La posibilidad de que Miguel Rodríguez Torres asuma nuevamente un cargo de alta responsabilidad en el sector defensa o seguridad ha encendido alertas en organizaciones de derechos humanos. El Laboratorio de Paz publicó un informe en el que analiza la trayectoria del exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y examina las implicaciones que tendría su eventual designación en funciones estratégicas.
Desde una perspectiva centrada en estándares internacionales, la organización sostiene que cualquier proceso de transición democrática exige revisar el desempeño previo de quienes aspiren a dirigir áreas sensibles del aparato estatal.
Un perfil marcado por la inteligencia y el poder interno
Miguel Rodríguez Torres es un oficial retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con amplia experiencia en organismos de inteligencia. Antes de integrar el gabinete ejecutivo, ocupó posiciones relevantes en la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), posteriormente transformada en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Allí desempeñó tareas vinculadas a inteligencia interna, contrainteligencia y manejo de riesgos políticos.
En abril de 2013, tras la elección presidencial de Nicolás Maduro, fue designado ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Permaneció en el cargo hasta octubre de 2014. Desde esa posición ejercía autoridad sobre los cuerpos policiales nacionales, los sistemas de información estratégica y la coordinación con la Guardia Nacional Bolivariana en materia de orden público.
El Laboratorio de Paz subraya que su gestión coincidió con uno de los períodos de mayor conflictividad política en la historia reciente del país: el ciclo de manifestaciones iniciado en febrero de 2014.
Protestas de 2014 y cuestionamientos internacionales
Entre febrero y junio de 2014 se registraron decenas de fallecidos, cientos de lesionados y miles de detenciones en el contexto de movilizaciones antigubernamentales. Diversos informes elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron patrones de uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, denuncias de tortura, vulneraciones al debido proceso y agresiones contra periodistas.
Asimismo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, concluyó que existían motivos razonables para considerar que altos niveles del aparato de seguridad, incluidos ministros, ordenaron, contribuyeron o no evitaron la comisión de abusos pese a contar con autoridad efectiva. Este señalamiento se fundamenta en el principio de responsabilidad de mando, reconocido en el derecho internacional.
El informe del Laboratorio de Paz enfatiza que, al estar al frente del Ministerio del Interior durante el período inicial investigado por la misión de la ONU, Rodríguez Torres se ubica dentro del ámbito de responsabilidad institucional, al margen de la determinación de eventuales responsabilidades penales individuales.
Discurso oficial y estigmatización
El documento también examina el lenguaje empleado por el entonces ministro durante las protestas. En distintas declaraciones públicas calificó las manifestaciones como acciones “insurreccionales” y denunció presuntos planes conspirativos nacionales e internacionales. Además, vinculó a dirigentes opositores y líderes estudiantiles con estrategias de desestabilización.
Para la CIDH, este tipo de pronunciamientos por parte de autoridades puede contribuir a generar contextos de represión y debilitar garantías relacionadas con el derecho a la protesta pacífica. El Laboratorio de Paz considera que el discurso estigmatizante, combinado con actuaciones coercitivas, incidió en la reducción del espacio cívico.
Operativos polémicos y casos emblemáticos
Entre los episodios destacados figura el desmantelamiento de una acampada estudiantil en Caracas el 8 de mayo de 2014, operativo que culminó con 243 detenidos. Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron la proporcionalidad de la intervención y señalaron irregularidades en los procedimientos judiciales posteriores.
El informe recuerda igualmente el caso de Génesis Carmona, estudiante asesinada en Valencia durante una manifestación, así como el de Massiel Pacheco, detenida tras intentar entregar a las autoridades un bolso con explosivos hallado en la vía pública. En ambos escenarios, el entonces ministro realizó declaraciones públicas atribuyendo responsabilidades antes de que concluyeran investigaciones independientes, lo que, según la ONG, contribuyó a la deslegitimación de las víctimas.
Otro elemento señalado es la militarización del control del orden público, como el anuncio de “tomar militarmente” la ciudad de San Cristóbal en febrero de 2014, con despliegue de unidades del Ejército y suspensión del porte de armas en el estado Táchira.
De alto funcionario a detenido
Tras su salida del gabinete en octubre de 2014, Rodríguez Torres se distanció del Ejecutivo. En marzo de 2018 fue arrestado bajo acusaciones de conspiración. Diversas organizaciones denunciaron irregularidades procesales y lo calificaron como víctima de persecución política. Permaneció casi cinco años privado de libertad hasta su excarcelación en enero de 2023, tras lo cual salió del país y se estableció en España.
El Laboratorio de Paz sostiene que esa condición posterior no elimina la necesidad de examinar su desempeño previo en funciones de dirección. En sus conclusiones, la organización argumenta que una transición democrática basada en estándares internacionales requiere garantizar la no repetición de abusos, fortalecer el control civil sobre las fuerzas de seguridad y evaluar la idoneidad de quienes aspiren a ocupar responsabilidades estratégicas.
A juicio de la ONG, una eventual reincorporación de Rodríguez Torres a un cargo de máximo nivel en defensa o seguridad podría generar tensiones con esos principios, afectar la confianza de las víctimas y proyectar una señal de continuidad institucional en lugar de ruptura con prácticas asociadas a la represión del disenso.
Con información de El Nacional
