La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que presentará ante la Asamblea Nacional (AN) un proyecto de ley de amnistía general que, de aprobarse, extinguiría gran parte de los procesos penales por motivos políticos acumulados desde 1999. La iniciativa —anunciada durante un acto oficial frente al Tribunal Supremo de Justicia— se inscribe en un contexto de presiones internas y externas por la situación de los presos políticos y las recientes excarcelaciones.
El contenido de la propuesta ha generado reacciones encontradas: algunos sectores sociales celebran la posibilidad de liberar a cientos de detenidos arbitrariamente, mientras que organizaciones de derechos humanos advierten sobre los límites de una amnistía de amplio alcance sin mecanismos de justicia, reparación y garantías de no repetición.
Una norma para “reparar heridas”
Rodríguez explicó que la ley que impulsa ante el Parlamento tiene por objetivo promover la convivencia social y la reconciliación nacional tras décadas de confrontación política. Según sus declaraciones, la propuesta cubriría el periodo de violencia política desde 1999 hasta la actualidad, un lapso que abarca tanto los gobiernos de Hugo Chávez como los de Nicolás Maduro.
La presidenta encargada afirmó que esta medida ya había sido acordada con el propio Maduro antes de su captura en Caracas el 3 de enero en una operación militar estadounidense, y que se presentará en las próximas horas para su discusión urgente en la AN.
Rodríguez insistió en que la norma debe servir para “reencauzar la justicia” y “reparar las heridas” dejadas por años de polarización y violencia política. En su discurso pidió a los presos políticos —incluidos quienes han sido recientemente excarcelados— que rechacen la venganza, la revancha y el odio.
Exclusiones y criterios de aplicación
Aunque la amnistía que propone Rodríguez es amplia en su diseño temporal, no sería universal. La iniciativa excluye a personas procesadas o condenadas por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves de derechos humanos. Este tipo de salvaguardas son habituales en propuestas de amnistía en varios países, pero también generan debate sobre qué delitos deben quedar fuera de estos beneficios.
La presidenta encargada pidió colaboración a Jorge Rodríguez, presidente de la AN, para que la discusión y eventual aprobación del texto se realice con “máxima celeridad”. Esa urgencia refleja la presión política entorno a este debate, dado que la AN está dominada por sectores afines al gobierno interino.
Amnistías en la historia reciente de Venezuela
Si bien el gobierno ha anunciado una medida sin precedentes desde lo formal, este no sería el primer intento de aplicar amnistías en Venezuela. En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez promulgó una ley con alcance limitado para perdonar a personas vinculadas con el golpe de Estado en su contra en 2002.
Más recientemente, en 2020, durante la administración de Maduro, se otorgaron indultos presidenciales a alrededor de 110 opositores —incluidos diputados y colaboradores—, pero esa acción fue selectiva y no constituyó una amnistía general. La medida fue ampliamente criticada por su alcance limitado y por la falta de legitimidad en su aplicación.
En 2016, un intento de ley de amnistía promovido por una Asamblea controlada por la oposición fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, y nunca se aplicó.
Reacciones encontradas en sociedad civil y organizaciones de derechos humanos
La propuesta ha sido recibida con escepticismo y esperanza en distintos sectores. Familiares de presos políticos han expresado alivio y alegría ante la posibilidad de que sus seres queridos sean liberados sin condiciones. En redes sociales y en las afueras de centros de detención, se han registrado expresiones de optimismo ante lo que consideran un paso hacia la libertad de detenidos arbitrariamente.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que una amnistía de estas características no puede ser concebida simplemente como un perdón o acto de clemencia. Grupos como Foro Penal y Provea han señalado que la medida debe garantizar transparencia, justicia y reparación a las víctimas, y no convertirse en un mecanismo que favorezca la impunidad o que deje intactas las estructuras que permitieron la persecución política.
Además, defensores de derechos humanos han recordado que aún hay más de 700 personas encarceladas por motivos políticos, según informes de organizaciones como Amnesty International y Foro Penal, que siguen presionando por la liberación inmediata y sin condiciones de todos los detenidos arbitrariamente.
Un paso político en un contexto de transición
El anuncio de Rodríguez ocurre en un momento de cambios profundos en la política venezolana: tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, el país se encuentra en un proceso de reconfiguración institucional con una nueva administración que busca mostrarse más receptiva a demandas internas y externas.
Al mismo tiempo, el proyecto de amnistía se presenta en un entorno en el que la cooperación con actores internacionales —incluyendo Estados Unidos y aliados europeos— se está redefiniendo, lo que añade una dimensión geopolítica a un debate que podría marcar un hito en la historia reciente del país.
La ley de amnistía general anunciada por Delcy Rodríguez plantea una transformación potencial en el sistema penal y político venezolano, al prometer la extinción de numerosos procesos judiciales por motivos políticos acumulados durante más de dos décadas. Aunque muchos ven en ella una oportunidad para cerrar capítulos de violencia y polarización, también genera interrogantes sobre justicia, impunidad y reparación para las víctimas.
Su futuro dependerá de cómo se discuta y apruebe en la Asamblea Nacional, de las salvaguardas que se incluyan para delitos graves y de la capacidad de la sociedad civil para influir en un proceso que podría definir la coyuntura política de Venezuela en los próximos años.
🇻🇪🇺🇸‼️ | Bajo la presión directa del Presidente Donald Trump y la gestión firme del Secretario de Estado, Marco Rubio, el régimen venezolano anunció una amnistía general para presos políticos desde 1999. El anuncio de Delcy Rodríguez llega tras semanas de advertencias claras… pic.twitter.com/yvyoMkAlUb
— UHN Plus (@UHN_Plus) January 31, 2026
Con información de El Nacional
