Una investigación conjunta de La Silla Vacía y Armando.info encendió un debate político de alto voltaje al revelar que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, adjudicó en 2025 dos bloques petroleros a una compañía vinculada con personas cercanas al presidente colombiano Gustavo Petro.
El hallazgo coloca en el centro de la discusión la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP), modalidad implementada tras la reforma venezolana a la Ley de Hidrocarburos, y abre interrogantes sobre posibles conflictos éticos en medio de la reapertura energética entre ambos países.
Los beneficiarios de esas concesiones serían Colven Business & Corp, firma relacionada con Danilo Romero Gómez —compadre del mandatario colombiano— y con familiares del empresario catalán Manuel “Manel” Grau Pujadas, identificado como cercano a la primera dama Verónica Alcocer. Aunque no existen decisiones judiciales que establezcan responsabilidades penales, la red de conexiones empresariales y familiares ha elevado el escrutinio público.
Los bloques adjudicados y el modelo contractual
Las concesiones otorgadas a Colven corresponden a campos ubicados en los estados Barinas y Apure, cuyas reservas probadas suman más de 1.100 millones de barriles. De acuerdo con los documentos revisados por los medios, en 2024 esos yacimientos registraban una producción combinada cercana a 13.000 barriles diarios, con proyecciones de crecimiento significativo si se ejecutaban inversiones técnicas.
El mecanismo utilizado, los CPP, fue impulsado por Delcy Rodríguez cuando asumió el Ministerio de Petróleo en agosto de 2024. Esta figura contractual permitió a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) firmar al menos 29 acuerdos sin divulgar públicamente el detalle de las empresas beneficiarias. La reforma legislativa blindó el esquema como herramienta para atraer capital privado a una industria debilitada tras años de control estatal rígido y sanciones internacionales.
La ubicación de los bloques agrega un componente estratégico. Se encuentran cerca del campo colombiano Caño Limón, conectado por oleoducto al puerto de Coveñas, lo que, según expertos citados en la investigación, facilitaría una eventual integración logística si existieran acuerdos binacionales. Sin embargo, la zona también enfrenta desafíos de seguridad por la presencia histórica del ELN.
Una empresa sin músculo financiero
Uno de los elementos que más cuestionamientos genera es la capacidad financiera de Colven. Según registros mercantiles en Colombia, la empresa reportó en 2024 un patrimonio negativo de 27.000 dólares y pérdidas por 54.000. Tampoco exhibía trayectoria consolidada en explotación petrolera.
Este patrón coincide con otros CPP documentados por Armando.info: compañías de reciente creación, sin experiencia robusta en el sector energético, pero con vínculos políticos relevantes. En su sitio web —hoy inactivo— Colven se describía como una firma dedicada a “conectar estratégicamente” Colombia y Venezuela en áreas como minería y transmisión eléctrica.
El entramado empresarial y familiar
Danilo Romero Gómez, amigo cercano de Petro desde hace más de dos décadas y padrino cruzado de hijos del presidente, participó en la constitución de Colven. Aunque afirma haberse retirado en octubre de 2024 y niega participación actual, registros societarios indican que familiares y personas de su entorno continúan vinculadas a la compañía. El representante legal actual es su sobrino, Diego Martínez Plata.
El nombre de Alfonso Camilo Barco Muñoz, hoy vicepresidente financiero de Ecopetrol, también aparece en la trama. Fue accionista y representante legal de Colven hasta días antes de asumir su cargo en la petrolera estatal. Barco sostiene que su asesoría fue independiente y previa a la adjudicación de los contratos venezolanos.
El 97 % de Colven pertenece a Colenergy Group, empresa panameña creada en 2024 por el venezolano Jesús Velásquez, el catalán Gregorio Grau Pujadas —hermano de Manuel Grau— y un sobrino de Romero. Manuel Grau, nacionalizado colombiano durante el actual gobierno y designado en la junta directiva de Cisa, ha negado vínculos con los negocios de su hermano, aunque correos electrónicos divulgados muestran coincidencias en comunicaciones empresariales pasadas.
Contexto político y reapertura energética
La adjudicación ocurre en un momento de acercamiento económico entre Bogotá y Caracas. En enero, el ministro de Minas colombiano planteó públicamente que empresas nacionales podrían participar en exploración y transporte de crudo en territorio venezolano. Paralelamente, la reforma petrolera promovida por Rodríguez consolidó la apertura del sector a capital privado, en medio de negociaciones con Washington sobre comercialización de hidrocarburos.
Este entorno convierte el episodio en un asunto políticamente delicado. Si bien la investigación no afirma ilegalidades, sí expone la intersección entre negocios energéticos millonarios y figuras cercanas al poder presidencial. La controversia se amplifica porque la campaña de 2022 aún enfrenta revisión judicial en Colombia.
El debate ético y reputacional
Más allá de la dimensión jurídica, el caso plantea preguntas éticas. ¿Se trata de una oportunidad empresarial surgida de la normalización económica entre dos países vecinos o de un entramado de intereses favorecido por proximidades políticas? La ausencia de información pública detallada sobre los CPP alimenta la percepción de opacidad.
Mientras no existan decisiones oficiales que determinen responsabilidades, el asunto permanece en el terreno político y reputacional. En un contexto regional donde la transparencia en la gestión de recursos energéticos es tema recurrente, cualquier vínculo entre adjudicaciones estratégicas y el círculo cercano del poder inevitablemente incrementa el costo de la controversia.
La investigación no concluye culpabilidades, pero deja abierta una interrogante que seguirá marcando el debate público: en la nueva etapa de cooperación petrolera colombo-venezolana, ¿priman los criterios técnicos o pesan más las redes de influencia?
Con información de El Colombiano
