La Ley contra el Odio en Venezuela ha servido como fundamento para imputar a 927 personas por el delito de instigación al odio desde su entrada en vigencia en 2017, según registros publicados por Foro Penal este 30 de septiembre. La organización precisó que seis de esos ciudadanos continúan detenidos y otros 638 mantienen medidas cautelares.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, explicó que las autoridades han combinado en numerosos expedientes ese cargo con delitos como terrorismo y asociación. El balance aparece un día después de que Delcy Rodríguez solicitara al Parlamento una reforma parcial de la legislación para avanzar en la despenalización de algunas conductas.
Ley contra el Odio en Venezuela entra en proceso de reforma
Rodríguez argumentó que la norma recibió una aplicación abusiva y pidió modificarla con carácter de urgencia para favorecer, según su planteamiento, la convivencia democrática y transformar aspectos del sistema de justicia penal. Sin embargo, la propuesta todavía no detalla públicamente qué artículos cambiarán.
La ley contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión para determinadas conductas relacionadas con la promoción o incitación al odio, discriminación o violencia. Organizaciones de derechos humanos y sectores opositores han cuestionado durante años su amplitud y aplicación.
Asamblea Nacional crea comisión especial
El Parlamento constituyó una comisión especial para redactar el proyecto de reforma parcial. Pedro Infante presidirá el grupo, integrado por 11 diputados de distintas fracciones políticas.
La instancia deberá revisar el texto vigente y presentar una propuesta legislativa. Hasta ahora, la Asamblea Nacional no ha informado cuáles disposiciones eliminará, modificará o mantendrá.
El proceso ocurre después del segundo ciclo de diálogo entre el Gobierno y representantes de la Asamblea Nacional de 2015, donde la revisión de normas relacionadas con garantías políticas y libertad de expresión formó parte de las discusiones.
Gremios de periodistas piden eliminar la normativa
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa consideró positivo eliminar las penas de cárcel, pero advirtió que una reforma limitada dejaría vigentes mecanismos capaces de bloquear portales, retirar contenidos o revocar concesiones de radio y televisión. Por ello, mantiene su solicitud de derogar completamente la norma.
El Colegio Nacional de Periodistas adoptó una posición similar y calificó la legislación como punitiva y discrecional. El gremio sostiene que afecta el derecho a la libertad de expresión y también reclama su eliminación.
La discusión entra ahora en una nueva etapa legislativa. El alcance real de la reforma dependerá del texto que presente la comisión y de si los cambios se limitan a las sanciones penales o también modifican las facultades administrativas cuestionadas por organizaciones y gremios.
Con información de EFE
