El patrimonio cultural venezolano afectado por los terremotos enfrenta una situación crítica después de que un estudio preliminar identificara 87 bienes históricos con daños confirmados o pendientes de una evaluación técnica especializada.
Los dos sismos registrados el 24 de junio de 2026 no solo destruyeron viviendas y afectaron infraestructuras esenciales, sino que también golpearon iglesias, edificaciones civiles, monumentos y centros históricos que conservan una parte fundamental de la memoria colectiva del país. La investigación advierte que casi la mitad de los inmuebles examinados presenta un nivel alto de deterioro y reclama una respuesta inmediata para evitar pérdidas irreversibles.
Patrimonio cultural venezolano afectado por los terremotos requiere atención urgente
El estudio elaborado por Zaida García Valecillo y Alejandro Álvarez Iragorry, integrantes de la organización Clima21, localizó bienes afectados en cinco entidades federales y 16 municipios.
La mayor cantidad de daños se concentra en el Distrito Capital y el estado La Guaira, dos de las zonas que recibieron con mayor intensidad el impacto de los movimientos telúricos.
El levantamiento preliminar identificó 87 edificaciones patrimoniales con afectaciones confirmadas o indicios que justifican nuevas inspecciones. El informe señala que el 45 % de los inmuebles evaluados presenta daños altos, una proporción que refleja la gravedad del impacto sobre estructuras históricas que, en muchos casos, poseen materiales antiguos y sistemas constructivos vulnerables.
Los investigadores no lograron precisar el nivel de deterioro de otro grupo importante debido a la falta de datos completos, fotografías verificables, reportes oficiales y evaluaciones realizadas directamente en el terreno.
Esta ausencia de información impide establecer todavía una cifra definitiva. Por lo tanto, el número de bienes comprometidos podría aumentar a medida que especialistas ingresen en las edificaciones, revisen sus estructuras y documenten daños que no resultan visibles desde el exterior.
Entre los espacios afectados figura la Ciudad Universitaria de Caracas, declarada Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Este conjunto arquitectónico, diseñado por Carlos Raúl Villanueva, integra edificios, obras de arte y espacios urbanos que representan una de las expresiones más relevantes de la arquitectura moderna venezolana.
Cualquier daño en sus estructuras exige una evaluación rigurosa que respete tanto los criterios de seguridad como los valores artísticos y arquitectónicos que justificaron su reconocimiento internacional.
El reporte también incluye iglesias, construcciones civiles y áreas históricas de elevado valor cultural. Las edificaciones religiosas representan casi la mitad de los bienes identificados, lo que coloca a templos, capillas y conventos entre las estructuras patrimoniales más afectadas.
Muchas iglesias cumplen una función que supera el ámbito religioso. También actúan como lugares de encuentro, referencias urbanas, centros comunitarios y depósitos de archivos, esculturas, pinturas y objetos vinculados con la historia local.
El deterioro de una cubierta, un campanario o una pared puede comprometer no solo la estabilidad del edificio, sino también las piezas resguardadas en su interior.
El patrimonio colonial sufrió las mayores consecuencias debido a su antigüedad y a las características de sus sistemas constructivos. Estas edificaciones suelen incorporar muros de adobe, tapia, mampostería y otros materiales que requieren mantenimiento permanente y técnicas especializadas de conservación.
El paso del tiempo, la humedad, las intervenciones inadecuadas y la falta de mantenimiento pueden reducir su resistencia ante los movimientos sísmicos.
Por ello, una grieta que parece menor puede revelar problemas más profundos en paredes, arcos, cúpulas o fundaciones.
La investigación advierte que las inspecciones deben incluir arquitectos, ingenieros, historiadores, restauradores y especialistas en conservación. Un enfoque exclusivamente estructural podría garantizar la estabilidad física, pero alterar los valores históricos que distinguen cada inmueble.
La falta de registros públicos dificulta la evaluación de los daños
El estudio también expone una debilidad institucional que existía antes de los terremotos: Venezuela no cuenta con un registro público, completo y actualizado de su patrimonio cultural.
Esta carencia complica la identificación de los bienes afectados y limita la capacidad de las autoridades para establecer prioridades.
Un inventario patrimonial debería incluir la ubicación, antigüedad, características constructivas, estado de conservación, intervenciones previas y nivel de protección jurídica de cada inmueble.
Sin esta información, los equipos de emergencia pueden desconocer el valor histórico de una estructura y tratarla como una edificación ordinaria durante las labores de estabilización, remoción o demolición.
La falta de datos también dificulta comparar el estado anterior y posterior al desastre. Para determinar cuánto daño ocasionó un terremoto, los especialistas necesitan conocer las condiciones que presentaba el inmueble antes del movimiento sísmico.
Algunas construcciones ya acumulaban problemas de humedad, filtraciones, grietas y falta de mantenimiento. El sismo pudo agravar esas fallas, pero los técnicos deben diferenciar los daños recientes de los deterioros preexistentes para diseñar intervenciones adecuadas.
Zaida García Valecillo, autora principal de la investigación, sostiene que el impacto sobre el patrimonio trasciende la pérdida física de edificios y monumentos.
Cuando una comunidad pierde un templo, una plaza o una construcción histórica, también pierde un espacio vinculado con sus prácticas, celebraciones y recuerdos compartidos.
El patrimonio cultural forma parte del derecho de las personas a conservar su identidad, mantener viva su memoria y transmitir su legado a las generaciones futuras.
Esta perspectiva obliga a incorporar la protección cultural dentro de la respuesta humanitaria y del proceso de recuperación.
Atender viviendas, hospitales y servicios básicos constituye una prioridad inmediata después de un desastre. Sin embargo, la reconstrucción también debe proteger los lugares que fortalecen la cohesión social y ayudan a las comunidades a reconocerse en su propia historia.
El documento recomienda realizar evaluaciones técnicas especializadas en todos los bienes identificados. Estas inspecciones deben determinar el nivel de riesgo, las áreas que necesitan apuntalamiento y las medidas necesarias para impedir nuevos desprendimientos.
Los expertos también proponen adoptar acciones de estabilización y protección de emergencia. Estas medidas pueden incluir cubiertas temporales contra la lluvia, soportes para paredes inestables, aislamiento de áreas peligrosas y traslado preventivo de colecciones u objetos vulnerables.
La rapidez resulta esencial. Las réplicas, las precipitaciones y la exposición ambiental pueden aumentar el deterioro de estructuras que ya perdieron parte de su estabilidad.
Una grieta abierta permite el ingreso de agua, mientras el colapso parcial de un techo deja expuestos documentos, pinturas y piezas de madera.
El informe plantea además el fortalecimiento de los inventarios patrimoniales mediante herramientas digitales, fotografías, mapas y expedientes accesibles para investigadores, comunidades y autoridades.
Un sistema actualizado permitiría responder con mayor rapidez ante futuras emergencias y facilitaría la búsqueda de financiamiento nacional e internacional para las restauraciones.
La reconstrucción debe proteger la memoria y la identidad de las comunidades
Los autores del estudio insisten en que la protección del patrimonio cultural no puede considerarse un asunto secundario después de una catástrofe.
Reconstruir un bien histórico no significa únicamente reparar una pared o reemplazar un techo. La intervención debe conservar los materiales, técnicas y elementos que le otorgan valor cultural.
Una obra ejecutada sin criterios especializados puede eliminar características originales y convertir una edificación patrimonial en una simple réplica sin autenticidad.
Por esta razón, el informe recomienda seguir las orientaciones de organismos internacionales como la Unesco, el Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Estos instrumentos promueven la incorporación del patrimonio dentro de los planes de prevención, preparación y recuperación.
El objetivo consiste en identificar las amenazas antes de una emergencia, reforzar las estructuras cuando resulte posible y establecer protocolos para actuar inmediatamente después de un desastre.
La planificación también debe involucrar a las comunidades. Los habitantes conocen la historia, los usos y el significado de muchos espacios patrimoniales. Su participación ayuda a determinar qué bienes poseen mayor importancia social y qué funciones deberían recuperar primero.
Una iglesia puede servir como punto de encuentro, una plaza puede facilitar la distribución de ayuda y una casa histórica puede albergar archivos esenciales para comprender la evolución de una localidad.
La recuperación debe respetar esos usos y evitar decisiones tomadas únicamente desde oficinas alejadas del territorio.
Los especialistas proponen aplicar el principio de “reconstruir mejor”, que no consiste en sustituir indiscriminadamente estructuras antiguas por materiales modernos.
Este enfoque busca corregir vulnerabilidades, mejorar la seguridad y reducir los riesgos futuros sin destruir la autenticidad del bien.
En algunos casos, los técnicos podrán incorporar refuerzos discretos, mejorar los sistemas de drenaje o sustituir elementos deteriorados con materiales compatibles. En otros, deberán reconstruir partes colapsadas a partir de fotografías, planos y testimonios.
Cada intervención requerirá un proyecto específico. No existe una solución única para los 87 bienes identificados, ya que cada uno posee características, niveles de daño y valores históricos diferentes.
La financiación constituye otro desafío. La restauración patrimonial requiere personal especializado y suele avanzar con más lentitud que una obra convencional.
El Estado tendrá que establecer prioridades, buscar apoyo internacional y garantizar que los recursos lleguen a proyectos respaldados por estudios técnicos.
La transparencia resultará indispensable para evitar restauraciones incompletas, contrataciones improvisadas o intervenciones que terminen causando más daños.
También conviene crear mecanismos de seguimiento público que permitan conocer los avances, los montos invertidos y las decisiones adoptadas sobre cada inmueble.
El patrimonio cultural venezolano afectado por los terremotos forma parte de una emergencia que trasciende las pérdidas materiales inmediatas. Los 87 bienes identificados representan espacios donde las comunidades conservaron su historia, expresaron sus creencias y construyeron vínculos durante generaciones.
Protegerlos no implica restar importancia a las necesidades humanitarias. Por el contrario, supone reconocer que la recuperación integral necesita viviendas seguras, servicios básicos, instituciones capaces y referentes culturales que permitan reconstruir el sentido de pertenencia.
La tragedia del 24 de junio dejó al descubierto la vulnerabilidad de edificios históricos y la ausencia de un sistema actualizado para protegerlos. La respuesta debe comenzar con evaluaciones urgentes, continuar con medidas de estabilización y culminar con una restauración que coloque a las personas, su memoria y su identidad en el centro de las decisiones públicas.
Con información de El Nacional
