La Comisión de Miami Beach analiza si debe mantener, limitar o reubicar las cámaras automáticas que registran las matrículas de los vehículos, en medio de un debate sobre seguridad pública y privacidad.
El futuro de las cámaras de reconocimiento automático de matrículas volvió al centro del debate en Miami Beach luego de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenara retirar estos dispositivos instalados en carreteras estatales ante preocupaciones relacionadas con la privacidad y el manejo de la información recopilada.
Durante una reunión de la Comisión de Miami Beach, funcionarios y comisionados analizaron distintas alternativas para las cámaras que deberán ser retiradas de las vías estatales. Entre las opciones planteadas están detener la expansión del sistema o trasladar algunos de los dispositivos a propiedades privadas.
La discusión estuvo marcada principalmente por el uso y la protección de los datos obtenidos mediante estas cámaras.
“Lo más importante es la privacidad de los residentes, que no se sientan que la ciudad los está vigilando”, explicó el comisionado Alex Fernández, quien señaló que la comisión busca establecer mayores controles para proteger a los habitantes.
Las cámaras registran las matrículas de los vehículos y pueden recopilar información adicional, como el modelo y el color del automóvil. Para el jefe de la Policía de Miami Beach, Wayne Jones, el principal problema no está necesariamente en la tecnología, sino en cómo las agencias administran y protegen la información.
Jones advirtió que los riesgos están relacionados con los controles establecidos por las personas y las instituciones que tienen acceso a esos datos.
La policía defiende su utilidad
Aunque Miami Beach no utiliza el sistema Flock, la ciudad cuenta con cámaras automáticas de lectura de matrículas, algunas de ellas ubicadas en carreteras estatales como Alton Road.
El alcalde Steven Meiner defendió el uso de esta tecnología y aseguró que ha contribuido a investigaciones relacionadas con delitos graves.
Entre los casos mencionados se encuentran vehículos robados, delincuentes violentos, tráfico de drogas, trata de personas y crímenes de odio.
Meiner propuso aprovechar parte de las cámaras que deberán ser retiradas de las carreteras estatales y trasladarlas a propiedades privadas. Según explicó, ya existen propietarios interesados en permitir su instalación.
La propuesta, sin embargo, no cuenta con un respaldo unánime dentro de la comisión.
El comisionado David Suárez planteó suspender cualquier ampliación de la red de vigilancia hasta que exista una discusión pública sobre las medidas de protección y las condiciones bajo las cuales se utiliza la información.
“Rastrear y monitorear a las personas en donde estén podría ser un abuso de privacidad”, advirtió Suárez.
La decisión queda pendiente
Por ahora, Miami Beach no ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro de las cámaras.
El jefe de la Policía deberá presentar durante la próxima reunión de la Comisión, prevista para octubre, una lista de posibles medidas de protección y controles de privacidad.
El debate refleja una discusión cada vez más frecuente en el sur de Florida: cómo aprovechar herramientas tecnológicas que pueden ayudar a combatir el crimen sin convertirlas en sistemas de vigilancia que afecten la privacidad de los residentes.
