Abandonar Venezuela no significó escapar de la presión estatal para centenares de ciudadanos. Por el contrario, para muchos la salida del país marcó el inicio de una etapa distinta de hostigamiento, caracterizada por vigilancia, descrédito y acciones punitivas desplegadas fuera del territorio nacional. Así lo documenta el “Informe sobre la Expansión del Aparato Represivo venezolano 2024-2025”, elaborado por la organización Sin Mordaza, que examina cómo el poder político ha extendido sus métodos coercitivos hacia la diáspora.
La investigación reúne 326 situaciones verificadas a partir de fuentes abiertas. Aunque la cifra no pretende abarcar la totalidad de los episodios, ofrece una muestra suficiente para evidenciar que no se trata de hechos aislados. El patrón descrito responde a una estrategia estructurada, concebida como prolongación de prácticas consolidadas dentro del país y adaptadas a escenarios internacionales.
Modalidades de una estrategia coordinada
El estudio identifica diversas herramientas utilizadas de manera combinada. Entre ellas figuran recursos discursivos, administrativos, judiciales, migratorios y tecnológicos, además de acciones abiertamente intimidatorias en determinados casos. La forma más extendida corresponde a la estigmatización y propaganda extraterritorial, con 176 registros, equivalentes a 53,99 % del total documentado. A través de plataformas oficiales y vocerías alineadas, se difunden narrativas destinadas a desacreditar y aislar a activistas, defensores de derechos humanos, comunicadores y dirigentes políticos radicados en el extranjero.
En segundo lugar aparece la presión consular y burocrática, presente en 112 expedientes (34,36 %). Trámites de pasaportes, certificaciones y otros servicios se convierten en instrumentos de exclusión que impactan derechos básicos. La negativa o dilación de documentos coloca a los afectados en situaciones de vulnerabilidad jurídica y limita su integración en los países de acogida.
La dimensión penal también traspasa límites geográficos. Se registran 23 casos (7,06 %) vinculados con actuaciones judiciales iniciadas contra personas que ya no residen en Venezuela. Investigaciones, solicitudes formales y anuncios de procesos se activan sin que medie información pública clara sobre su desarrollo, lo que refuerza la percepción de uso instrumental del sistema de justicia.
Represión digital y el efecto del silencio
Uno de los apartados más sensibles aborda la ofensiva en entornos virtuales. Aunque el informe consigna tres episodios específicos, advierte que se trata de operaciones complejas que incluyen redes coordinadas, suplantación de identidad y difusión masiva de contenidos difamatorios. El alcance de estas campañas trasciende fronteras y afecta la vida personal, laboral y política de quienes son objeto de ataques.
El resultado más visible es la autocensura. El temor a represalias —incluidas consecuencias migratorias o daños a familiares— reduce la disposición a denunciar. La falta de exposición pública limita la disponibilidad de datos verificables y favorece la opacidad. De este modo, el silencio opera como mecanismo que amplifica la eficacia intimidatoria.
La Ley Orgánica Simón Bolívar y la ofensiva judicial
La aplicación de la Ley Orgánica Simón Bolívar marcó un punto de inflexión en la represión penal extraterritorial. Con base en ese instrumento se promovieron procedimientos orientados a privar de nacionalidad y anular documentos de identidad de opositores en el exterior. En numerosos expedientes no hubo notificación formal ni oportunidad efectiva de defensa.
De los 23 casos examinados, en 21 la iniciativa partió de Luis Alejandro Ratti, quien solicitó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la activación de dicha normativa. Otros trámites fueron impulsados por instancias como la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La mayoría de los afectados reside en Estados Unidos (73,91 %), seguido por España (26,09 %).
Entre los nombres señalados figuran Edmundo González Urrutia, Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Juan Guaidó, Yon Goicoechea y Leopoldo López. La inclusión de estas personalidades en actuaciones de alcance internacional envía un mensaje disuasorio al conjunto de la diáspora que mantiene actividad política.
Cooperación policial y amenazas públicas
El documento también examina el uso de mecanismos policiales internacionales como forma de presión. Anuncios oficiales sobre posibles acciones en el exterior generan incertidumbre respecto a la libertad de circulación y la seguridad jurídica de los exiliados, aun cuando no existan confirmaciones formales de notificaciones a través de canales habituales.
En los casos de González Urrutia y López, declaraciones de autoridades venezolanas insinuaron la activación de procedimientos con proyección global. Sin detalles verificables sobre garantías procesales, estos pronunciamientos tuvieron un impacto inmediato en términos de alerta y vulnerabilidad.
El método Sippenhaft y las represalias familiares
Otra modalidad descrita corresponde a represalias contra parientes de dirigentes radicados fuera del país, práctica asociada al concepto de Sippenhaft. Se documentan tres situaciones: dos detenciones arbitrarias y un caso de vigilancia contra el entorno cercano de un opositor.
La detención de Rafael Tudares, yerno de González Urrutia, así como la aprehensión de Julio Velazco, padre de un dirigente juvenil en el exilio, ilustran esta dinámica. A ello se suma la supervisión sobre familiares de Cristofer Correia. Estas acciones buscan ejercer presión indirecta y vulneran principios fundamentales como la responsabilidad penal individual y la prohibición de castigos colectivos.
Un patrón que trasciende fronteras
El balance general expuesto por Sin Mordaza concluye que la represión transnacional vulnera derechos protegidos por el derecho internacional y produce un efecto inhibidor sobre la participación política desde el exterior. No solo impacta a quienes son señalados, sino también a sus comunidades y allegados.
El exilio, concebido tradicionalmente como refugio frente a la persecución, se transforma así en un espacio donde persisten mecanismos de control. La extensión de estas prácticas fuera del territorio nacional configura un fenómeno que redefine los límites de la coerción estatal y plantea desafíos para la protección efectiva de la disidencia venezolana en la diáspora.
Con información de Infobae
