Aumenta a 4.930 el número de muertos por los terremotos del 24 de junio volvió a reflejar la magnitud de la tragedia que golpeó el norte de Venezuela. Las autoridades actualizaron el balance oficial al confirmar 101 nuevas víctimas fatales, con lo que el total de fallecidos ascendió a 4.930.
Mientras continúan las labores de atención a los damnificados, el país mantiene miles de personas desplazadas, centenares de edificaciones afectadas y un amplio operativo para responder a una de las mayores emergencias naturales registradas en las últimas décadas.
Aumenta a 4.930 el número de muertos por los terremotos del 24 de junio y continúa la atención a los damnificados
El más reciente informe oficial, divulgado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó que el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio sigue dejando consecuencias humanas y materiales de enorme magnitud. El nuevo balance elevó el número de fallecidos a 4.930 después de sumar 101 víctimas en los últimos días, mientras las cifras de heridos y personas que perdieron sus viviendas permanecen en 16.740 y 17.907, respectivamente.
Las autoridades señalaron que los equipos de emergencia mantienen operativos de búsqueda, asistencia médica y apoyo logístico en las zonas más afectadas. Al mismo tiempo, continúan las labores de identificación de víctimas y evaluación de inmuebles comprometidos por los movimientos sísmicos.
El reporte también indica que 128.324 familias han recibido algún tipo de asistencia desde el inicio de la emergencia. Esa atención incluye distribución de alimentos, agua potable, insumos médicos, alojamiento temporal y acompañamiento para las comunidades que aún permanecen aisladas por los daños en la infraestructura.
Actualmente, 21.210 personas permanecen distribuidas en 107 campamentos transitorios instalados por las autoridades mientras avanza el proceso de recuperación. Muchos de estos espacios funcionan como refugios provisionales para familias que perdieron completamente sus viviendas o que no pueden regresar debido al riesgo de colapso estructural.
La situación continúa siendo especialmente delicada en el estado La Guaira, donde se concentró el mayor impacto del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el 24 de junio. Equipos técnicos mantienen inspecciones permanentes para determinar cuáles edificaciones pueden rehabilitarse y cuáles deberán demolerse por el nivel de deterioro.
Daños estructurales y réplicas mantienen la alerta en las zonas afectadas
El balance oficial refleja que los terremotos provocaron daños en 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron completamente. Estas cifras evidencian el alcance de una catástrofe que alteró la vida cotidiana de miles de familias y modificó el panorama urbano en varias localidades del norte venezolano.
Las evaluaciones estructurales continúan porque numerosas construcciones presentan grietas, desplazamientos o afectaciones que requieren inspecciones especializadas antes de permitir el regreso de sus ocupantes. Ingenieros y organismos de protección civil trabajan para clasificar los inmuebles según su nivel de riesgo y definir las acciones correspondientes.
Desde el primer sismo también se han registrado 1.308 réplicas, una actividad sísmica que mantiene la preocupación entre los habitantes de las zonas afectadas. Aunque la mayoría de estos movimientos ha tenido menor intensidad, las autoridades advierten que continúan representando un riesgo para edificaciones debilitadas por los terremotos principales.
La réplica más reciente que generó mayor inquietud ocurrió el pasado viernes por la mañana, cuando un sismo de magnitud 3,9 se produjo a diez kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira. El movimiento telúrico provocó escenas de pánico entre los ciudadanos y motivó la evacuación preventiva de edificios públicos, conjuntos residenciales y establecimientos comerciales.
Las autoridades insistieron en mantener activos los protocolos de prevención mientras persista la actividad sísmica. Organismos de emergencia continúan realizando simulacros, inspecciones y campañas informativas para orientar a la población sobre las medidas que deben adoptar en caso de nuevos movimientos de tierra.
El temor generado por las constantes réplicas también influye en el regreso de muchas familias a sus hogares. Algunas personas prefieren permanecer en refugios temporales o con familiares hasta recibir la certificación de seguridad de sus viviendas por parte de los organismos competentes.
Planes para acelerar la reconstrucción y atender el déficit habitacional
Además de la atención inmediata, el Gobierno comenzó una nueva fase enfocada en la recuperación habitacional. Durante el fin de semana anunció el inicio de un censo biométrico destinado a determinar con mayor precisión la cantidad de viviendas que deberán construirse para responder a la emergencia.
Las estimaciones preliminares apuntan a la necesidad de levantar alrededor de 25.000 nuevas viviendas para atender a las familias que perdieron completamente sus hogares o cuyas residencias quedaron inhabitables tras los terremotos.
Según informó Jorge Rodríguez, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene previsto entregar las primeras 200 viviendas durante esta semana como parte del programa de reconstrucción. Ese proceso busca ofrecer soluciones habitacionales progresivas mientras avanza la recuperación de las zonas afectadas.
En paralelo, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria con el propósito de agilizar la construcción de viviendas después del desastre natural. La iniciativa aún deberá superar un segundo debate antes de convertirse en ley.
El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, explicó que la modificación pretende ofrecer mayor seguridad jurídica y fortalecer los mecanismos de financiamiento para incentivar la participación del sector constructor en un programa de edificación de gran escala.
La propuesta legislativa busca crear condiciones que permitan acelerar los proyectos habitacionales y reducir los tiempos de ejecución, una necesidad que cobra mayor importancia debido al elevado número de familias que continúan sin una vivienda permanente.
Mientras avanzan esas iniciativas, los organismos de emergencia mantienen activos los programas de asistencia humanitaria y seguimiento social para atender las necesidades inmediatas de los damnificados. La combinación de apoyo temporal, reconstrucción de infraestructura y desarrollo de nuevos proyectos habitacionales constituye el eje principal de la respuesta oficial frente a una tragedia que sigue dejando profundas consecuencias humanas, sociales y económicas en Venezuela.
Con información de EFE
