Este jueves 5 de febrero, la Asamblea Nacional iniciará la primera discusión del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, incorporado en la agenda del día conforme fue anunciado por los dirigentes legislativos. La medida forma parte de una iniciativa impulsada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien semanas atrás adelantó la intención de presentar una norma que permita beneficiar a presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, abarcando el periodo de gobiernos del chavismo.
La inclusión de esta propuesta en el orden del día responde directamente a la petición de Rodríguez, quien en su discurso durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que la Comisión para la Revolución Judicial y el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz elaboraran el texto legal a la brevedad para su posterior aprobación en el Parlamento.
Los inicios de la norma y su propósito anunciado
El proyecto de ley fue anunciado a finales de enero con el objetivo de “favorecer la convivencia” y servir como una forma de cerrar las heridas derivadas de décadas de confrontación política en el país. Según Rodríguez, la amnistía cubriría “todo el periodo de violencia política”, con la esperanza de sanar divisiones sociales e institucionales profundas, incluidas aquellas causadas por detenciones arbitrarias de opositores, activistas y figuras disidentes.
En el acto, la mandataria encargada rechazó la imposición de, venganza u odio” en el proceso de excarcelación, y solicitó que la norma fuera debatida y discutida con celeridad en la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo.
La incorporación del proyecto en la agenda legislativa fue confirmada por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y familiar directo de la presidenta encargada, quien declaró que se atendería la solicitud oficial y se iniciaría la discusión del texto en el pleno del órgano legislativo.
El debate que abre interrogantes sobre su alcance
A pesar de la expectativa que rodea la primera discusión, el propio presidente del parlamento, Jorge Rodríguez generó incertidumbre al aclarar que la ley de amnistía no se aplicará a quienes hayan solicitado una intervención armada en Venezuela. Esta declaración ha generado dudas tanto en sectores políticos como en la sociedad civil sobre quiénes serán efectivamente beneficiarios de la futura norma y si ésta puede considerarse una amnistía general o parcial.
La restricción introducida por el presidente del Parlamento ha provocado preguntas sobre la definición de “delitos políticos” frente a otros que podrían quedar excluidos, lo que podría limitar considerablemente el impacto de la ley y su papel en la reconciliación nacional. La falta de claridad sobre los criterios precisos ha generado debates sobre su interpretación y posibles efectos jurídicos y sociales.
Reacciones y expectativas desde distintos sectores
El anuncio y el debate parlamentario han generado reacciones variadas. Familias de personas detenidas por motivos políticos han expresado esperanza en que la norma pueda representar una oportunidad para la liberación de sus allegados, quienes han permanecido encarcelados durante años bajo procesos que, según defensores de derechos humanos, carecen de garantías fundamentales.
Por su parte, organizaciones internacionales de derechos humanos han seguido de cerca el desarrollo de la propuesta y han pedido que cualquier norma de amnistía no se convierta en un instrumento de impunidad sin mecanismos de justicia y reparación efectivos. El contexto de violaciones a derechos fundamentales en el país ha llevado a alertas sobre la importancia de que la norma garantice la no repetición de prácticas represivas.
Mientras tanto, sectores opositores han cuestionado la motivación detrás de la iniciativa y su alcance real, señalando que podría estar más orientada a responder a presiones políticas internas e internacionales que a una verdadera voluntad de reconciliación. Estas críticas se han mezclado con expresiones de apoyo en torno a un potencial cambio en el enfoque de la política penitenciaria y judicial del país.
Un proceso que marcará la agenda legislativa
El primer debate en la Asamblea Nacional marca un paso importante en el largo proceso para aprobar una ley que, de ser ratificada, podría tener consecuencias significativas en el entramado político y social venezolano. No obstante, la discusión también ha dejado en evidencia las tensiones internas sobre el contenido y alcances de la norma, así como las expectativas encontradas entre diferentes actores.
La cámara legislativa continuará el análisis del proyecto en sesiones futuras, con miras a posibles enmiendas y a la definición de criterios que determinen quiénes estarán habilitados para acogerse a la amnistía. En un contexto de polarización y cambios en la escena política, el resultado de este debate podría influir en la percepción nacional e internacional sobre la capacidad del país para avanzar hacia formas más amplias de resolución de conflictos y convivencia democrática.
#ÚltimoMinuto Asamblea Nacional debate hoy (primera discusión) el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, según propuesta del orden del día pic.twitter.com/leM1IpmkgH
— Eligio Rojas (@ELESPINITO) February 5, 2026
