
La muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia, ha generado una profunda conmoción y un nuevo debate sobre el acceso a medicamentos en Colombia. Mientras el Gobierno pidió investigar a fondo lo ocurrido, la madre del menor cuestionó las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, a quienes acusó de eludir responsabilidades frente a lo que considera una negligencia en la entrega del tratamiento.
Kevin falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Misericordia, en Bogotá, luego de sufrir complicaciones derivadas de un golpe en la cabeza tras una caída en bicicleta. Su familia sostiene que el menor no recibió oportunamente el medicamento que necesitaba para controlar su condición, situación que, según la madre, fue determinante en el desenlace.
“No podía tenerlo encerrado”
Yudy, madre del niño, asegura que las palabras del mandatario y del jefe de la cartera de Salud la llenaron de indignación. “Yo no puedo tener a mi hijo encerrado, sin hacer nada. Muchos niños con hemofilia no tienen su medicamento. Cualquier niño, así no se golpee, puede tener un sangrado. Me parece desconsiderado lo que están diciendo”, expresó.
La mujer, quien despidió a su hijo en Charalá, Santander, conoció los pronunciamientos oficiales poco después del funeral. Para ella, las afirmaciones del Gobierno sugieren que la responsabilidad recae en la familia por permitir que el menor realizara actividades como montar bicicleta.
“Se están lavando las manos, según ellos debía dejarlo sin hacer ninguna actividad”, manifestó. Desde su perspectiva, el foco debería estar en la garantía del acceso al tratamiento y no en cuestionar la vida cotidiana de un niño.
Lo dicho por el presidente y el ministro
Durante un consejo de ministros, el presidente Petro señaló que el caso debe investigarse en profundidad. Indicó que hubo “dos causas agravantes”: la ausencia del medicamento y la caída en bicicleta. Además, planteó la necesidad de establecer si existieron fallas administrativas en la entrega del tratamiento.
El mandatario también se refirió a la prevención en enfermedades como la hemofilia. “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos”, afirmó, al subrayar la importancia de la educación familiar y la orientación médica.
Por su parte, el ministro Guillermo Jaramillo calificó el hecho como un accidente craneoencefálico y sostuvo que los menores con esta condición deben restringir actividades que puedan generar traumas severos. Según el funcionario, se trata de una medida de precaución ante posibles hemorragias graves.
El reclamo por el acceso al tratamiento
Para Yudy, estas declaraciones desconocen la realidad de quienes enfrentan la enfermedad. Insiste en que un niño con hemofilia puede presentar sangrados espontáneos, incluso sin golpes visibles, y que el tratamiento oportuno es fundamental para evitar complicaciones fatales.
“Al ministro de Salud le digo que no debería ponerse a hablar lo que no es. Yo no tenía por qué tener a mi hijo como prisionero”, afirmó. También cuestionó al presidente por lo que considera un deterioro en el servicio de las entidades prestadoras de salud.
La madre sostiene que el medicamento que Kevin requería no fue entregado a tiempo por la Nueva EPS, hecho que, según su versión, dejó al menor en una situación de vulnerabilidad extrema.
Un debate que trasciende el caso
La tragedia ha reactivado la discusión sobre la responsabilidad de las aseguradoras y del Estado en la garantía del derecho a la salud. Organizaciones médicas recuerdan que la hemofilia es un trastorno hereditario que requiere tratamiento constante para prevenir hemorragias internas y externas.
Mientras avanzan las investigaciones anunciadas por el Ejecutivo, la familia de Kevin espera que se establezcan responsabilidades claras. Para Yudy, el dolor no se mitiga con explicaciones técnicas ni con llamados a la prevención. Su exigencia es concreta: que ningún otro niño tenga que enfrentar una situación similar por falta de medicamentos.
En medio de la polémica, el caso se convierte en símbolo de una discusión más amplia sobre cobertura, educación sanitaria y deber institucional. La muerte de Kevin no solo enluta a su familia, sino que interpela al sistema de salud y a las autoridades sobre cómo proteger a los pacientes más vulnerables.
Con información de El Tiempo



