El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) exigió al Ministerio Público (MP) información urgente sobre el paradero de 201 presos políticos cuyo lugar de reclusión es desconocido, en lo que la organización califica como un patrón de desaparición forzada sistemática en Venezuela. La protesta se desarrolló frente a la sede del MP en Caracas, donde decenas de familiares mostraron fotografías de sus seres queridos y denunciaron la falta de respuestas oficiales.
La solicitud ocurre en un contexto marcado por liberaciones políticas lentas e irregulares, pese a los anuncios oficiales. El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que se produciría la excarcelación de un “número importante” de detenidos. Sin embargo, familiares y ONG afirman que el proceso ha sido opaco, incompleto y sin garantías, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre quienes continúan detenidos sin información verificable.
Desapariciones forzadas como práctica sostenida
El activista Diego Casanova, vocero del Clippve, explicó que la desaparición forzada en Venezuela “dejó de ser un hecho aislado” y se ha convertido en una violación “pluriofensiva y continuada”, afectando derechos fundamentales de las víctimas y sus familias. Según denunció, funcionarios policiales niegan información sobre los detenidos, muchos de los cuales fueron arrestados en sus hogares o en la vía pública sin orden judicial.
Casanova y otros representantes de la ONG entregaron un documento al fiscal general, Tarek William Saab, con una lista detallada de los 201 casos. En la carta, solicitaron información inmediata sobre la ubicación y condiciones de reclusión, acceso de familiares y abogados, y certificaciones médicas realizadas por especialistas independientes.
Un proceso de excarcelaciones que avanza con lentitud
De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela permanecen 777 presos políticos, cifra que se mantiene alta pese a las 143 excarcelaciones registradas desde el 8 de enero. Estas liberaciones comenzaron pocos días después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de Estados Unidos, un hecho que generó expectativas de cambios en la situación de los detenidos.
Sin embargo, familiares como Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas, aseguran que la realidad ha sido distinta. “Estamos preocupados y desgastados. No vemos un proceso serio”, afirmó, tras relatar que muchos acudieron a distintos centros de detención con la esperanza de encontrar a sus familiares, sin obtener información.
Represión en la protesta
Mientras los representantes del Clippve ingresaban a la Fiscalía, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desalojaron a los manifestantes que permanecían frente al edificio, obligándolos a ubicarse en la acera de enfrente. Aun así, los familiares mantuvieron sus pancartas con mensajes como “¿Dónde están?” y “No más desapariciones forzadas”, reiterando su exigencia de respuestas.
El Clippve reiteró su llamado a:
- Crear una mesa de diálogo con la Fiscalía, organizaciones de derechos humanos y representantes de Naciones Unidas.
- Acelerar las liberaciones pendientes.
- Garantizar acceso a información, visitas familiares y defensa técnica.
- Otorgar libertad plena e inmediata a todos los presos políticos.
La organización insistió en que la desaparición forzada constituye una grave violación de derechos humanos y que el Estado tiene la obligación de informar, proteger y garantizar la integridad de todas las personas bajo su custodia.
«Venimos nuevamente al Ministerio Público a pedir respuestas por las personas detenidas que aún permanecen en desaparición forzada. Estamos hablando de al menos 200 personas».
Familiares y activistas agrupados en el @clippve, denuncian la alarmante cifra de detenidos en… pic.twitter.com/oz4ccD29Nd
— PROVEA (@_Provea) January 20, 2026
