La Asamblea Nacional dio un paso decisivo al aprobar en primera discusión la propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos, un proyecto presentado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y destinado a modificar de manera sustancial el funcionamiento del sector petrolero venezolano.
El debate, iniciado el 22 de enero, se desarrolla en un contexto marcado por la reconfiguración política posterior a la captura de Nicolás Maduro y por el interés del Ejecutivo en atraer inversión extranjera para reactivar una industria golpeada por años de caída productiva, sanciones y falta de financiamiento. Aunque el texto definitivo aún no ha sido difundido oficialmente, borradores conocidos de forma extraoficial permiten identificar cambios estructurales que podrían alterar el rol del Estado, ampliar la participación privada y redefinir los esquemas de comercialización del crudo.
Un giro en el modelo petrolero
La legislación vigente establece que las actividades primarias de hidrocarburos deben estar reservadas al Estado o a empresas mixtas donde Petróleos de Venezuela (Pdvsa) conserve al menos el 50 % de participación. La propuesta de reforma mantiene ese principio general, pero introduce excepciones que amplían las facultades de actores privados, tanto nacionales como extranjeros. El objetivo declarado es dinamizar el sector mediante nuevos esquemas operativos que permitan aumentar la producción, mejorar la eficiencia y captar recursos frescos en un entorno altamente competitivo.
Desde el oficialismo se sostiene que la actualización normativa busca adaptar el marco legal a la realidad económica actual y a los desafíos derivados de las restricciones internacionales, sin renunciar al control estratégico del Estado sobre los recursos energéticos.
Venta directa de hidrocarburos
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la posibilidad de venta directa de hidrocarburos por parte de empresas privadas domiciliadas en el país. Bajo el nuevo esquema, el Ejecutivo podría autorizar a estas compañías a comercializar crudo y derivados, siempre que demuestren que los precios obtenidos superan los alcanzados por las empresas estatales y que se mantenga la supervisión pública sobre las decisiones estratégicas.
El borrador también contempla un artículo que permitiría al accionista minoritario de una empresa mixta vender directamente la totalidad de la producción, asumir la gestión técnica y operativa y encargarse de la comercialización, bajo la vigilancia del órgano rector en materia petrolera. Esta medida supone un cambio relevante respecto al modelo tradicional, donde Pdvsa concentraba la mayor parte de estas funciones.
Contratos con empresas privadas
La propuesta incorpora una nueva sección que habilita a empresas estatales o sus filiales a firmar contratos con compañías privadas para ejecutar actividades petroleras primarias “a su exclusivo costo, cuenta y riesgo”. A cambio, estas recibirían una retribución expresada en un porcentaje de los volúmenes de hidrocarburos fiscalizados.
Además, se abre la posibilidad de arrendar activos, materiales o ceder el uso de áreas operacionales, lo que facilitaría alianzas flexibles y reduciría la carga financiera directa para el Estado. Este enfoque busca acelerar proyectos sin comprometer recursos públicos en un momento de restricciones presupuestarias.
Regalías ajustadas a la viabilidad económica
Otro cambio significativo afecta el régimen de regalías petroleras. El artículo 44 de la ley actual, que establece una regalía del 30 %, sería modificado y renumerado como artículo 52, permitiendo reducir ese porcentaje hasta 15 % en casos donde la explotación de un yacimiento no resulte económicamente viable bajo las condiciones tradicionales.
La justificación oficial es que este ajuste permitiría reactivar campos maduros o de baja rentabilidad, ampliando el margen para inversiones que, de otro modo, no se concretarían. Críticos del proyecto advierten, sin embargo, que una reducción sostenida de regalías podría afectar los ingresos fiscales a mediano plazo.
Arbitraje y resolución de controversias
La reforma introduce mecanismos alternativos para la resolución de disputas, incluyendo mediación y arbitraje independiente, una figura que había sido limitada en marcos legales previos. Este punto es visto como una señal dirigida a inversionistas internacionales, quienes suelen exigir instancias neutrales para dirimir conflictos contractuales.
En la misma línea, el proyecto plantea la derogación de la Ley Orgánica que reserva al Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias, lo que ampliaría el margen de participación privada en áreas complementarias de la industria.
Un proyecto con debate político
Delcy Rodríguez entregó formalmente la propuesta el 15 de enero, sin ofrecer detalles, durante la presentación del informe de rendición de cuentas correspondiente a 2025. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha señalado que la reforma apunta a favorecer y proteger la inversión extranjera, en un escenario de negociaciones energéticas con Estados Unidos.
Desde la oposición, algunos diputados han cuestionado la falta de acceso previo al texto. La fracción Libertad solicitó transparencia sobre los acuerdos petroleros recientes y pidió la difusión íntegra del proyecto antes de su discusión. No obstante, el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Orlando Camacho, defendió el contenido al afirmar que incorpora nuevos modelos de negocios derivados de la Ley Antibloqueo, como los Contratos de Participación Producción (CPP).
Un debate con impacto estructural
La reforma a la Ley de Hidrocarburos abre un debate de fondo sobre el futuro del principal motor económico del país. De aprobarse en sus términos actuales, el nuevo marco legal modificaría la relación entre el Estado y los inversionistas, redefiniría los incentivos económicos y alteraría la forma en que Venezuela gestiona su riqueza petrolera. Más allá de la discusión parlamentaria, el alcance real de estos cambios dependerá de su implementación, del contexto político y de la capacidad institucional para equilibrar apertura, control y sostenibilidad fiscal en un sector clave para la recuperación económica.
Con información de El Pitazo
