Los terremotos del 24 de junio en Venezuela no solo provocaron una emergencia humanitaria marcada por la destrucción de viviendas, daños en infraestructura y miles de personas afectadas, sino que también abrieron una discusión sobre las herramientas legales internacionales disponibles para proteger a quienes puedan verse obligados a abandonar el país.
Los movimientos sísmicos de magnitud 7,2 y 7,5 causaron graves consecuencias en varias zonas del norte venezolano, especialmente en comunidades donde muchas familias perdieron sus hogares y enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos. Esta situación podría generar nuevos desplazamientos internos y transfronterizos, especialmente entre personas que consideran que ya no cuentan con condiciones suficientes para permanecer en sus lugares de origen.
Ante este escenario, especialistas en derecho internacional han señalado la importancia de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, un instrumento regional que amplió la definición tradicional de refugiado para incluir a personas afectadas por situaciones que alteren gravemente el orden público.
Terremotos del 24 de junio en Venezuela y la protección bajo la Declaración de Cartagena
La Declaración de Cartagena establece que también pueden recibir protección internacional aquellas personas que abandonan su país porque su vida, seguridad o libertad están amenazadas por acontecimientos que perturban gravemente el orden público.
Esta definición representa una ampliación del concepto establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ya que incorpora situaciones más amplias que pueden generar desplazamientos forzados. Entre ellas se encuentran conflictos internos, violencia generalizada y otras circunstancias que alteren las condiciones normales de vida de una población.
En el caso venezolano, la magnitud de los terremotos y sus consecuencias materiales plantean un nuevo escenario de análisis. La destrucción de viviendas, la pérdida de infraestructura esencial y las dificultades para garantizar servicios básicos pueden afectar la capacidad de miles de personas para permanecer en sus comunidades.
El concepto de “orden público” adquiere relevancia porque una emergencia natural de grandes proporciones puede alterar el funcionamiento habitual de una sociedad. Cuando un desastre supera la capacidad de respuesta de las instituciones y pone en riesgo la seguridad o dignidad de la población, algunos organismos internacionales consideran necesario evaluar mecanismos especiales de protección.
La aplicación de esta interpretación no significa que todas las personas afectadas automáticamente reciban la condición de refugiadas. Cada solicitud debe analizarse de manera individual por las autoridades competentes de los países receptores. Sin embargo, la situación generada por una catástrofe de esta magnitud puede convertirse en un elemento relevante dentro de esos procesos.
La Declaración de Cartagena ha servido durante décadas como una referencia jurídica para países de América Latina que enfrentan crisis humanitarias complejas. Su aplicación busca ofrecer respuestas más amplias frente a fenómenos que generan desplazamientos y que no siempre encajan en las categorías tradicionales de persecución política o conflictos armados.
Emergencia humanitaria y nuevos desafíos para los países receptores
Los efectos de un desastre natural pueden extenderse mucho más allá del territorio donde ocurre la tragedia. Cuando una población pierde viviendas, fuentes de ingreso o acceso estable a servicios esenciales, algunas familias pueden buscar protección en países vecinos como una alternativa para garantizar su supervivencia.
En este contexto, los Estados receptores enfrentan el desafío de responder con mecanismos humanitarios que permitan atender a personas en situación vulnerable sin desconocer los procedimientos legales establecidos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha señalado que los Estados deben adoptar medidas destinadas a preservar la vida y la dignidad humana ante situaciones de emergencia. Esto incluye facilitar asistencia, evaluar necesidades de protección y garantizar que las personas no sean enviadas nuevamente a lugares donde puedan enfrentar riesgos graves.
El principio de no devolución, conocido internacionalmente como “non-refoulement”, establece que una persona no debe ser retornada a un territorio donde su vida o integridad puedan estar amenazadas. Este principio constituye una de las bases fundamentales del sistema internacional de protección de refugiados.
En el caso de Venezuela, los terremotos se suman a una situación previa marcada por dificultades económicas, sociales e institucionales que ya habían impulsado importantes movimientos migratorios durante los últimos años.
La combinación entre una emergencia natural y problemas estructurales puede aumentar la vulnerabilidad de algunas comunidades. Por esta razón, organismos internacionales y gobiernos deberán evaluar las consecuencias humanitarias del desastre y definir respuestas adecuadas para quienes busquen protección fuera del país.
La atención no solo debe centrarse en quienes crucen fronteras, sino también en las personas desplazadas dentro de Venezuela. La protección internacional funciona como una herramienta complementaria cuando los mecanismos nacionales no logran cubrir completamente las necesidades de la población afectada.
Solidaridad internacional y garantías para quienes buscan protección
La crisis provocada por los terremotos plantea un nuevo reto para la cooperación regional. Los países cercanos a Venezuela podrían enfrentar un aumento de solicitudes de ayuda, asistencia humanitaria y eventualmente peticiones de refugio relacionadas con las consecuencias del desastre.
La respuesta internacional deberá combinar solidaridad con el cumplimiento de normas jurídicas. La protección de las personas afectadas no depende únicamente de decisiones políticas, sino también de compromisos asumidos por los Estados mediante tratados y acuerdos regionales.
La Declaración de Cartagena representa una herramienta que permite abordar situaciones extraordinarias donde las personas abandonan sus hogares debido a circunstancias que amenazan sus condiciones básicas de vida.
Aunque cada caso debe analizarse según sus características particulares, los terremotos del 24 de junio en Venezuela podrían convertirse en un factor adicional dentro de las evaluaciones de protección internacional para quienes decidan salir del país.
La emergencia demuestra que los desastres naturales no solo generan daños físicos, sino también consecuencias sociales, económicas y jurídicas. La pérdida de viviendas, la interrupción de servicios y la incertidumbre sobre la recuperación pueden transformar una crisis local en un desafío regional.
Frente a este escenario, la comunidad internacional tendrá que mantener mecanismos de respuesta que garanticen asistencia y protección para las personas más vulnerables. La aplicación efectiva de los principios humanitarios será determinante para evitar que quienes huyen de una situación de riesgo enfrenten nuevas amenazas durante su búsqueda de seguridad.
Con información de Centro DDHH UCAB
