El Registro Único de Vivienda en La Guaira alcanzó 21.075 hogares inscritos hasta el mediodía del domingo 26 de julio, una semana después de que las autoridades iniciaran formalmente el operativo para identificar los daños habitacionales causados por el doble terremoto del 24 de junio.
Aunque el proceso busca determinar cuántas familias perdieron sus casas o habitan inmuebles con afectaciones, las jornadas estuvieron marcadas por largas colas, criterios contradictorios, falta de información previa y esperas que, en algunos casos, superaron las 12 horas.
Registro Único de Vivienda en La Guaira concentra reclamos por falta de información
El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó que el operativo había incorporado 21.075 hogares hasta el mediodía del domingo.
Según explicó, el objetivo consiste en identificar y cuantificar los daños que ocasionaron los terremotos sobre el parque habitacional del estado.
Las autoridades instalaron puntos de atención en distintas zonas de la entidad para recibir a familias provenientes de urbanizaciones, bloques residenciales, barrios y conjuntos afectados.
Sin embargo, desde los primeros días surgieron denuncias sobre la falta de instrucciones claras.
Muchos ciudadanos aseguraron que acudieron a los centros sin conocer todos los documentos requeridos. Otros recibieron orientaciones diferentes dependiendo de la mesa donde solicitaban información.
Carolina Mora llegó a la plaza Las Palmeras, ubicada en la avenida principal de Tanaguarena, para intentar incorporarse al registro.
La mujer explicó que abandonó su vivienda durante la emergencia con la ropa que llevaba puesta y no pudo recuperar su cédula laminada.
En una mesa le indicaron que sin ese documento no podían censarla. En otra, una funcionaria le aseguró que sí podía completar el proceso.
También le solicitaron información sobre la parcela donde se encontraba su casa, un dato que no recordaba con precisión después de haber salido apresuradamente durante el terremoto.
Mora permaneció ocho horas en la plaza antes de completar su inscripción.
La ministra de Vivienda y Hábitat, Paola Posani, acudió al lugar y escuchó las quejas de varios afectados.
El caso expone uno de los principales problemas detectados durante el operativo: la ausencia de un protocolo único que todos los funcionarios y operadores apliquen de la misma manera.
Los reclamos se repitieron en la Plaza Bolívar de Catia La Mar, la cancha de la Policía de La Guaira en la urbanización Week-End, los Campos de Golf de la urbanización Caribe y la sede del Bowling La Guaira, en Caraballeda.
En estos centros, los afectados denunciaron demoras, requisitos que cambiaban durante la jornada y escasa orientación sobre el procedimiento.
La situación generó mayor tensión entre personas que perdieron sus viviendas, documentos y pertenencias.
Para muchas familias, el registro representa el primer paso para acceder a una solución habitacional o recibir apoyo para reparar sus inmuebles.
Por esa razón, cualquier error, falta de documento o contradicción aumenta la angustia de quienes todavía no saben dónde vivirán durante los próximos meses.
La información previa también resultó insuficiente.
Algunos ciudadanos desconocían que debían presentar datos específicos sobre el inmueble, el grupo familiar y la condición estructural de la vivienda.
Una campaña informativa más amplia habría permitido preparar los documentos y reducir el tiempo de atención.
La clasificación de los inmuebles generó nuevas dudas entre los vecinos
Otro foco de confusión surgió con las etiquetas utilizadas para clasificar el estado de las edificaciones.
Las autoridades asignaron etiquetas rojas a los inmuebles que presentan daños graves o condiciones que impiden su ocupación.
Las amarillas corresponden a estructuras que requieren reparaciones o nuevas evaluaciones antes de garantizar plenamente su habitabilidad.
Sin embargo, los ciudadanos recibieron versiones diferentes sobre quiénes podían participar en el registro.
En algunos sectores, los funcionarios informaron que el proceso estaba dirigido únicamente a residentes de viviendas con etiqueta roja.
Margarita López, vecina de los bloques de Pariata, señaló que esa fue la instrucción que recibió su comunidad después de que los edificios quedaran clasificados bajo esa condición.
No obstante, habitantes de Guaracarumbo, Solidaridad Litoral y Marapa Marina también acudieron a los puntos de atención, aunque sus inmuebles tenían etiquetas amarillas.
Estas familias argumentaron que sus viviendas también sufrieron daños y que no cuentan con recursos suficientes para financiar las reparaciones.
Luis Bracho, residente de Marapa Marina, afirmó que las autoridades deberían incorporar a todas las personas afectadas, incluso cuando el deterioro no implique una pérdida total.
Su planteamiento refleja una preocupación compartida por numerosos vecinos.
Un edificio puede mantenerse en pie y aun así presentar grietas, fallas eléctricas, problemas de agua o daños en áreas comunes que exigen inversiones considerables.
Las familias necesitan saber si el censo incluirá únicamente a quienes requieren una nueva vivienda o también a quienes solicitan ayuda para reparaciones.
La falta de una definición pública generó traslados innecesarios y aumentó la cantidad de personas presentes en los centros.
Algunos residentes hicieron largas colas sin tener certeza de que cumplirían los criterios.
Otros decidieron no acudir porque pensaron que su etiqueta amarilla los excluía, aunque posteriormente descubrieron que vecinos con la misma clasificación sí habían logrado registrarse.
Una comunicación uniforme permitiría evitar estas diferencias.
Las autoridades necesitan explicar con claridad qué significan las etiquetas, quiénes deben asistir y qué tipo de beneficio podría recibir cada grupo.
También deben precisar si los ciudadanos pueden inscribirse sin una evaluación previa o si primero necesitan una clasificación técnica del inmueble.
El registro puede ofrecer información valiosa sobre la dimensión de la emergencia habitacional.
Sin embargo, los datos solo serán completos si todas las familias afectadas reciben la misma oportunidad de reportar sus daños.
Excluir a quienes presentan afectaciones parciales impediría calcular el verdadero costo de las reparaciones y podría dejar fuera a hogares con recursos limitados.
La situación también demuestra la necesidad de conectar el censo con los informes técnicos.
Cada inscripción debería incluir información sobre el estado estructural, las necesidades de reparación y la cantidad de personas que habitaban la vivienda.
Esta coordinación permitiría diferenciar entre pérdida total, daño severo, afectación moderada y deterioro menor.
Las jornadas extensas evidenciaron fallas operativas y agotamiento del personal
Las largas horas de espera constituyeron uno de los principales motivos de malestar durante el registro.
En algunos puntos, los afectados llegaron entre las tres y las cuatro de la mañana para intentar avanzar en la fila.
Al caer la tarde, todavía permanecían esperando atención.
Lucila García relató desde el Bowling de Caraballeda que muchas personas desconocían el protocolo y no sabían qué información debían llevar.
Ese centro registró una de las mayores concentraciones de ciudadanos.
Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad atendieron las mesas, aunque varios usuarios señalaron que algunos operadores todavía no dominaban completamente el procedimiento.
En la cancha de la Policía de La Guaira, ubicada en la urbanización Week-End, también surgieron cuestionamientos sobre la organización.
A ese punto acudieron vecinos de Guaracarumbo, Solidaridad Litoral, La Lucha, Barrio Aeropuerto y Santa Eduviges.
Conchita Vargas consideró que las autoridades pudieron utilizar plataformas digitales para agilizar el censo y reducir las aglomeraciones.
Una herramienta en línea habría permitido cargar previamente los datos personales, identificar el inmueble y reservar una hora de atención.
El proceso presencial seguiría siendo necesario para verificar documentos o asistir a quienes no poseen conexión a internet, pero una modalidad mixta podría disminuir las colas.
Las condiciones del personal también despertaron preocupación.
María Rodríguez, residente de la OPPPE-27, señaló que los jóvenes de la UNES trabajaron durante cerca de diez horas continuas en la plaza Las Palmeras sin recibir un relevo.
El cansancio puede ralentizar la atención y aumentar el riesgo de errores al registrar nombres, direcciones o datos familiares.
Los operadores necesitan turnos organizados, alimentación, agua y espacios de descanso para mantener la calidad del servicio durante jornadas tan prolongadas.
La falta de personal suficiente también explica parte de las demoras.
Cuando pocas mesas deben atender a cientos de personas, cada revisión documental produce nuevos retrasos.
La incorporación de más equipos, supervisores y orientadores permitiría dividir las funciones.
Un grupo podría verificar los requisitos antes de que el ciudadano llegue a la mesa principal, mientras otro resolvería los casos de quienes perdieron documentos.
Las autoridades también podrían publicar listas detalladas en redes sociales, medios locales, emisoras comunitarias y carteles ubicados en las zonas afectadas.
La información debería incluir horarios, documentos, sectores convocados y criterios de clasificación.
Ante las dificultades, el Ministerio de Vivienda y Hábitat prevé extender el operativo durante el tiempo que resulte necesario.
Inicialmente, el proceso debía culminar entre el 1 y el 3 de agosto.
Sin embargo, fuentes del organismo indicaron que mantendrán abiertos los centros para garantizar la incorporación de todas las familias perjudicadas.
La ampliación ofrece una oportunidad para corregir las fallas detectadas durante la primera semana.
El Gobierno puede unificar los criterios, aumentar las mesas, establecer jornadas por sectores y habilitar mecanismos digitales o telefónicos.
También necesita crear rutas especiales para adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos que viven temporalmente fuera de La Guaira.
El Registro Único de Vivienda en La Guaira constituye una herramienta fundamental para planificar la reconstrucción y determinar cuántas familias necesitan reparación, reubicación o una nueva casa.
No obstante, el proceso solo cumplirá su objetivo si recoge información completa, ofrece reglas claras y garantiza un trato ordenado a los damnificados.
Las 21.075 viviendas registradas muestran la magnitud de la demanda, pero también revelan la necesidad de fortalecer la capacidad de atención.
La extensión del censo permitirá incluir a quienes todavía esperan su turno. Para lograrlo, las autoridades deberán reducir la desinformación, evitar jornadas extenuantes y asegurar que ninguna familia quede fuera por haber perdido sus documentos o por recibir instrucciones contradictorias.
Con información de El Pitazo
