La delegación de la oposición venezolana en el proceso de negociación buscará alcanzar un acuerdo que permita superar la intervención judicial de los partidos políticos opositores y eliminar las inhabilitaciones que impiden a distintos dirigentes participar en procesos electorales.
Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, señaló que uno de los principales objetivos es recuperar el derecho a la participación política de personas que han sido perseguidas, criminalizadas o exiliadas.
“Uno de los objetivos de nosotros es que se les devuelva el ejercicio del derecho a participar en procesos electorales a las personas que han sido criminalizadas, perseguidas, exiliadas y que se les ha violado ese derecho”, afirmó Figuera.
Entre los casos que podrían verse beneficiados por una eventual modificación de estas restricciones se encuentra el de María Corina Machado, quien obtuvo más del 90 % de los votos en las primarias opositoras de octubre de 2023. Sin embargo, no pudo competir en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 debido a la inhabilitación impuesta por el gobierno. La Plataforma Unitaria Democrática terminó postulando al diplomático Edmundo González Urrutia.
Machado continúa siendo, según las principales encuestas citadas en la información, una de las principales referencias políticas del país. No obstante, su inhabilitación vigente le impediría participar actualmente en una elección.
Figuera también cuestionó la situación de los partidos opositores, cuyos símbolos y directivas han sido modificados o asumidos mediante decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Es un hecho público y notorio que fuimos despojados de nuestras siglas políticas”, afirmó la dirigente de Primero Justicia.
La representante de la oposición sostuvo que la restitución de los partidos constituye otro de los puntos fundamentales de la propuesta, al considerar que la existencia de organizaciones políticas independientes es necesaria para garantizar la participación democrática.
