La respuesta a los terremotos en Venezuela presentó graves deficiencias durante las primeras horas y días posteriores al doble sismo del 24 de junio, según un informe publicado por el Miranda Center for Democracy. El centro de estudios, con sede en Washington y presidido por el exalcalde venezolano David Smolansky, sostiene que la magnitud de la tragedia no respondió únicamente a la fuerza de los movimientos de 7,2 y 7,5, sino también al deterioro de las instituciones, la falta de coordinación y las decisiones adoptadas por las autoridades encabezadas por Delcy Rodríguez.
El documento señala que el Estado no activó oportunamente los protocolos internacionales disponibles para emergencias de gran escala y que esa omisión redujo la capacidad para localizar sobrevivientes, organizar la ayuda y atender a las comunidades afectadas.
Respuesta a los terremotos en Venezuela careció de coordinación internacional
El informe, titulado “Un Estado que abandonó a su pueblo no puede liderar su reconstrucción”, analiza las actuaciones desarrolladas después de los dos terremotos que sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia.
Sus autores concluyen que el fenómeno natural encontró a Venezuela con organismos de protección civil debilitados, escasos recursos operativos y una estructura institucional incapaz de dirigir una emergencia de alcance nacional.
El estudio sostiene que las autoridades debieron entregar el mando de las operaciones a una instancia civil especializada en gestión del riesgo. Esa estructura habría tenido que realizar una evaluación inmediata de daños, elaborar un registro centralizado de desaparecidos, identificar las áreas con mayor posibilidad de supervivencia y coordinar la llegada de equipos extranjeros.
También debía establecer comunicación directa con las agencias humanitarias de Naciones Unidas y aprovechar la llamada ventana crítica de las primeras 72 horas. Durante ese período, las posibilidades de encontrar personas con vida bajo estructuras colapsadas disminuyen rápidamente.
Sin embargo, el Estado Mayor de Emergencia anunciado durante la noche del terremoto no habría conseguido desplegar una operación efectiva en las zonas devastadas, de acuerdo con el documento.
En la práctica, ciudadanos, bomberos voluntarios y grupos internacionales asumieron buena parte de las tareas de búsqueda. Equipos provenientes de 28 países se sumaron a las labores mientras numerosos rescatistas venezolanos trabajaban con herramientas básicas y sin los equipos técnicos necesarios para ingresar de forma segura en edificaciones inestables.
El reporte atribuye esa precariedad al abandono acumulado de los organismos responsables de atender desastres. Según sus conclusiones, muchas unidades de protección civil operaban desde años atrás con una capacidad mínima, sin maquinaria especializada, vehículos suficientes, comunicaciones confiables ni personal debidamente equipado.
La ausencia de un sistema oficial de información también generó confusión entre las familias. El primer registro amplio de personas desaparecidas surgió de iniciativas ciudadanas y del trabajo de voluntarios pertenecientes a la diáspora, no de una plataforma gubernamental.
El Miranda Center considera que esa falla dificultó la búsqueda, multiplicó los reportes incompletos y retrasó la verificación de identidades, hospitales, refugios y zonas donde podían encontrarse las personas sin localizar.
Diferencias entre las cifras oficiales y las estimaciones internacionales
Otro punto central del estudio corresponde a la distancia entre los balances divulgados por las autoridades venezolanas y las estimaciones de organismos internacionales.
El documento utilizó como referencia una cifra oficial de 5.208 fallecidos. No obstante, citó proyecciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, que calculó una probabilidad del 70 % de que el número de víctimas mortales superara las 10.000.
Los autores advierten que las diferencias no solo afectan el conteo de fallecidos. También existen discrepancias sobre la cantidad de ciudadanos damnificados, el número de niños que necesitan asistencia, las familias que requieren ayuda humanitaria y la dimensión de los daños en la infraestructura.
El informe recoge estimaciones de Naciones Unidas y del International Rescue Committee, según las cuales hasta 6,76 millones de personas habrían sufrido algún tipo de afectación. Cerca de 680.000 niños necesitarían atención prioritaria, mientras alrededor de 1,8 millones de habitantes requerirían ayuda humanitaria.
Asimismo, un análisis de imágenes satelitales atribuido a la NASA habría identificado daños o destrucción en aproximadamente 59.000 edificaciones, una cantidad muy superior a los poco más de mil inmuebles reconocidos inicialmente en los registros oficiales.
Estas diferencias dificultan la planificación de la recuperación porque impiden calcular con precisión cuántos refugios se necesitan, qué volumen de suministros debe llegar a cada región y cuánto personal médico, técnico y logístico requiere la emergencia.
El informe también compara lo ocurrido con la tragedia de Vargas de 1999. Después de aquel desastre, Venezuela impulsó un sistema más moderno para la gestión de riesgos y comenzó a incorporar conocimientos técnicos destinados a mejorar la prevención.
Sin embargo, los autores sostienen que ese aprendizaje perdió continuidad. Las instituciones redujeron su autonomía profesional, la red nacional de monitoreo sísmico se debilitó y las autoridades permitieron nuevas construcciones en terrenos con alta exposición a deslizamientos, inundaciones y movimientos telúricos.
El capítulo dedicado a la Gran Misión Vivienda Venezuela destaca la instalación de varios complejos habitacionales sobre áreas aluviales de La Guaira. El Miranda Center afirma que esos proyectos no contaron con auditorías independientes capaces de verificar el cumplimiento de normas antisísmicas.
También señala que ingenieros y especialistas formularon advertencias sobre posibles fallas estructurales, condiciones inestables del terreno y deficiencias en algunos sistemas de cimentación. El reporte sostiene que las instituciones responsables no atendieron esas alertas con la profundidad necesaria.
Para el centro de estudios, la vulnerabilidad de las edificaciones no surgió de forma repentina durante el terremoto, sino que se acumuló mediante años de falta de mantenimiento, controles insuficientes y ausencia de transparencia en la ejecución de obras públicas.
Militarización, restricciones y fallas en la distribución de ayuda
El informe dedica su apartado final a enumerar los principales errores que, según sus autores, cometieron las autoridades durante la atención de la emergencia.
Entre ellos figura la militarización de varias zonas afectadas. El despliegue de efectivos buscaba controlar el acceso y garantizar la seguridad, pero el documento afirma que también dificultó el ingreso de voluntarios, periodistas, organizaciones civiles y algunos equipos de rescate.
Los investigadores mencionan retrasos en la autorización de grupos extranjeros especializados en búsqueda y salvamento. Cada demora redujo el tiempo disponible para localizar a personas atrapadas durante los primeros días.
El estudio también recoge denuncias de hostigamiento contra periodistas nacionales e internacionales que intentaban documentar la situación en los sectores más golpeados. Las restricciones informativas, añade, limitaron la circulación de datos sobre necesidades urgentes, daños estructurales, desaparecidos y condiciones en los refugios.
A ello se suman acusaciones sobre incautación de suministros, obstáculos en la entrega de donaciones, saqueos y supuestas extorsiones atribuidas a funcionarios. El documento no presenta esas denuncias como hechos aislados, sino como señales de una estructura que privilegió el control de la información y del territorio sobre una coordinación abierta con la sociedad.
El Miranda Center también cuestiona que la censura digital continuara durante la emergencia. La población necesitaba acceder a mapas, listados, alertas, números de contacto y reportes comunitarios. Cualquier limitación en las comunicaciones podía impedir que una solicitud de ayuda llegara a los equipos disponibles.
El informe sostiene que Venezuela contaba con recursos que habrían permitido reforzar la capacidad de prevención y respuesta. No obstante, el Estado destinó grandes cantidades de dinero a sistemas de videovigilancia, vehículos pesados y programas de infraestructura señalados por falta de transparencia.
Los autores consideran que una parte de esos fondos pudo financiar equipos de rescate, sistemas de alerta, estaciones de monitoreo, ambulancias, hospitales de campaña, capacitación y planes comunitarios de evacuación.
El documento concluye que la tragedia dejó al descubierto una estructura institucional orientada a controlar la información y limitar la actuación independiente de organizaciones civiles. Por esa razón, plantea que la reconstrucción no debería limitarse a levantar edificios, reparar carreteras o rehabilitar hospitales.
También exige recuperar organismos técnicos, profesionalizar los servicios de emergencia, revisar los permisos de construcción y establecer mecanismos de auditoría pública que permitan conocer el destino de los recursos.
A casi un mes de los terremotos, Venezuela enfrenta el desafío de atender a miles de familias, localizar a personas desaparecidas y reconstruir comunidades enteras. El informe del Miranda Center introduce una crítica severa sobre la gestión oficial y sostiene que muchas consecuencias pudieron reducirse mediante protocolos claros, cooperación internacional y autoridades preparadas.
La respuesta a los terremotos en Venezuela, de acuerdo con el estudio, revela que la resiliencia de un país no depende únicamente de sus recursos materiales. También exige instituciones confiables, información transparente, coordinación con especialistas y capacidad para actuar rápidamente cuando cada minuto puede representar la diferencia entre la vida y la muerte.
Con información de El Tiempo
