por EE.UU. al gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo un embargo total a PDVSA (la empresa estatal venezolana).
Entre 2020 y 2022, las importaciones fueron mínimas o nulas. Sin embargo, en 2023 se reanudaron parcialmente gracias a licencias especiales otorgadas por el gobierno de Biden, permitiendo importaciones de alrededor de 100,000-200,000 bpd en promedio para 2023 y 2024.
El comercio total de EE.UU. con Venezuela (incluyendo petróleo) alcanzó los 6.32 mil millones de dólares en 2024.
En cuanto a tu pregunta específica: sí, Venezuela suministra petróleo a EE.UU., aunque en cantidades limitadas comparadas con el pasado.
A finales de 2025, las importaciones estadounidenses de crudo venezolano promediaban unos 135,000 bpd, con la mayor parte de la producción venezolana yendo a China.
Con los cambios políticos recientes en Venezuela (tras la salida de Maduro) y anuncios del presidente Trump en enero de 2026, EE.UU. planea tomar mayor control sobre las reservas venezolanas y vender entre 30 y 50 millones de barriles, lo que podría aumentar las importaciones y el involucramiento de empresas estadounidenses en la producción.
Se espera que la demanda de EE.UU. y China impulse los precios y el flujo en 2026.
