El 27 % de las escuelas afectadas por los terremotos del 24 de junio presenta daños graves de infraestructura en La Guaira, Caracas y Miranda, según un informe que difundió Cecodap. La organización advirtió que el regreso a las aulas previsto para septiembre debe garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes, trabajadores y representantes.
Carlos Trapani, director de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), explicó este martes que las autoridades no deben ordenar una reapertura general de los planteles sin completar primero las inspecciones técnicas. El defensor de derechos humanos pidió analizar las condiciones de cada sede y mantener cerrados los espacios que puedan poner en peligro a la comunidad educativa.
“No se trata de abrir por abrir, sino de que el retorno presencial sea seguro”, afirmó Trapani al presentar los hallazgos del informe “Educación después de los terremotos”.
El documento analiza las consecuencias del doble movimiento sísmico sobre niños, niñas y adolescentes. Cecodap registró 1.405 casos de menores afectados, entre ellos 221 fallecidos, una cifra que evidencia la dimensión del impacto sobre la población infantil.
La emergencia no solo causó daños físicos y pérdidas humanas. Más de 200 niños desplazados presentan afectaciones emocionales relacionadas con la destrucción de sus viviendas, la separación de sus comunidades y las dificultades que atraviesan sus familias.
Cecodap pidió combinar la continuidad educativa con programas de acompañamiento psicosocial. La organización considera que reparar paredes, techos o salones no será suficiente si el sistema no atiende también el miedo, el duelo y la incertidumbre que experimentan los estudiantes.
El comienzo del nuevo año escolar plantea un desafío complejo. Las instituciones deben ofrecer educación sin exponer a los alumnos a edificios inseguros y sin ignorar las necesidades emocionales que surgieron después de la tragedia.
Escuelas afectadas por los terremotos requieren inspecciones
El porcentaje divulgado por Cecodap muestra que más de una cuarta parte de los planteles incluidos en su evaluación presenta daños graves. Sin embargo, la información disponible no precisa el número total de escuelas inspeccionadas, por lo que el 27 % debe entenderse como una proporción de la muestra analizada y no necesariamente de todos los centros educativos existentes en las tres entidades.
Las autoridades necesitan ampliar las revisiones antes de confirmar cuáles instituciones podrán abrir en septiembre. Los equipos deben examinar columnas, vigas, paredes, techos, escaleras, sistemas eléctricos y redes de agua.
Una escuela puede conservar su apariencia exterior y tener daños internos que comprometan su estabilidad. Las grietas, los desplazamientos de elementos estructurales y las fallas en las conexiones requieren la evaluación de ingenieros.
La Guaira concentra una parte importante de las afectaciones porque recibió el impacto más severo de los terremotos. Caracas y Miranda también registraron daños en edificios, viviendas y servicios.
Los planteles situados cerca de laderas, quebradas o terrenos inestables necesitan estudios adicionales. Las lluvias pueden agravar los problemas creados por los sismos y generar deslizamientos alrededor de instalaciones educativas.
Cecodap pidió que ninguna escuela con riesgos abra sus puertas hasta que reúna condiciones adecuadas. Esta posición obliga a las autoridades a establecer criterios claros y comunicar los resultados a docentes, padres y representantes.
Cada evaluación debería indicar si el inmueble puede utilizarse sin restricciones, necesita reparaciones o debe permanecer cerrado. Los informes también deben precisar cuáles áreas resultan seguras y qué trabajos deben realizar los responsables.
El inicio de clases puede requerir soluciones alternativas. Si una institución no puede recibir estudiantes, las autoridades podrían organizar horarios rotativos, habilitar sedes temporales o trasladar grupos a otros planteles.
Estas medidas deben considerar la distancia, el transporte y la capacidad de las escuelas receptoras. Enviar demasiados alumnos a un mismo centro puede generar hacinamiento y reducir la calidad de la enseñanza.
Los cambios también afectan a los docentes. Muchos trabajadores perdieron viviendas, familiares o bienes y afrontan las mismas dificultades que sus estudiantes.
La planificación debe incluir las condiciones del personal, la disponibilidad de materiales y el acceso a servicios básicos. Una sede estructuralmente estable no puede funcionar con normalidad si carece de agua, electricidad o baños.
La comunidad educativa necesita participar en las decisiones. Los representantes pueden aportar información sobre las condiciones del edificio y conocer de primera mano los temores de los niños.
La transparencia evitará que las familias reciban una orden de retorno sin conocer los resultados de las inspecciones. También permitirá que cada comunidad supervise las reparaciones y reporte nuevas fallas.
La emergencia golpeó con fuerza a la infancia
El informe “Educación después de los terremotos” registró 1.405 casos de niños, niñas y adolescentes afectados. Dentro de ese balance, Cecodap documentó 221 fallecimientos.
La muerte de tantos menores revela que la emergencia tuvo consecuencias especialmente graves sobre las familias. Cada caso representa una pérdida que también afecta a compañeros, docentes y comunidades.
Las escuelas deberán prepararse para recibir a estudiantes que perdieron hermanos, padres, amigos o vecinos. Algunos regresarán a sus salones sin compañeros que formaban parte de su vida cotidiana antes del 24 de junio.
El duelo puede manifestarse de distintas maneras. Los niños pueden mostrar tristeza, irritabilidad, dificultades para concentrarse, alteraciones del sueño o rechazo a permanecer dentro de edificios.
Otros pueden experimentar temor ante ruidos, movimientos, lluvias o alarmas. Una réplica pequeña puede reactivar el recuerdo del desastre y provocar una respuesta intensa.
Los docentes necesitarán orientación para reconocer estas señales. Su función no reemplaza el trabajo de psicólogos, pero pueden identificar cambios y solicitar apoyo especializado.
El sistema educativo también debe evitar presionar a los estudiantes para que retomen inmediatamente el mismo ritmo académico. La recuperación emocional no ocurre de forma idéntica en todos los casos.
Algunos alumnos podrán participar con relativa normalidad, mientras otros requerirán tiempo, adaptaciones y atención individual. Las evaluaciones académicas deberían considerar estas diferencias.
Cecodap registró además a más de 200 menores desplazados con afectaciones emocionales. Estos niños abandonaron sus viviendas y permanecen en refugios, casas de familiares u otros espacios transitorios.
El desplazamiento altera las rutinas y puede separar a los alumnos de sus escuelas. También reduce su privacidad y dificulta que dispongan de un lugar tranquilo para estudiar.
Las familias damnificadas concentran sus esfuerzos en conseguir vivienda, alimentos, documentos y atención médica. En ese contexto, la educación puede perder prioridad aunque siga siendo esencial para recuperar la estabilidad.
Regresar a una rutina escolar segura puede ofrecer estructura, convivencia y apoyo. Sin embargo, una apertura improvisada podría aumentar el estrés si el edificio conserva daños visibles o carece de protocolos de emergencia.
La escuela debe convertirse en un espacio de recuperación y no en otra fuente de miedo. Para lograrlo, necesita personal capacitado, información clara y actividades adecuadas para procesar lo ocurrido.
El regreso a clases exige apoyo psicosocial
Cecodap planteó que la continuidad educativa debe avanzar junto con mecanismos de acompañamiento emocional. La atención no puede limitarse a los menores que presentan síntomas evidentes, porque algunas reacciones aparecen semanas o meses después.
Los programas deberían incluir a estudiantes, docentes y familias. Los adultos responsables también necesitan herramientas para hablar sobre la tragedia y responder a las preguntas de los niños.
El apoyo psicosocial puede desarrollarse mediante orientación individual, actividades grupales y derivaciones a servicios especializados. Cada escuela debe contar con una ruta para atender los casos que requieran intervención clínica.
Los planteles también necesitan actualizar sus planes de emergencia. Los estudiantes y trabajadores deben conocer las zonas seguras, las rutas de salida y los puntos de encuentro.
Los simulacros pueden ayudar a preparar a la comunidad, pero las autoridades deben ejecutarlos con sensibilidad. Una actividad mal planificada podría aumentar la ansiedad de quienes vivieron el terremoto.
Antes de realizar ejercicios, los docentes deberían explicar su propósito y ofrecer apoyo a los niños que no se sientan preparados. La participación debe fortalecer la seguridad y no reproducir el trauma.
La infraestructura y la salud mental forman parte de una misma respuesta. Un salón reparado ofrece protección física, mientras el acompañamiento permite que los alumnos recuperen la confianza para permanecer allí.
El Ministerio de Educación y las autoridades regionales tendrán que coordinar las inspecciones, reparaciones y alternativas pedagógicas. También deberán informar qué ocurrirá con los estudiantes cuyos centros permanezcan cerrados.
Garantizar la continuidad implica evitar que los niños pierdan el año o abandonen el sistema debido al desplazamiento. Las instituciones necesitan flexibilizar inscripciones, documentos, uniformes y materiales para las familias damnificadas.
Los alumnos que cambiaron de localidad deberían incorporarse temporalmente a otros centros sin enfrentar trámites que retrasen su escolarización. Las escuelas receptoras también requerirán recursos para atender el aumento de matrícula.
La reconstrucción educativa tendrá que mirar más allá de septiembre. Algunos edificios necesitarán reparaciones prolongadas o sustitución total, mientras las consecuencias emocionales pueden extenderse durante años.
El informe de Cecodap establece una advertencia clara: fijar una fecha de regreso no resuelve por sí sola la crisis. Las autoridades deben demostrar que cada sede ofrece condiciones seguras y que los estudiantes recibirán el apoyo necesario.
La cifra de 27 % exige acciones inmediatas, pero también una revisión más amplia que permita conocer el estado de todos los planteles en las zonas afectadas. Sin un diagnóstico completo, el sistema no podrá planificar con precisión.
La educación representa una parte central de la recuperación. Volver a las aulas puede ayudar a reconstruir rutinas y comunidades, siempre que el Estado priorice la seguridad, la atención emocional y el derecho de los niños a estudiar sin exponerse a nuevos riesgos.
