La comunidad internacional vuelve a centrar su atención en Venezuela. Un informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre el país sudamericano confirmó que la represión estatal se intensificó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. El documento, entregado en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denuncia un patrón sistemático de persecución política que incluye asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual, todos considerados crímenes de lesa humanidad.
Un balance sombrío de las protestas
Las manifestaciones que siguieron a los comicios presidenciales de 2024 fueron el detonante de una nueva ola de represión. Según la presidenta de la Misión, la abogada portuguesa Marta Valiñas, entre el 28 y 30 de julio de ese año al menos 25 personas perdieron la vida de forma arbitraria. Aunque el Ministerio Público reconoció 28 muertes, la investigación internacional advirtió que seis de esos casos no guardaban relación con el contexto electoral.
La mayoría de los decesos, explicó Valiñas, involucra directamente a fuerzas de seguridad. De 14 episodios revisados, en 12 se constató la participación de agentes estatales. En Maracay, por ejemplo, la Guardia Nacional Bolivariana y la 99ª Brigada del Ejército usaron munición real contra la multitud, provocando seis fallecimientos. Una de las víctimas recibió un disparo de escopeta a menos de diez metros, una muestra de la brutalidad de la represión.
Impunidad y silencio institucional
Un año después de aquellos hechos, la Fiscalía venezolana no ha ofrecido resultados claros sobre investigaciones internas. Mientras el gobierno responsabiliza a opositores, activistas y supuestas bandas criminales, el informe sostiene que no existe evidencia alguna que vincule a la oposición con las muertes. Por el contrario, los hallazgos apuntan a que la responsabilidad recae en cuerpos oficiales.
Esta falta de esclarecimiento perpetúa la impunidad. “Todas las muertes permanecen sin justicia”, subrayó Valiñas, quien además advirtió que en las próximas semanas se publicará un reporte más detallado sobre la responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana en violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Estrategia de persecución política
El documento no se limita a los hechos de violencia durante las protestas. También denuncia la continuidad de un patrón de persecución política en 2025. Activistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos críticos han sido blanco de arrestos arbitrarios y malos tratos.
La Misión considera que estas prácticas forman parte de una política de Estado para mantener el control social y sofocar el disenso. Se trata, según la ONU, de acciones planificadas que se enmarcan en crímenes de lesa humanidad, lo que coloca a Venezuela en un escenario de graves violaciones al derecho internacional.
El castigo a los familiares de opositores
Una dimensión especialmente preocupante señalada en el informe es la detención de familiares de opositores como forma de presión. Estas medidas, descritas como “represalias indirectas”, afectan gravemente a los núcleos familiares, generan sufrimiento psicológico y alimentan un clima generalizado de miedo en la sociedad.
Algunos casos se mencionan con nombre y apellido, mientras otros se mantienen bajo reserva para evitar mayores represalias. Esta práctica, calificada como trato cruel, inhumano y degradante, busca quebrar la resistencia de quienes alzan la voz contra el gobierno, extendiendo el alcance de la represión más allá de los opositores directos.
El informe de la Misión de la ONU dibuja un panorama desolador en Venezuela: ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, ausencia de investigaciones efectivas y un sistema represivo que no se limita a los activistas, sino que alcanza incluso a sus familias. La persistencia de estas violaciones coloca al país en el centro de la atención internacional y refuerza la demanda de rendición de cuentas.
La gran incógnita es si la presión internacional será suficiente para frenar la represión o si, por el contrario, el país seguirá inmerso en un ciclo de violencia e impunidad que amenaza con prolongarse indefinidamente.
Asfixias, golpes, descargas eléctricas en genitales, encierro extremo.
Misión de la ONU denuncia torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes en #Venezuela contra detenidos en los interrogatorios o como castigo a su afiliación política. #HRC60
Advierten que condiciones de… pic.twitter.com/PJ1wKF9493
— PROVEA (@_Provea) September 22, 2025
Con información de El Nacional
