La reconstrucción tras los terremotos que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio debe apoyarse principalmente en la producción nacional y en la capacidad operativa de las empresas locales, según plantearon representantes de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) y la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC). Ambos gremios consideran que la recuperación de las zonas afectadas puede convertirse también en una oportunidad para reactivar la industria, generar empleos y movilizar inversiones, siempre que el país adopte un marco legal y económico capaz de responder a la magnitud de la tragedia.
La propuesta empresarial parte de una premisa que los representantes de ambos sectores resumen en la idea de “producir primero en Venezuela”. Los gremios sostienen que las compañías nacionales cuentan con experiencia, capacidad instalada, redes de distribución y conocimiento del mercado suficientes para participar de forma prioritaria en los trabajos de reconstrucción.
El planteamiento cobra especial relevancia ante las estimaciones del Banco Mundial, que calcula daños materiales cercanos a los 19.600 millones de dólares como consecuencia del doble terremoto. La magnitud de las pérdidas obliga a diseñar una estrategia de largo alcance que combine recursos públicos, inversión privada y cooperación internacional, pero que también permita aprovechar el potencial productivo existente dentro del país.
Reconstrucción tras los terremotos debe apoyarse en la capacidad productiva nacional
Conindustria y la Cámara Venezolana de la Construcción presentaron sus propuestas durante una reunión con Tomiris Useche, coordinadora de Finanzas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Durante el encuentro, los representantes empresariales insistieron en que una parte sustancial de los recursos destinados a la recuperación debe permanecer dentro de la economía venezolana y convertirse en una herramienta para fortalecer a los sectores productivos.
Lawrence Dow, segundo vicepresidente del gremio de los constructores, defendió la necesidad de otorgar prioridad a los bienes y servicios producidos en Venezuela.
Según explicó, los recursos destinados a esta fase deben seguir una lógica basada en otorgar preponderancia a la producción nacional. Desde su perspectiva, la mayoría de los materiales, servicios y capacidades necesarias para reconstruir el país deberían provenir de empresas venezolanas siempre que estas puedan responder a los estándares requeridos.
Los gremios sostienen que esta estrategia generaría un efecto multiplicador sobre la economía. La contratación de empresas nacionales permitiría mantener recursos dentro del circuito productivo, estimular la actividad industrial, preservar puestos de trabajo y crear nuevas oportunidades laborales vinculadas con construcción, transporte, manufactura, servicios y distribución.
La recuperación de viviendas, vías, instalaciones públicas, redes de servicios básicos y edificaciones privadas demandará enormes cantidades de materiales. Cemento, acero, vidrios, componentes eléctricos, tuberías, pinturas, productos químicos y equipos forman parte de una cadena que podría movilizar a numerosos sectores industriales.
Los empresarios consideran que Venezuela debe evitar depender exclusivamente de importaciones para cubrir estas necesidades. Aunque reconocen que determinados materiales y tecnologías tendrán que adquirirse en el exterior, plantean que la producción interna debe recibir prioridad cuando exista capacidad suficiente para responder.
El objetivo no se limita a reparar los daños causados por los terremotos. Los representantes de la industria y la construcción también observan la reconstrucción como una oportunidad para recuperar parte de la capacidad productiva que el país perdió durante años de contracción económica y baja inversión.
En ese sentido, el proceso podría convertirse en un punto de partida para modernizar instalaciones, fortalecer cadenas de suministro y estimular nuevas inversiones privadas.
Banco Mundial advierte que una recuperación lenta podría prolongarse durante una década
La dimensión financiera de la tragedia constituye uno de los principales desafíos para Venezuela.
El Banco Mundial estima que los daños materiales ocasionados por los movimientos sísmicos ascienden aproximadamente a 19.600 millones de dólares. Este cálculo refleja el impacto sobre viviendas, infraestructura pública, instalaciones comerciales y otros activos destruidos o severamente afectados.
El organismo internacional también advierte que, con los niveles actuales de inversión pública y privada, el país tendría que redirigir recursos de otros proyectos para financiar la recuperación.
Este escenario podría retrasar significativamente la reconstrucción y mantener sectores afectados sin una recuperación completa durante un horizonte de hasta diez años.
El Banco Mundial señala que una recuperación demasiado lenta tendría consecuencias prolongadas sobre la economía y sobre las condiciones de vida de las comunidades damnificadas. La falta de viviendas, infraestructura adecuada y servicios básicos puede reducir la actividad productiva, dificultar la movilidad y limitar la recuperación del empleo.
En contraste, el organismo considera que un esfuerzo más acelerado, respaldado por un aumento de la inversión pública y privada, podría reducir el impacto económico y social de la catástrofe.
Este análisis coincide con la posición del sector empresarial, que considera indispensable movilizar capital de manera rápida y eliminar obstáculos capaces de retrasar nuevos proyectos.
Para alcanzar ese objetivo, los gremios plantean no solo aumentar la inversión, sino también mejorar las condiciones que enfrentan las empresas para acceder a financiamiento y desarrollar proyectos.
La recuperación requerirá recursos provenientes de distintas fuentes. El Estado tendrá un papel central, pero la escala del desastre también demandará la participación de compañías privadas, organismos multilaterales, instituciones financieras y posibles inversionistas internacionales.
La capacidad de coordinar estos actores determinará la velocidad con la que el país pueda reconstruir las zonas afectadas.
Los empresarios también señalan que una recuperación acelerada permitiría generar empleos y estimular sectores vinculados directa o indirectamente con la construcción. Cada proyecto puede activar cadenas que incluyen transporte, servicios técnicos, comercio, logística y producción de insumos.
Por esta razón, consideran que la reconstrucción debe entenderse no solo como una respuesta humanitaria, sino también como una estrategia económica.
Empresarios proponen una normativa transitoria para destrabar inversiones
Además de priorizar la producción nacional, Conindustria y la Cámara Venezolana de la Construcción identifican el marco legal como uno de los principales obstáculos para acelerar la recuperación.
Los gremios aseguran que actualmente existen más de 200 leyes restrictivas que dificultan el flujo de inversiones necesarias para reconstruir las zonas afectadas.
Ante la complejidad de reformar individualmente cada instrumento legal, proponen aprobar una normativa transitoria capaz de funcionar como un puente entre la legislación vigente y un modelo regulatorio más favorable para la inversión.
Este mecanismo permitiría adoptar medidas excepcionales durante la fase de reconstrucción y simplificar procedimientos que actualmente pueden retrasar la ejecución de proyectos.
Entre las propuestas figuran estímulos fiscales y parafiscales, reducción de trámites administrativos y mecanismos más flexibles para facilitar el acceso al crédito.
Los empresarios también plantean crear condiciones que permitan a los ciudadanos adquirir o alquilar viviendas en períodos más cortos y bajo términos favorables para propietarios e inquilinos.
Este punto resulta especialmente importante debido al número de familias que perdieron sus hogares o que actualmente necesitan soluciones habitacionales temporales y permanentes.
La disponibilidad de financiamiento representa otro componente esencial. Muchas empresas pueden contar con experiencia y capacidad operativa, pero necesitan capital para adquirir materiales, contratar trabajadores y ampliar sus operaciones.
Por ello, los gremios consideran indispensable que el sistema financiero acompañe el proceso mediante líneas de crédito adaptadas a las necesidades de la reconstrucción.
Conindustria y la CVC también vinculan estas reformas con una necesidad más amplia de fortalecer las instituciones del país.
Los representantes empresariales advierten que, sin un marco legal adaptado a la magnitud de la tragedia, la recuperación podría avanzar demasiado lentamente y perder oportunidades para generar crecimiento económico.
Por esa razón, plantean la “reinstitucionalización del país” como una condición necesaria para superar obstáculos que durante años han limitado el desarrollo sostenido del sector industrial.
La reconstrucción abre así un debate que va más allá de reparar edificios y carreteras. También obliga a definir qué modelo económico y regulatorio utilizará Venezuela para enfrentar uno de los mayores desafíos materiales de su historia reciente.
Los empresarios plantean que la respuesta debe combinar inversión, producción nacional, flexibilización regulatoria y participación privada.
El reto será transformar estas propuestas en medidas concretas capaces de movilizar recursos sin sacrificar controles, transparencia ni calidad en las obras.
Con daños estimados en 19.600 millones de dólares, el proceso exigirá años de trabajo y una coordinación constante entre el sector público, las empresas y los organismos internacionales.
Para Conindustria y la Cámara Venezolana de la Construcción, la prioridad debe estar clara desde el comienzo: utilizar la reconstrucción para recuperar las zonas devastadas y, al mismo tiempo, reactivar la capacidad productiva del país.
Con información de EFE
