Trump ha vuelto a generar controversia con la idea de convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos. Si bien esto puede interpretarse como una provocación, una distracción o un acto irresponsable de manipulación mediática, exige una respuesta contundente e inequívoca.
No se trata de seguirle el juego al espectáculo, sino de dejar claro lo que realmente importa: Venezuela no necesita anexión, subordinación ni fantasías imperiales. Venezuela necesita recuperar plenamente su democracia, su soberanía popular, su legitimidad constitucional y una relación seria, respetuosa y productiva con Estados Unidos.
La idea debe analizarse desde una perspectiva constitucional. No depende de Trump. Ni siquiera depende de una voluntad política unilateral en Washington. Y, sobre todo, no depende de una fantasía de poder que ignora la historia, la dignidad y la soberanía del pueblo venezolano.
En el caso de Venezuela, la dificultad sería aún mayor, ya que no se trataría de admitir un territorio que ya forma parte de Estados Unidos, sino de incorporar un Estado extranjero soberano. Si se optara por un tratado de anexión, se requeriría la aprobación de dos tercios del Senado; pero dicho tratado no bastaría para convertir a Venezuela en un Estado de la Unión. La admisión estatal requeriría entonces una ley del Congreso, conforme al Artículo IV, Sección 3.
Si se intentara la vía de una resolución conjunta, como en controvertidos precedentes históricos, seguiría sin existir un poder presidencial unilateral: se requeriría una decisión formal del Congreso y, antes de todo eso, el consentimiento válido de Venezuela. Y ahí radica el obstáculo decisivo: la Constitución venezolana declara la independencia y la soberanía como derechos irrenunciables, establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y prohíbe la cesión o enajenación de territorio nacional a potencias extranjeras.
Por lo tanto, en el caso de Venezuela, la idea no solo es políticamente difícil, sino que es constitucionalmente inviable para ambas partes.
Por eso he insistido desde la primera vez que escuché a Trump mencionar esta idea: Venezuela no necesita anexión, subordinación ni fantasías imperiales. Venezuela necesita recuperar plenamente su democracia, su soberanía popular y su legitimidad constitucional.
La pregunta, entonces, es otra: ¿por qué Trump insiste en decir algo que no depende de él y que es constitucionalmente inviable?
La respuesta reside menos en la ley que en la política. Este tipo de provocación le permite a Trump presentarse como el eje en torno al cual gira el futuro de Venezuela. El mensaje implícito no es necesariamente que exista un plan serio de anexión.
El mensaje es que se posiciona como el actor decisivo: por encima de Delcy Rodríguez, por encima de María Corina Machado y de toda la alternativa democrática del país, por encima de cualquier negociación venezolana, e incluso por encima del debate institucional sobre una transición democrática.
La imagen comunica poder, control y centralidad personal.
Esa es precisamente la trampa. El debate que Venezuela necesita no gira en torno a si algún líder extranjero podrá integrarla en su panorama político. No podrá.
El debate urgente es cómo construir un camino electoral, constitucional y negociado para que los venezolanos recuperen la democracia, en consonancia con el proceso de estabilización y apertura económica impulsado por el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.
Cuando el debate se centra en la anexión, se abandona el terreno donde debe tener lugar la discusión democrática. En lugar de hablar de presos políticos, condiciones electorales, elecciones, instituciones, reconciliación, justicia transicional, estabilización económica y la protección y retorno de los migrantes venezolanos, el país queda atrapado en un espectáculo de soberanía herida.
Existe también una dimensión humana que no puede quedar fuera de este debate: la migración venezolana. Millones de venezolanos no abandonaron su país por renegar de Venezuela, sino por la destrucción institucional, la precariedad económica, la persecución política, la inseguridad y la falta de oportunidades. Más de 600.000 de esos migrantes venezolanos se encuentran en Estados Unidos, indocumentados por una injusta decisión de Trump y expuestos a duras deportaciones y, en muchos casos, a detenciones y violaciones de sus derechos humanos.
Convertir el debate en una broma geopolítica sobre el «estado número 51» no ofrece una respuesta creíble a este drama. No responde a la desgarradora situación del venezolano que cruzó el Darién, que espera justicia migratoria o la oportunidad de organizar su retorno sin la presión de una deportación inminente, que mantiene a sus familiares con remesas, que desea regresar pero no puede, o que teme volver a un país sin garantías.
Una política seria hacia Venezuela debe plantearse cómo crear las condiciones para que esos venezolanos vivan con dignidad dondequiera que se encuentren y, si así lo desean, regresen a una Venezuela democrática, estable y próspera.
Esto requiere una protección migratoria responsable, integración social y laboral en los países de acogida, cooperación regional y, sobre todo, una estrategia política que aborde la causa del éxodo: la ausencia de democracia, instituciones fiables y oportunidades económicas en Venezuela.
Por eso, dos desviaciones deben rechazarse con igual claridad: la fantasía anexionista y el nacionalismo autoritario. Venezuela no debe ser tratada como una colonia, un trofeo geopolítico ni una pieza en una negociación personal.
Pero tampoco se le puede permitir al régimen usar la defensa de la soberanía como excusa para negar la verdadera soberanía del pueblo venezolano: la soberanía expresada a través de elecciones libres, instituciones legítimas, derechos garantizados y ciudadanos capaces de decidir su propio destino.
Los venezolanos sienten un profundo orgullo por su soberanía. La aspiración del pueblo venezolano no es la dependencia, sino una democracia estable, una economía próspera basada en el vasto potencial del país y un papel constructivo e independiente en el hemisferio. Los venezolanos valoran una relación sólida y respetuosa con Estados Unidos, pero jamás a expensas de la dignidad nacional o la autodeterminación.
De ahí surge una alternativa mucho más seria que cualquier provocación: una alianza estratégica entre Venezuela y Estados Unidos para construir una nueva relación energética, comercial y económica.
Venezuela posee una de las mayores reservas energéticas del mundo, un gran potencial hidroeléctrico y minerales de todo tipo, incluyendo tierras raras; una ubicación geográfica privilegiada con una costa que se extiende desde el Mar Caribe hasta el Atlántico; una sociedad emprendedora; una diáspora global; y un extraordinario potencial de reconstrucción.
Estados Unidos, como gran potencia que es, cuenta con capital, tecnología, mercados, capacidad institucional y un interés legítimo en la estabilidad democrática y económica del hemisferio.
Pero esa relación solo puede ser sostenible si se basa en el respeto mutuo. No en la subordinación. No en la tutela. No en la imposición de un modelo político externo. Un nuevo capítulo entre Venezuela y Estados Unidos debe fundamentarse en la soberanía de ambos países, la transparencia, la seguridad jurídica, una apertura económica responsable, la protección de los derechos humanos y el apoyo internacional a una transición democrática decidida por los venezolanos.
La normalización energética y económica forma parte de la solución si se vincula a un horizonte democrático. Puede contribuir a estabilizar el país, recuperar la infraestructura, atraer inversiones, reconstruir la capacidad productiva y aliviar la crisis social. También puede ofrecer a Venezuela la posibilidad de volver a ser un país capaz de acoger a su diáspora. Pero si se desvinculan de una vía política, corren el riesgo de convertirse en una mera transacción: petróleo sin democracia, negocios sin instituciones, estabilización sin legitimidad. Eso sería un error histórico.
Trump podrá provocar con mapas y frases estridentes. Pero la historia constitucional de Venezuela no se ajusta a una imagen viral. Venezuela no será el estado número 51. Venezuela será una república democrática y soberana, reconciliada consigo misma.
La tarea de nuestro tiempo no es renunciar a la soberanía, sino recuperarla para los ciudadanos. Y eso solo se logrará mediante una transición constitucional y electoral, impulsada por y para los venezolanos, con el apoyo de una comunidad internacional que respete a Venezuela.
