Un nuevo capítulo del escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sacudió al Congreso colombiano este miércoles. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar formalmente a varios legisladores por el delito de cohecho impropio y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas Wadith Alberto Manzur y Karen Manrique.
La decisión judicial se produce en medio de una investigación que busca esclarecer presuntas irregularidades ocurridas durante el segundo semestre de 2023, cuando congresistas habrían aceptado beneficios a cambio de respaldar operaciones financieras del Gobierno.
En medio del proceso judicial, trascendió que la representante a la Cámara Karen Manrique se presentó voluntariamente ante las autoridades y se entregó en las instalaciones de la Sijín de la Policía en Tame, Arauca, mientras las autoridades continúan con el procedimiento para ejecutar la orden de captura contra Manzur.
El caso representa uno de los episodios más delicados de presunta corrupción en el actual periodo legislativo y ha generado fuerte impacto político debido a que involucra a parlamentarios recientemente reelegidos.
La decisión de la Corte Suprema
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema concluyó que existen elementos suficientes para acusar a cinco congresistas y un exparlamentario dentro de la investigación relacionada con el manejo irregular de recursos de la UNGRD.
Como parte de la decisión judicial, el alto tribunal determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra Wadith Manzur y Karen Manrique mientras avanza el proceso penal en su contra.
La Corte señaló que, según el material probatorio recopilado, los congresistas investigados habrían participado en reuniones donde se discutieron presuntos beneficios económicos a cambio de apoyar operaciones de crédito impulsadas por el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con la investigación, dichas operaciones debían pasar por el concepto de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, órgano encargado de evaluar este tipo de decisiones financieras del Estado.
Los congresistas que continúan vinculados al proceso
Aunque la Corte ordenó la detención de dos legisladores, otros congresistas señalados en el expediente continuarán enfrentando el proceso en libertad.
Entre ellos se encuentran Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
El tribunal indicó que los elementos recopilados durante la investigación sugieren que en diferentes encuentros se habrían definido los montos y mecanismos mediante los cuales representantes del Ejecutivo beneficiarían a algunos parlamentarios.
Una vez la decisión judicial quede ejecutoriada, el expediente será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia, encargada de continuar con el proceso penal correspondiente.
Cómo habría operado el esquema investigado
Según la investigación, los hechos se remontan al segundo semestre de 2023, cuando se habrían realizado reuniones entre congresistas y funcionarios del Gobierno.
En estos encuentros se habría acordado que, a cambio de apoyar las operaciones de crédito público que interesaban al Ministerio de Hacienda, los legisladores recibirían beneficios en forma de contratos y proyectos financiados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Las presuntas contraprestaciones se habrían materializado mediante la adjudicación de contratos relacionados con obras y labores de interventoría en tres proyectos ubicados en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
El valor total de los proyectos mencionados en la investigación alcanzaría aproximadamente 92.000 millones de pesos, según las declaraciones entregadas a la Fiscalía.
El testimonio clave de Olmedo López
Uno de los elementos centrales dentro del proceso judicial es el testimonio del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien ha entregado información a la Fiscalía sobre el funcionamiento de la presunta red de corrupción.
Durante un interrogatorio realizado el 12 de junio de 2024, López mencionó por primera vez a Karen Manrique y Wadith Manzur como parte de las conversaciones relacionadas con la asignación de contratos.
Según su versión, Manrique habría actuado inicialmente como enlace entre el Gobierno y el Congreso en asuntos relacionados con la gestión del riesgo.
Posteriormente, explicó que en una reunión realizada en el Ministerio del Interior surgió la decisión de que Wadith Manzur asumiera un papel más activo en la coordinación de las gestiones políticas.
En esa reunión también habría participado María Alejandra Benavides, asesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien actualmente enfrenta investigaciones dentro del mismo caso.
Las comunicaciones que evidenciarían el acuerdo
Según relató Olmedo López ante la Fiscalía, durante una reunión realizada el 15 de diciembre de 2023 se establecieron los detalles de los contratos que beneficiarían a los congresistas involucrados.
En ese encuentro, López contactó al subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, mediante videollamada para informarle sobre las decisiones adoptadas en la reunión.
Posteriormente, López indicó que recibió mensajes relacionados con la coordinación de reuniones entre funcionarios de la UNGRD y representantes de comunidades en Arauca, gestiones que habrían sido solicitadas por la congresista Karen Manrique.
El exdirector también aseguró que guardó registros de comunicaciones a través de WhatsApp, con el objetivo de dejar evidencia de las instrucciones y conversaciones relacionadas con el caso.
Quiénes son Wadith Manzur y Karen Manrique
El congresista Wadith Alberto Manzur pertenece al Partido Conservador y fue elegido recientemente como senador con cerca de 125.000 votos, una de las votaciones más altas dentro de su colectividad.
Manzur inició su carrera legislativa en 2018, cuando llegó a la Cámara de Representantes con más de 71.000 votos, y fue reelegido en 2022.
Durante su paso por el Congreso integró la Comisión Tercera, encargada de asuntos económicos y fiscales, y posteriormente formó parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Por su parte, Karen Manrique fue reelegida como representante a la Cámara por una curul de paz en el departamento de Arauca, con 5.640 votos.
Su elección formó parte del mecanismo de representación política creado para zonas afectadas por el conflicto armado.
Impacto político del escándalo
La decisión judicial llega en un momento políticamente sensible, ya que el Congreso se prepara para iniciar el último año legislativo del periodo iniciado en 2022.
La Corte Suprema notificará formalmente al Congreso sobre la decisión para que los legisladores investigados sean suspendidos de sus funciones mientras avanza el proceso penal.
El caso de la UNGRD ha sido considerado uno de los mayores escándalos de presunta corrupción en la administración pública reciente, debido a que involucra recursos destinados originalmente a atender emergencias y desastres naturales.
Las investigaciones continúan abiertas y se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevas decisiones judiciales relacionadas con otros implicados dentro del expediente.
El proceso, además de sus implicaciones penales, podría tener efectos políticos significativos en el Congreso colombiano y en las dinámicas electorales del país.
Con información de El Colombiano
