Las naciones no desaparecen de un día para otro.
Las repúblicas tampoco.
Su desintegración suele ser un proceso lento, silencioso y, muchas veces, imperceptible para quienes lo viven. Comienza cuando las instituciones dejan de cumplir la misión para la cual fueron creadas; cuando la ley deja de tutelar el poder; cuando la voluntad de los ciudadanos deja de ser la fuente de legitimidad y es sustituida por la imposición, el miedo, la fuerza o la arbitrariedad.
Desde Aristóteles hasta Hannah Arendt, desde Cicerón hasta Hans Kelsen, los grandes pensadores de la teoría política coincidieron en una verdad esencial: “ningún Estado puede sostenerse indefinidamente si pierde la legitimidad de sus instituciones y el respeto al orden jurídico que le da sentido” .
Jean-Jacques Rousseau sostuvo que “ la soberanía pertenece al pueblo y que ningún gobernante puede apropiarse de ella”. Montesquieu enseñó que “ la libertad solo existe cuando el poder encuentra límites en otros poderes igualmente independientes”. Hans Kelsen afirmó que “ el Estado de Derecho existe únicamente cuando la autoridad se somete a la Constitución y no cuando la Constitución se subordina a la autoridad”.
Esas ideas no son abstracciones filosóficas: son los pilares sobre los que se edifican las repúblicas modernas.
La historia confirma esa lección. Roma no dejó de ser república en un solo día; su deterioro fue el resultado de la concentración progresiva y abusiva del poder. La República de Weimar no desapareció únicamente por una elección, sino por el debilitamiento paulatino de los contrapesos institucionales.
En todos los casos, la pérdida de la legalidad y de la legitimidad precedió al colapso político.
Venezuela enfrenta hoy un desafío de esa misma naturaleza.
No estamos únicamente frente a una prolongada crisis económica, ni exclusivamente ante una confrontación política. Lo que está en juego es la continuidad histórica de la República como comunidad organizada bajo el imperio del Derecho.
Conviene recordar que Nación, Estado, Gobierno y República no son conceptos equivalentes.
La Nación: “es el pueblo unido por una historia, una cultura y un destino compartido”.
El Estado: “es la organización jurídica e institucional que ejerce autoridad sobre un territorio y protege el interés general. Es la representación Jurídica de la Nación “.
El Gobierno: “ es el conjunto de autoridades que administran temporalmente ese Estado”.
La República: “ es el orden constitucional que garantiza que el poder pertenece al pueblo, se ejerce conforme a la ley y está limitado por instituciones independientes”.
Cuando el Gobierno absorbe al Estado, cuando el Estado deja de servir a la Nación y cuando la República pierde sus garantías constitucionales, comienza un proceso de degradación institucional que puede conducir a la disolución del propio Estado de Derecho.
La historia de Venezuela no puede comprenderse sin el inmenso sacrificio realizado para construir una República independiente. Desde la Declaración de Independencia del 5 de julio de 1811, pasando por la Guerra de Independencia, la separación de la Gran Colombia, la Guerra Federal, las guerras civiles del siglo XIX y las sucesivas etapas de reorganización institucional, varias generaciones entregaron su vida para legar a los venezolanos una nación libre y una república soberana.
Ese legado pertenece a todos los venezolanos, dentro y fuera del país.
Durante las últimas décadas, Venezuela ha experimentado un profundo deterioro institucional, acompañado de una crisis económica, social y humanitaria que ha provocado el éxodo de millones de ciudadanos, el debilitamiento de servicios esenciales y un creciente cuestionamiento sobre la independencia de los poderes públicos y las garantías electorales. A ello se ha sumado la tragedia del reciente terremoto, que puso de manifiesto las enormes vulnerabilidades del país y la urgencia de fortalecer su capacidad institucional para responder a las necesidades de la población.
La suma de estas circunstancias obliga a formular una pregunta que trasciende cualquier coyuntura política:
¿Estamos ante una crisis de gobierno o ante una crisis de la República?
La respuesta determinará el futuro de Venezuela.
Porque la reconstrucción nacional no puede limitarse a un cambio de autoridades. Exige recuperar la confianza en las instituciones, restablecer la separación de poderes, garantizar elecciones con plenas garantías constitucionales, reconstruir la justicia, asegurar la protección de los derechos fundamentales y devolver al ciudadano la certeza de que la ley prevalece sobre la arbitrariedad.
Ese es el verdadero desafío histórico.
No se trata de reconstruir un gobierno.
Se trata de reconstruir la República.
Y esa tarea no corresponde únicamente a quienes ejercen responsabilidades políticas. Corresponde a toda la Nación. A quienes permanecen en Venezuela y a quienes, desde el exilio, continúan sintiéndose parte de ella. Corresponde también a la comunidad internacional, que ha acompañado en distintos momentos la defensa de los principios democráticos y del Estado de Derecho.
Las repúblicas sobreviven cuando sus ciudadanos comprenden que la libertad no es un patrimonio adquirido para siempre, sino una responsabilidad que cada generación debe preservar.
Venezuela ha demostrado, a lo largo de más de dos siglos de historia, una extraordinaria capacidad para sobreponerse a guerras, dictaduras, crisis económicas y desastres naturales. Esa misma fortaleza debe inspirar hoy un nuevo esfuerzo nacional, sustentado en la verdad, la Constitución, la justicia y la reconciliación.
Porque mientras exista una Nación consciente de su historia y decidida a defender su libertad, la República podrá renacer.
Y porque el mayor deber de nuestra generación no es únicamente denunciar el robo de elecciones , el deterioro institucional, sino asumir la responsabilidad histórica de impedir que Venezuela pierda aquello que generaciones enteras conquistaron con sacrificio: su condición de República libre, democrática y soberana.
Es la hora de defender nuestra propia identidad Nacional.
