La llegada de ayuda internacional para atender a las víctimas de los terremotos del 24 de junio ha movilizado a gobiernos, organismos multilaterales, organizaciones humanitarias y miles de donantes. Mientras continúan las labores de rescate y recuperación, especialistas insisten en que la distribución de los recursos debe estar acompañada de mecanismos que garanticen transparencia y rendición de cuentas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), recordó que toda la asistencia debe desarrollarse bajo los principios humanitarios, priorizando las necesidades de la población afectada y el respeto a sus derechos. Además, destacó la importancia de mantener información confiable y una coordinación efectiva durante la emergencia.
En paralelo, Transparencia Venezuela publicó un manual con recomendaciones para fortalecer los controles en la recepción y distribución de la ayuda humanitaria, con el objetivo de asegurar que los recursos lleguen a las personas que realmente los necesitan.
El documento plantea cinco ejes fundamentales: separar las donaciones monetarias de las entregas en especie, identificar plenamente a cada donante, mantener inventarios digitales de los insumos, distribuir las responsabilidades entre distintos encargados del proceso y publicar información periódica sobre el origen y destino de los recursos.
Asimismo, el manual recomienda documentar cada etapa de la cadena de distribución mediante registros, actas, fotografías y controles de inventario, especialmente en el caso de alimentos y medicamentos, cuya trazabilidad resulta clave durante una emergencia.
La organización también advierte sobre posibles señales de irregularidades, como diferencias entre los inventarios físicos y los registros, donaciones sin respaldo documental, pérdidas recurrentes de insumos o gastos administrativos desproporcionados, e insiste en que ningún recurso debería quedar fuera de los sistemas de supervisión y control.
Finalmente, Transparencia Venezuela sostiene que la trazabilidad de cada aporte y la publicación de información sobre su utilización constituyen herramientas esenciales para reducir los riesgos de corrupción y fortalecer la confianza en la gestión de la ayuda humanitaria.
