La exjueza María Lourdes Afiuni obtuvo este viernes 7 de agosto la libertad plena y el cierre definitivo del proceso judicial que permanecía abierto en su contra desde 2009, según informó su familia a través de un comunicado.
La decisión se conoció un día después de que sus familiares alertaran sobre su delicado estado de salud y revelaran que Afiuni fue diagnosticada con tres lesiones tumorales. También habían solicitado públicamente el cierre definitivo del expediente para permitirle salir de Venezuela y acceder a tratamiento médico especializado.
La familia calificó el cierre del proceso como el final de un capítulo marcado por “graves violaciones a los derechos humanos” y años de persecución. En el comunicado señalaron que la decisión “restituye plenamente su libertad” y pone fin a un proceso que, a su juicio, “nunca debió existir”.
El caso de Afiuni comenzó el 10 de diciembre de 2009, cuando la entonces jueza fue detenida después de conceder una medida de libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, quien permanecía privado de libertad sin una sentencia firme.
La decisión judicial se produjo en cumplimiento de una recomendación del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. Un día después, el entonces presidente Hugo Chávez pidió públicamente que Afiuni fuera condenada a la pena máxima, una declaración que fue señalada por organizaciones nacionales e internacionales como una grave amenaza contra la independencia judicial.
Durante los años siguientes, Afiuni enfrentó un proceso que se convirtió en uno de los casos más emblemáticos sobre persecución judicial e independencia de los poderes públicos en Venezuela.
En su comunicado de este viernes, sus familiares agradecieron a las organizaciones de derechos humanos, periodistas, ciudadanos y juristas que acompañaron la exigencia de justicia durante estos años.
“Este desenlace representa el final de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y la persecución durante años”, señaló la familia.
Asimismo, consideraron que la historia de Afiuni debe servir como una advertencia sobre los riesgos de utilizar el sistema judicial como mecanismo de represalia contra quienes ejercen sus funciones de manera independiente.
La familia también expresó su esperanza de que el cierre definitivo del caso contribuya a la reconstrucción de la independencia judicial en Venezuela y sostuvo que la experiencia de la exjueza no debe ser recordada únicamente por la injusticia que sufrió, sino también por la defensa de la independencia judicial como garantía de libertad y derechos.
