Fiscales federales de Estados Unidos argumentaron ante una corte que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores no deberían poder utilizar fondos del Estado venezolano para financiar su defensa legal en el proceso judicial que enfrentan en territorio estadounidense.
Según los fiscales, permitir el uso de recursos públicos de Venezuela sería inapropiado debido a que Washington no reconoce a Maduro como el presidente legítimo del país desde hace varios años. Por ello, sostienen que el dinero estatal no puede destinarse a cubrir los gastos de abogados en un caso penal personal.
La controversia surgió luego de que la defensa de Maduro solicitara que se desestimaran los cargos, alegando que el gobierno estadounidense había revocado una autorización del Departamento del Tesoro que anteriormente permitía utilizar fondos venezolanos para pagar los honorarios legales.
Los abogados del exmandatario aseguran que esta decisión afecta su derecho constitucional a elegir defensa, ya que, según la legislación venezolana, el Estado suele asumir los gastos legales de los presidentes y exmandatarios en procesos judiciales.
Sin embargo, los fiscales respondieron que la licencia que permitía el uso de esos recursos fue otorgada por error administrativo y que, en cualquier caso, Maduro y Flores pueden financiar su defensa con recursos personales.
El caso forma parte del proceso judicial que ambos enfrentan en una corte federal de Nueva York, donde fueron acusados de delitos relacionados con narcotráfico y se declararon no culpables.
Maduro y Flores permanecen detenidos en Estados Unidos tras su captura en Venezuela durante una operación realizada por fuerzas estadounidenses a inicios de 2026. La disputa sobre el financiamiento de la defensa será evaluada por el tribunal en una próxima audiencia prevista para finales de marzo.
