El inicio del año escolar en Venezuela, previsto para el próximo 14 de septiembre, enfrenta un escenario complejo debido a los daños que el doble terremoto del 24 de junio causó en la infraestructura educativa de siete estados. La falta de información detallada sobre la rehabilitación de los planteles, el uso de escuelas como refugios y la crisis que ya atravesaba el sistema aumentan la incertidumbre entre padres, representantes, docentes y estudiantes.
Nancy Hernández de Marín, integrante de la directiva de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), advirtió que las familias desconocen el estado real de muchas instituciones y las medidas que aplicarán las autoridades para atender a la matrícula de las zonas más afectadas.
Los movimientos telúricos marcaron un punto de quiebre para una estructura educativa que ya presentaba deterioro, fallas en los servicios básicos y dificultades para mantener a sus trabajadores. El impacto de la emergencia no se limita a las paredes, techos o instalaciones sanitarias, sino que también alcanza la salud emocional de quienes regresarán a las aulas.
“Nosotros no vamos a regresar a la normalidad o a una nueva normalidad. Los terremotos del 24 de junio significaron un punto de quiebre para la sociedad venezolana”, afirmó Hernández durante una entrevista en el programa De Primera Mano, de Radio Fe y Alegría Noticias.
La representante de Fenasopadres pidió que los primeros días del período escolar no se concentren exclusivamente en el contenido académico. A su juicio, las escuelas necesitan abrir espacios de escucha y acompañamiento para ayudar a estudiantes y docentes a procesar el trauma que dejaron los sismos.
Inicio del año escolar en Venezuela genera incertidumbre familiar
El calendario oficial fija el comienzo de las actividades para el 14 de septiembre, pero muchas familias todavía no saben si los centros educativos reúnen condiciones adecuadas para recibir a los alumnos.
La ausencia de un reporte público detallado impide conocer cuántas escuelas sufrieron daños, cuáles completaron sus reparaciones y qué instituciones necesitarán más tiempo. Los padres tampoco disponen de información suficiente sobre las alternativas previstas para los estudiantes cuyos planteles no puedan abrir.
Hernández explicó que esta falta de respuestas incrementa la preocupación. Antes de enviar a sus hijos a clases, los representantes necesitan conocer el resultado de las inspecciones y comprobar que los edificios no presentan amenazas.
Las evaluaciones técnicas adquieren una importancia central después de un terremoto. Los especialistas deben revisar columnas, vigas, paredes, escaleras, techos y conexiones de servicios. Una institución puede mostrar daños superficiales y conservar su estabilidad, mientras otra podría ocultar fallas que requieren una intervención más profunda.
Las autoridades también necesitan comunicar los resultados con un lenguaje claro. Una etiqueta o clasificación técnica no siempre permite que los padres comprendan el nivel de riesgo. Cada comunidad educativa debería recibir una explicación sobre las condiciones del inmueble, los trabajos ejecutados y las áreas que permanecerán cerradas.
El doble sismo afectó instalaciones en siete estados, incluida el área metropolitana de Caracas. Esta extensión obliga al Estado a coordinar las reparaciones entre diferentes regiones y a priorizar los casos que representen un peligro mayor.
Sin un balance consolidado, las familias no pueden determinar si el 14 de septiembre resulta una fecha viable para todo el país. Algunos planteles podrían iniciar actividades presenciales, mientras otros necesitarían aplicar horarios especiales, utilizar sedes alternas o retrasar su apertura.
Fenasopadres también cuestionó la fecha escogida porque el sistema necesita atender problemas que van más allá de la infraestructura. Los responsables del calendario deben considerar la disponibilidad de docentes, los servicios básicos y la situación de las familias damnificadas.
Un retorno uniforme puede ignorar las diferencias entre comunidades. Los sectores menos golpeados podrían avanzar con relativa normalidad, pero las zonas que perdieron viviendas, servicios o escuelas necesitarán medidas adaptadas a su realidad.
La información oficial permitirá evitar improvisaciones. Las familias requieren instrucciones antes de la fecha de apertura, no después de acudir a un plantel que todavía presenta limitaciones.
La crisis educativa comenzó antes de los movimientos sísmicos
Hernández recordó que la educación venezolana ya acumulaba una crisis estructural antes del 24 de junio. El deterioro de las instalaciones, los bajos salarios docentes y las deficiencias de agua y electricidad afectaban el funcionamiento de numerosos centros.
Los terremotos agravaron esas dificultades y aumentaron las necesidades económicas. Una escuela que ya presentaba filtraciones, baños inoperativos o conexiones eléctricas deficientes puede requerir ahora reparaciones más amplias para recibir nuevamente a sus alumnos.
Los servicios básicos determinan la viabilidad de las actividades. Un plantel sin agua no puede garantizar higiene, preparación de alimentos ni funcionamiento de los sanitarios. Las fallas eléctricas, por otra parte, dificultan la ventilación, la iluminación y el uso de equipos.
La disponibilidad de maestros también influye en la recuperación. Los salarios insuficientes han golpeado la estabilidad del personal educativo y han obligado a muchos profesionales a buscar otras fuentes de ingresos. Después del terremoto, algunos docentes pueden formar parte de las familias afectadas o residir lejos de sus lugares de trabajo.
En ese contexto, la simple apertura de las puertas no garantiza el derecho a la educación. El Estado necesita asegurar edificios habitables, maestros suficientes, servicios operativos y recursos para desarrollar las actividades académicas.
Hernández propuso una flexibilización curricular para los primeros días. Esta medida permitiría adaptar el contenido y dedicar tiempo a conocer el estado emocional de los estudiantes y profesores.
El regreso puede activar recuerdos del terremoto, especialmente si los movimientos ocurrieron cuando los niños se encontraban dentro de edificios o cerca de estructuras que sufrieron daños. Algunos podrían sentir miedo ante vibraciones, ruidos fuertes o grietas visibles.
Los docentes también vivieron la emergencia y necesitan apoyo. Pedirles que atiendan las emociones de los alumnos sin ofrecerles orientación puede aumentar su carga y limitar su capacidad de respuesta.
La escucha activa permitiría identificar quiénes perdieron familiares, hogares o pertenencias. También ayudaría a detectar señales de ansiedad, aislamiento o temor que requieran atención profesional.
Este acompañamiento no debería sustituir indefinidamente el contenido académico. Su objetivo consiste en preparar a la comunidad para retomar progresivamente el aprendizaje, sin ignorar el impacto humano de la tragedia.
Cada plantel necesitará adaptar esa estrategia a sus condiciones. Algunas comunidades sufrieron daños menores, mientras otras enfrentaron pérdidas profundas. Un programa rígido podría resultar insuficiente frente a esa diversidad.
Escuelas utilizadas como refugios necesitan una salida ordenada
El uso de instituciones educativas como refugios temporales plantea otro desafío antes del 14 de septiembre. Varias familias encontraron protección en estos espacios después de perder sus viviendas o abandonarlas por razones de seguridad.
Fenasopadres pidió que las autoridades gestionen cualquier desalojo de manera respetuosa. Recuperar los edificios para las clases no puede significar que los damnificados queden sin una alternativa habitacional.
El Estado debe garantizar simultáneamente el derecho a la educación y la protección de quienes perdieron sus hogares. Para alcanzar ese equilibrio, necesita reubicar a las familias en espacios adecuados antes de recuperar las escuelas.
Después de la salida de los refugiados, cada institución requerirá limpieza, desinfección y revisión de sus servicios. Los salones utilizados durante semanas para alojar personas no pueden transformarse de inmediato en aulas sin aplicar protocolos sanitarios.
Los equipos también tendrán que examinar baños, cocinas, depósitos y redes de agua. El uso continuo puede haber provocado desgaste o generado nuevas necesidades de mantenimiento.
Una evacuación apresurada trasladaría el problema de un lugar a otro. Las familias necesitan conocer con anticipación dónde vivirán, cuánto tiempo permanecerán allí y qué apoyo recibirán durante la reconstrucción.
Hernández insistió además en que las autoridades deben incorporar a la sociedad civil, las universidades y los gremios en cualquier reforma del sistema. Estos sectores pueden aportar estudios, experiencias y conocimiento directo de las comunidades.
La participación de los padres también resulta indispensable. Los representantes conocen las condiciones de los planteles y pueden informar sobre fallas que no aparecen en los reportes administrativos.
Las universidades aportarían especialistas en ingeniería, psicología, educación y planificación. Los gremios docentes, por su parte, pueden identificar necesidades laborales y académicas que influyen en el regreso.
“La educación es el segundo pacto social de una nación después de la Constitución”, remarcó Hernández. Con esa afirmación, destacó que el sistema no solo transmite contenidos, sino que también ayuda a construir convivencia, ciudadanía y cohesión social.
El panorama no permite ofrecer una respuesta única sobre las condiciones para comenzar el período 2026-2027. Algunos planteles podrían estar preparados, pero otros necesitarán reparaciones, servicios, limpieza o soluciones para las familias refugiadas.
El Gobierno debe publicar un balance por institución y explicar las alternativas que aplicará en cada zona. Esa información permitirá que las comunidades se preparen y que los padres tomen decisiones con mayor certeza.
El 14 de septiembre no debería convertirse únicamente en una fecha administrativa. El retorno necesita combinar seguridad estructural, servicios básicos, disponibilidad docente y acompañamiento socioemocional.
Venezuela enfrenta el desafío de reabrir sus escuelas sin ignorar la crisis previa ni las consecuencias del terremoto. El éxito dependerá de la capacidad del Estado para informar, coordinar y escuchar a las comunidades educativas antes de llamar a millones de estudiantes a regresar a las aulas.
