La Ley contra el Odio debe desaparecer del ordenamiento venezolano, sostienen los abogados Zair Mundaray y Evelio Chávez y la periodista Delvalle Canelón. Los especialistas advierten que modificar algunos artículos no resolvería los mecanismos de persecución y autocensura que atribuyen a esta normativa.
El debate surge después de que Delcy Rodríguez solicitara una reforma orientada a despenalizar las conductas previstas en el texto. La funcionaria presidía la Asamblea Nacional Constituyente cuando esa instancia aprobó la legislación en 2017. Desde entonces, Foro Penal contabiliza 927 personas imputadas por instigación al odio.
Ley contra el Odio: cuestionan la discrecionalidad de sus sanciones
Mundaray, exdirector general de Actuación Procesal del Ministerio Público, considera que la norma utiliza conceptos abstractos que dificultan identificar con precisión las conductas sancionables.
Según explica, esa ambigüedad facilita interpretaciones discrecionales y permite castigar expresiones sin límites suficientemente claros. También denuncia revisiones de teléfonos, mensajes privados y computadoras como parte de prácticas que reducen el espacio cívico.
El artículo 20 establece penas de entre 10 y 20 años de prisión. Para el abogado, la propuesta oficial de despenalización podría implicar eliminar disposiciones punitivas, aunque insiste en que deben desaparecer igualmente los mecanismos administrativos de censura.
Reclaman revisar causas abiertas y medidas cautelares
Chávez, subcoordinador jurídico de Un Mundo Sin Mordaza, sostiene que reducir condenas o modificar artículos resulta insuficiente. Propone una derogación integral acompañada de la revisión de sus efectos.
Su planteamiento incluye a quienes permanecen detenidos y a las personas que afrontan prohibiciones de salida del país, presentaciones periódicas u otras restricciones. Añade que, si una conducta pierde carácter delictivo, corresponde aplicar el principio de favorabilidad penal.
La discusión también alcanza al ejercicio periodístico. Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, afirma que casi 30 de los 42 comunicadores judicializados que registraba el gremio hasta el 3 de enero enfrentaban imputaciones relacionadas con esta ley.
Comisión parlamentaria mantiene la vía de la reforma
La Asamblea Nacional designó el 29 de septiembre una comisión para elaborar los cambios. Su presidente, Pedro Infante, consideró que derogar el instrumento sería una medida extrema.
Mundaray cuestiona que la instancia no incorpore representantes de los sectores directamente afectados. Canelón, por su parte, reclama atender tanto las restricciones actuales como las consecuencias personales y familiares de los encarcelamientos.
Los periodistas Luis López y Gabriel González obtuvieron sentencias absolutorias tras enfrentar cargos que incluían instigación al odio. Su libertad plena reabrió las exigencias de revisar las demás causas y garantizar que ninguna persona permanezca sometida a restricciones arbitrarias.
Con información de El Nacional
