Un documento presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York revela que el Estado venezolano ha reconocido formalmente su intención de financiar la defensa legal de Cilia Flores, esposa del expresidente Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos penales en Estados Unidos. La declaración, incluida en el expediente judicial del caso que se sigue en Manhattan, sostiene que el gobierno considera una obligación legal asumir los gastos relacionados con su representación jurídica.
La información aparece en una declaración jurada firmada el 3 de marzo de 2026 por Henry Rodríguez Facchinetti, funcionario de la Procuraduría General de Venezuela. En el texto se afirma que la legislación venezolana establece la responsabilidad del Estado de cubrir los costos legales de funcionarios públicos que enfrenten procesos judiciales vinculados a su gestión, incluso cuando estos se desarrollen en tribunales extranjeros.
El documento emerge en medio de un complejo escenario legal y diplomático entre Caracas y Washington, en el que se debaten cuestiones relacionadas con sanciones económicas, derechos procesales y la financiación de las defensas jurídicas de los acusados.
El reconocimiento oficial del Estado venezolano
La declaración jurada presentada ante el tribunal estadounidense constituye una admisión formal de que el gobierno venezolano está dispuesto a cubrir los gastos de defensa de Flores. Rodríguez Facchinetti explicó en el documento que se desempeña como jefe de litigios de la Procuraduría General, organismo encargado de la representación legal del Estado venezolano.
Según el funcionario, el marco jurídico del país establece que el Estado debe garantizar asistencia legal a funcionarios o exfuncionarios que enfrenten procedimientos judiciales relacionados con sus funciones públicas. Esta disposición incluye procesos que puedan desarrollarse fuera de Venezuela.
El documento sostiene que dicha obligación es considerada indelegable, lo que significa que el Estado no puede negarse a asumir los gastos asociados con la defensa de los funcionarios implicados en litigios internacionales. En consecuencia, Caracas afirma que financiará los honorarios de los abogados, los costos judiciales y cualquier gasto necesario para garantizar una representación adecuada.
Compromiso de pagar la representación legal
El texto entregado a la corte también especifica que el gobierno venezolano está dispuesto a pagar la defensa del bufete estadounidense Parker, Sanchez & Donnelly, liderado por el abogado Mark E. Donnelly, quien representa a Cilia Flores en el proceso penal.
La declaración insiste en que los recursos destinados a este fin provienen de fondos legítimos del Estado venezolano y no guardan relación con las acusaciones incluidas en la imputación federal. Con esta afirmación, el documento intenta disipar dudas sobre el origen del dinero y evitar posibles objeciones legales relacionadas con sanciones o presunto financiamiento ilícito.
Para la defensa de Flores, la posibilidad de recibir fondos del Estado resulta crucial, ya que los procesos judiciales federales en Estados Unidos suelen implicar gastos significativos en honorarios legales, expertos y otros costos asociados a la estrategia de defensa.
El impacto de las sanciones estadounidenses
La declaración presentada ante la corte se produce en un momento particularmente delicado del caso. Hasta hace pocas semanas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había autorizado mediante una licencia especial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que el gobierno venezolano financiara los honorarios legales de Flores.
Sin embargo, esa licencia fue modificada posteriormente, eliminando la autorización para que Caracas cubriera la defensa en el caso de Nicolás Maduro. Esta decisión generó una disputa legal sobre si las sanciones económicas pueden impedir el financiamiento de la representación jurídica.
Los abogados de los acusados argumentan que impedir el pago de los honorarios constituye una interferencia en el derecho constitucional de los acusados a elegir a su propio abogado, un principio protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El proceso judicial en Nueva York
Cilia Flores y Nicolás Maduro enfrentan cargos federales relacionados con narcotráfico y conspiración en el Distrito Sur de Nueva York, uno de los tribunales más importantes del sistema judicial estadounidense. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos tras un operativo militar realizado el 3 de enero de 2026 en Caracas.
Durante su primera comparecencia ante la corte, Flores se declaró “no culpable” de las acusaciones presentadas en su contra, mientras que el proceso judicial continúa con diversas disputas legales sobre jurisdicción, pruebas y financiamiento de la defensa.
El caso forma parte de una investigación más amplia iniciada años atrás por el Departamento de Justicia estadounidense, en la que también se acusa a otros altos funcionarios venezolanos de participar en actividades relacionadas con narcotráfico y crimen organizado.
Una batalla legal con implicaciones políticas
Más allá de los aspectos jurídicos, el debate sobre quién debe financiar la defensa de Cilia Flores refleja las tensiones entre sanciones internacionales y garantías procesales. Mientras Washington mantiene restricciones económicas contra el gobierno venezolano, los abogados de los acusados sostienen que estas medidas no pueden impedir el derecho fundamental a una defensa adecuada.
La decisión final sobre este asunto podría tener consecuencias relevantes para el desarrollo del proceso judicial, ya que determinará si el Estado venezolano puede continuar financiando la representación legal de Flores durante el juicio.
En un contexto donde la política internacional y la justicia penal se entrelazan, el caso continúa evolucionando en los tribunales estadounidenses, con nuevas audiencias previstas en las próximas semanas y con una atención creciente tanto en Venezuela como en el ámbito internacional.
Con información de Venezuela Política
