El proceso judicial que enfrenta el exmandatario venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos ha abierto un nuevo capítulo en torno a la financiación de su defensa legal. Documentos presentados ante un tribunal federal en Nueva York revelan que las autoridades estadounidenses mantienen vigentes las sanciones financieras contra el gobierno venezolano, lo que impide que fondos estatales sean utilizados para pagar los honorarios de sus abogados.
Según los escritos presentados por la fiscalía y por la defensa, cualquier representación privada que Maduro decida mantener deberá ser cubierta con recursos personales y no con dinero del Estado venezolano. Esta situación se produce en medio del juicio por cargos federales de narcotráfico y corrupción que enfrenta junto a su esposa, Cilia Flores, tras su captura a comienzos de enero.
La controversia sobre quién debe pagar los gastos legales se ha convertido en uno de los primeros conflictos procesales dentro del caso, que promete extenderse durante varios meses en la corte federal de Manhattan.
Las sanciones financieras siguen vigentes
De acuerdo con documentos judiciales presentados en el tribunal que lleva el caso, las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno venezolano continúan aplicándose incluso después de recientes cambios políticos y diplomáticos relacionados con Venezuela.
Estas medidas, administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, restringen el uso de fondos estatales venezolanos dentro del sistema financiero estadounidense.
Como consecuencia de estas restricciones, el gobierno venezolano no puede transferir dinero para cubrir los honorarios legales de Maduro en territorio estadounidense.
La fiscalía sostiene que la normativa vigente impide que recursos públicos del Estado venezolano sean utilizados para financiar la defensa del acusado en el proceso judicial.
Un permiso que fue concedido y revocado en horas
El conflicto legal comenzó cuando los abogados del exmandatario solicitaron autorización a la OFAC para recibir pagos provenientes del gobierno venezolano.
Según el expediente judicial, el 9 de enero la agencia otorgó inicialmente una licencia que permitía utilizar fondos oficiales para pagar los honorarios de los abogados.
Sin embargo, pocas horas después el permiso fue modificado y esa autorización quedó anulada en lo que la defensa calificó como un cambio inesperado de decisión administrativa.
La revocatoria de la licencia dejó sin efecto la posibilidad de que Caracas financiara los servicios legales del exgobernante.
La posición de la defensa
El abogado principal de Maduro, Barry Pollack, ha argumentado ante el tribunal que la decisión del Departamento del Tesoro afecta el derecho constitucional de su cliente a elegir libremente a su abogado.
En una carta dirigida al juez federal Alvin Hellerstein, el equipo legal sostuvo que impedir el pago desde el gobierno venezolano limita la capacidad del acusado para sostener una defensa adecuada.
Los abogados señalan que, según la legislación venezolana, el Estado debe asumir los gastos legales del jefe de Estado y de la primera dama cuando enfrentan procesos judiciales.
Por ello, solicitaron al tribunal que intervenga para resolver la situación o incluso considere la posibilidad de desestimar el caso si se confirma que las restricciones impiden garantizar el derecho a la defensa.
La respuesta de la fiscalía
Los fiscales estadounidenses, por su parte, sostienen que el acusado aún puede contratar representación privada utilizando recursos personales.
Las autoridades argumentan que las sanciones impiden utilizar dinero público venezolano, pero no prohíben que Maduro financie su defensa con fondos propios si dispone de ellos.
De acuerdo con esta interpretación, el acusado tiene dos opciones principales: pagar a sus abogados con recursos personales o solicitar un defensor público designado por el tribunal.
Este punto se ha convertido en uno de los temas centrales del debate jurídico en las primeras etapas del proceso.
Detención y cargos en Nueva York
Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn mientras avanzan los procedimientos judiciales.
Ambos enfrentan acusaciones federales relacionadas con narcotráfico y narcoterrorismo, cargos que forman parte de una investigación abierta por la justicia estadounidense desde hace varios años.
Durante su primera comparecencia ante el tribunal federal de Manhattan, los dos acusados se declararon no culpables de los delitos imputados.
El juicio es considerado uno de los procesos más complejos en materia de crimen transnacional que ha enfrentado la justicia estadounidense en los últimos años.
Diferencias en el caso de Cilia Flores
Uno de los elementos que ha llamado la atención dentro del expediente judicial es que la restricción financiera parece afectar únicamente a Maduro.
Según los documentos presentados ante la corte, los abogados de Cilia Flores sí cuentan con autorización para recibir pagos provenientes del gobierno venezolano.
Esta diferencia ha sido utilizada por la defensa del exmandatario como argumento para cuestionar la coherencia de las decisiones administrativas adoptadas por la OFAC.
Los fiscales, sin embargo, han señalado que cada autorización financiera puede evaluarse de manera independiente según las condiciones específicas del caso.
Próximas audiencias
El proceso judicial continúa avanzando mientras las partes preparan sus argumentos para las próximas audiencias.
El tribunal federal de Manhattan ha programado nuevas comparecencias en las que se analizarán tanto los aspectos financieros relacionados con la defensa como las pruebas presentadas por la fiscalía.
Mientras tanto, la disputa sobre el pago de los honorarios legales se mantiene como uno de los primeros desafíos legales que deberá resolver el juez encargado del caso.
Un caso con implicaciones internacionales
El proceso contra Maduro y Flores no solo tiene implicaciones judiciales, sino también políticas y diplomáticas.
La continuidad de las sanciones financieras demuestra que las restricciones económicas contra el aparato estatal venezolano siguen vigentes dentro del sistema estadounidense.
En ese contexto, el debate sobre quién financiará la defensa del exmandatario se ha convertido en un símbolo del impacto que tienen estas medidas en los procesos legales internacionales.
La resolución de este conflicto podría sentar precedentes importantes sobre cómo se aplican las sanciones económicas en casos judiciales de alto perfil.
EL VENEZOLANO NEWSPAPER
🇻🇪Documento judicial CRUCIAL en Nueva York sobre el caso Maduro–Cilia. Las sanciones al régimen de Delcy siguen intactas. Si quiere abogado en EE.UU., Maduro tendrá que pagarlo de su bolsillo. Ojo: el 9 de enero se levantó POR ERROR una licencia que permitió a Maduro tratar de… pic.twitter.com/yr0JPE2vJm
— David Alandete (@alandete) March 15, 2026
