A más de dieciséis años de la detención de la jueza María Lourdes Afiuni Mora, sus familiares y representantes legales hicieron pública una carta en la que denuncian que la exfuncionaria judicial continúa siendo víctima de una injusticia que, aseguran, se ha prolongado por más de una década y media.
El documento, firmado por su hermano, Nelson Afiuni Mora, y por la abogada Thelma Fernández, fue dirigido al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John M. Barret, así como a organismos internacionales, gobiernos democráticos, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación.
En la misiva recuerdan que Afiuni fue detenida el 10 de diciembre de 2009 luego de dictar una decisión judicial que otorgó medidas cautelares al empresario Eligio Cedeño, cuya privación de libertad había sido considerada arbitraria por instancias internacionales. Según sus familiares, aquella actuación se produjo dentro de las atribuciones legales de la jueza y estaba respaldada por pronunciamientos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Los firmantes sostienen que la detención estuvo precedida por declaraciones públicas del entonces presidente Hugo Chávez, quien cuestionó duramente la decisión judicial y pidió sanciones contra la jueza. A juicio de la familia, estos hechos marcaron un precedente que afectó la independencia judicial en Venezuela y enviaron un mensaje de intimidación a los operadores de justicia.
La carta también denuncia que Afiuni fue recluida en condiciones incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y que sufrió abusos físicos, psicológicos y sexuales durante su permanencia en prisión, hechos que habrían dejado secuelas permanentes en su salud.
Otro de los aspectos resaltados por sus representantes es que, según afirman, nunca se comprobó la existencia de pagos, beneficios económicos o contraprestaciones relacionadas con la decisión judicial que motivó la acusación. Pese a ello, señalan que fue condenada por corrupción, en un proceso que consideran irregular y contrario a las garantías del debido proceso.
Los familiares sostienen que, aunque la jueza ya habría cumplido ampliamente cualquier pena relacionada con el caso, aún permanece sometida a restricciones y a un proceso que no ha sido cerrado de manera definitiva. Además, aseguran que durante años se le ha impedido reunirse libremente con su hija y sus nietos, ciudadanos estadounidenses.
La comunicación también hace referencia al denominado “Efecto Afiuni”, término utilizado por organizaciones y expertos para describir el temor que, según denuncian, se instaló entre jueces y funcionarios judiciales tras la detención de la magistrada.
Finalmente, los firmantes cuestionaron que Afiuni no haya sido incluida en la reciente Ley de Amnistía aprobada en Venezuela y pidieron que cualquier reforma del sistema judicial contemple la revisión de su caso como una muestra de compromiso con la independencia judicial y la reconciliación nacional.
