La amnistía aprobada recientemente en Venezuela, presentada por el oficialismo como parte de un “nuevo momento político”, avanza más lentamente de lo prometido y con un alcance menor al esperado por familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos.
Aunque la Fiscalía asegura que cerca de 3.000 personas han sido beneficiadas, las cifras verificadas por ONG distan de los anuncios oficiales. En medio de expectativas, trámites judiciales y denuncias de selectividad, la medida transita un camino marcado por la incertidumbre y la burocracia.
Un proceso lejos de la automaticidad
La norma establece en su artículo 7 que las personas detenidas o requeridas por la justicia deben presentar una solicitud formal ante los tribunales para optar por el beneficio. En la práctica, han sido la Fiscalía y los defensores públicos quienes han impulsado esas peticiones, bajo un plazo máximo de 15 días para su evaluación.
Sin embargo, la aplicación no ha sido automática. Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, explicó que, al tratarse de disposiciones de orden público e interés general, la amnistía debería declararse de oficio. “La teoría dice que debería ser automática, pero lo que estamos viendo es que no es un proceso verdaderamente automático, aunque debería serlo”, señaló.
El Parlamento informó que más de 2.000 personas con medidas cautelares han recibido libertad plena y que 177 han sido excarceladas. La Fiscalía, por su parte, habla de cerca de 3.000 beneficiados. No obstante, organizaciones independientes sostienen que han confirmado la salida de prisión de al menos 109 presos políticos y advierten que no existe información detallada sobre quienes tenían restricciones judiciales.
Alcance temporal y exclusiones
La ley cubre hechos ocurridos entre 1999 y 2026, es decir, los últimos 27 años de gobiernos chavistas. No obstante, delimita su aplicación a 13 episodios específicos, lo que deja fuera otros acontecimientos del mismo período y excluye casos vinculados con operaciones militares.
Además, la norma no contempla delitos relacionados con violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, guerra, narcotráfico, corrupción y homicidio intencional. Este último cargo, según Foro Penal, ha sido imputado en ocasiones a personas detenidas durante protestas, lo que podría impedir su acceso al beneficio.
Las organizaciones Provea, Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón coincidieron en que el texto contiene un “injustificable exceso de exclusiones”, lo que limita su impacto real sobre la población considerada como presa política. De acuerdo con estimaciones de estas ONG, en Venezuela hay más de 600 detenidos por razones políticas, entre ellos más de 180 militares.
La comisión de seguimiento
Uno de los elementos novedosos del marco legal es la creación de una comisión especial encargada de supervisar su cumplimiento. Este órgano puede evaluar solicitudes de casos no contemplados explícitamente en la norma y apoyarse en expertos para emitir recomendaciones.
Himiob considera que esta instancia abre la posibilidad de ampliar el alcance de la medida, una sugerencia planteada por organizaciones civiles. Sin embargo, aún no se ha definido con claridad el procedimiento para revisar situaciones no previstas inicialmente.
La comisión está integrada por 12 diputados oficialistas —entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario— y nueve opositores, algunos señalados por sectores críticos como cercanos al gobierno. Esta composición ha generado cuestionamientos sobre su imparcialidad y autonomía.
Obstáculos en tribunales
Mientras el proceso continúa, familiares de detenidos se han acercado al Palacio de Justicia en Caracas y a distintas sedes judiciales del país para solicitar la aplicación de la norma. También han buscado asesoría en organizaciones no gubernamentales para gestionar los trámites.
No obstante, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que algunos tribunales se encuentran “sin despacho”, en comisión o sin personal administrativo, lo que dificulta la recepción de solicitudes. En otros casos, los interesados son remitidos a defensores públicos sin obtener respuesta inmediata.
Himiob advirtió que ningún tribunal puede negarse a recibir peticiones, dado que se trata de un asunto de orden público. Sin embargo, reconoció que aún es prematuro determinar cómo se procesarán todas las solicitudes presentadas por familiares o por los propios detenidos.
Expectativas y contexto político
La amnistía fue promovida por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, poco después de que Estados Unidos presionara por la liberación de detenidos tras la captura de Nicolás Maduro. El oficialismo la presentó como una señal de distensión y apertura.
Sin embargo, para las ONG, el ritmo pausado y las limitaciones del texto generan dudas sobre su alcance transformador. La diferencia entre cifras oficiales y verificaciones independientes, sumada a los obstáculos administrativos, mantiene la expectativa contenida entre quienes esperan la liberación de sus allegados.
En un país marcado por la polarización política y la desconfianza institucional, la implementación de esta medida se ha convertido en un termómetro de la voluntad real de avanzar hacia garantías jurídicas más amplias. Mientras tanto, decenas de familias continúan aguardando respuestas en pasillos judiciales, a la espera de que la promesa de gracia se traduzca en decisiones concretas.
Con información de El Nacional
