El abogado estadounidense Barry Pollack, principal defensor del presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro, presentó una queja formal ante el tribunal federal de Nueva York afirmando que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha bloqueado una licencia clave que permitiría al gobierno venezolano pagar los honorarios de la defensa de su cliente en el caso que enfrenta en ese país. En una carta fechada el 20 de febrero y hecha pública este miércoles, Pollack sostiene que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocó sin explicación una autorización que había sido concedida previamente, lo que según su equipo legal estaría obstaculizando el ejercicio del derecho a la defensa.
Disputa por la autorización para pagar honorarios
Pollack informó al juez Alvin Hellerstein, quien preside el proceso contra Maduro, que la OFAC —el organismo del Tesoro estadounidense encargado de aplicar sanciones financieras— emitió inicialmente el 9 de enero una licencia que autorizaba a su equipo a recibir pagos desde el gobierno venezolano para cubrir los costos de su defensa. Sin embargo, según el abogado, esa misma licencia fue enmendada tres horas después, eliminando la autorización para que Maduro reciba fondos destinados a pagar sus honorarios sin que se ofreciera una razón clara para la modificación.
En el documento judicial, Pollack argumentó que esta decisión del Tesoro está “interfiriendo” en la capacidad de la defensa para representar adecuadamente al expresidente venezolano y que, de mantenerse, podría violar derechos fundamentales básicos. Su solicitud también busca que la OFAC restituya la permisividad original o emita una nueva licencia que permita al Gobierno de Venezuela financiar la representación de Maduro, algo que su defensa considera indispensable para garantizar un juicio justo.
Argumentos sobre el derecho a la defensa
La carta presentada por la defensa también recuerda que, durante la comparecencia inicial de Maduro en enero, el juez Hellerstein instó a ambas partes —la fiscalía y la defensa— a coordinarse respecto a las necesidades de licencias de la OFAC, con el fin de asegurar que los abogados pudieran desempeñar su trabajo sin obstáculos. Pollack ha defendido la idea de que la revocación de la licencia original limita la capacidad de Maduro para elegir y financiar adecuadamente a sus representantes legales, algo que, según él, está protegido incluso por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a un abogado en procesos penales.
Pese a estas afirmaciones, las autoridades del Tesoro y otros organismos gubernamentales no han emitido comunicados oficiales en respuesta pública a estas quejas, por lo que el choque entre el equipo de defensa y la OFAC se mantiene en el ámbito del tribunal y de los escritos presentados ante el juez.
Impacto de las sanciones en el proceso judicial
La disputa sobre las licencias refleja cómo las sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos a Venezuela y a allegados al régimen de Maduro pueden tener efectos colaterales incluso en procedimientos judiciales concretos. La OFAC ha aplicado una serie de sanciones amplias contra funcionarios y entidades venezolanas en los últimos años, en el contexto de políticas dirigidas a presionar al gobierno chavista por presunta corrupción, narcotráfico y violaciones a derechos humanos, así como por socavar procesos democráticos.
Ese entramado de sanciones explica por qué se requiere una licencia específica para que fondos controlados por un estado extranjero puedan utilizarse en jurisdicciones estadounidenses, incluso en casos de defensa penal. La modificación abrupta de la licencia ha generado críticas de la defensa de Maduro, que considera que este tipo de trabas va más allá de lo habitual en litigios internacionales y afecta directamente la equidad del juicio.
Distinción con la situación de Cilia Flores
Es importante señalar que, según la carta de Pollack, el bloqueo de la licencia solo afecta a Maduro y no a su esposa, Cilia Flores, con quien fue capturado en enero y quien también enfrenta cargos similares en la misma causa judicial. La OFAC, según la defensa, ha mantenido permisos que permiten que los abogados de Flores cobren honorarios, una distinción que el equipo de defensa de Maduro considera inconsistente.
Este detalle ha alimentado aún más la controversia, ya que sugiere que la política de licencias podría estar siendo aplicada de manera diferenciada dentro del mismo caso, lo que plantea preguntas sobre la coherencia de las decisiones administrativas y sus efectos prácticos en el derecho de los acusados a una representación plena.
Próximos hitos en el proceso
Mientras se desarrolla este conflicto sobre las licencias ante el tribunal, el caso de Maduro continúa su curso. El líder venezolano se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y corrupción que le imputa la justicia estadounidense, y tiene programada su siguiente audiencia judicial para el 26 de marzo de 2026, un paso clave antes de que se determine su sentencia final.
El desenlace de la disputa sobre la financiación de la defensa podría influir en el tono y el desarrollo de ese proceso, y será observado de cerca por actores internacionales interesados tanto en su impacto jurídico como en sus posibles implicaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.
Con información de Univisión
