Gobierno pide trasladar recursos del metro de Bogotá y la calle 13 para atender la crisis energética

La propuesta contempla reasignar $750.000 millones de las dos obras capitalinas. Hacienda sostiene que corresponden a partidas reprogramadas que no se ejecutarían en 2026 y que el ajuste no afectaría los compromisos de 2027

El Gobierno colombiano solicitó al Congreso autorización para trasladar $750.000 millones del metro de Bogotá y la calle 13 como parte de una operación presupuestal destinada a atender las necesidades del sector eléctrico. De ese monto, $313.000 millones corresponden a la primera línea del sistema ferroviario y $437.000 millones a la ampliación de la vía.

La solicitud integra modificaciones al Presupuesto General de la Nación de 2026 por $3,9 billones. El Ejecutivo propone redistribuir $1,2 billones para energía y adicionar $2,7 billones para financiar la atención y reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Las medidas todavía requieren aprobación legislativa.

Metro de Bogotá: Hacienda defiende el traslado de partidas reprogramadas

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicó ante las Comisiones Económicas del Congreso que los recursos de movilidad corresponden a apropiaciones que no se ejecutarían durante 2026. Según su versión, la reprogramación comenzó durante la administración anterior y el Gobierno actual culminó el trámite.

El funcionario atribuyó al expresidente Gustavo Petro la modificación del calendario de desembolsos mediante un otrosí al convenio de cofinanciación. También aseguró que la reasignación no afectará las partidas de 2027 ni los sistemas de transporte de otras regiones.

La explicación responde a los cuestionamientos que presentan la medida como un recorte a Bogotá. Para Hacienda, el traslado aprovecha recursos disponibles en esta vigencia para responder a una necesidad inmediata del sistema eléctrico.

¿El cambio presupuestal afectaría el avance de las obras?

La posición oficial sostiene que modificar el flujo de desembolsos no altera el valor total de los compromisos ni el cronograma de construcción. Los ajustes financieros anteriores también buscaron reorganizar los aportes nacionales sin interrumpir la ejecución.

Sin embargo, las referencias sobre los otrosíes no coinciden plenamente: algunas sitúan los pagos aplazados en 2025 y 2026, mientras el ministro señala que los desembolsos de 2026 pasaron a 2027 y años posteriores.

Esa diferencia exige distinguir tres asuntos: el dinero disponible para gastar este año, los aportes futuros comprometidos y las necesidades de caja de los proyectos. El traslado propuesto no demuestra por sí solo que las obras vayan a detenerse, pero la garantía de continuidad depende del cumplimiento del calendario financiero acordado.

Por ahora, Hacienda defiende que las partidas involucradas no se utilizarían en 2026. La discusión legislativa deberá examinar esa justificación y su compatibilidad con las obligaciones de cofinanciación.

Energía y reconstrucción tendrían fuentes distintas

Los $1,2 billones para el sector eléctrico provendrían de los $750.000 millones asociados a las obras capitalinas y de $450.000 millones del Ministerio de Minas y Energía. Esta parte de la operación redistribuye apropiaciones existentes, sin aumentar por ese concepto el presupuesto aprobado.

El Ejecutivo plantea dirigir los recursos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para atender obligaciones de la cadena eléctrica. Busca reducir el riesgo de interrupciones en los pagos a las generadoras térmicas, en medio de las dificultades financieras de Air-e y las presiones de abastecimiento asociadas a El Niño.

Por separado, la adición de $2,7 billones para el Fondo Milagro financiaría asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación y reconstrucción en 16 departamentos afectados por el sismo.

Estos recursos procederían de ingresos extraordinarios relacionados con alivios tributarios. Según la información presentada, la Dian certificó un recaudo de $1,1 billones hasta el 24 de octubre; el Gobierno espera completar nuevos ingresos antes del vencimiento del beneficio, previsto para el 19 de noviembre.

El Congreso debe resolver la solicitud antes del cierre de la vigencia presupuestal, el 31 de diciembre. Su decisión determinará si el Ejecutivo puede utilizar las fuentes propuestas para atender ambas emergencias.

Con información de Infobae

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