La reforma de la Ley contra el Odio comenzó formalmente en la Asamblea Nacional con la instalación de una comisión especial encargada de revisar el articulado y preparar un nuevo proyecto. El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, informó que el trabajo tendrá entre sus prioridades la despenalización y la precisión de conceptos para evitar interpretaciones inadecuadas.
La instancia surge después de que Delcy Rodríguez solicitara modificar parcialmente la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Infante reconoció que la norma tuvo aplicaciones abusivas en determinados casos y adelantó que la comisión estudia incluso sustituir su denominación por otra vinculada con la educación, la convivencia y la prevención de la violencia.
Reforma de la Ley contra el Odio revisará tres artículos penales
Infante señaló que la comisión analizará especialmente los artículos 20, 21 y 22, relacionados con sanciones y responsabilidades previstas en la legislación. El objetivo, según explicó, consiste en avanzar en la despenalización de determinadas conductas y delimitar con mayor precisión los conceptos incluidos en el texto.
La metodología anunciada contempla elaborar primero el proyecto de reforma y remitirlo posteriormente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Después pasaría a primera discusión en la Asamblea Nacional y, tras cumplir las etapas parlamentarias, entraría en un proceso de consulta pública.
ONG cuestionan el impacto acumulado de la normativa
La revisión ocurre mientras organizaciones civiles presentan cifras sobre la aplicación de la ley desde su aprobación en 2017. Foro Penal contabiliza 927 personas imputadas por instigación al odio, de las cuales seis permanecen detenidas y 638 mantienen medidas cautelares.
Cecodap, por su parte, informó que 118 adolescentes enfrentaron imputaciones relacionadas con esta legislación entre 2024 y 2025. La organización pidió que el debate parlamentario incorpore garantías especiales para menores de edad y revise las consecuencias de esos procesos.
Comisión prevé consulta con distintos sectores
El equipo parlamentario plantea convocar a organizaciones no gubernamentales, universidades, movimientos políticos, medios de comunicación, representantes del sistema de justicia y otros sectores sociales para recoger propuestas antes de cerrar el texto definitivo.
La Ley contra el Odio contempla actualmente penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión para determinadas conductas asociadas con la promoción del odio, la discriminación o la violencia. Desde su aprobación, organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión han cuestionado su alcance y aplicación.
La reforma entra ahora en una etapa técnica y política. El alcance de los cambios dependerá del texto que produzca la comisión y de si la revisión se limita a determinadas sanciones penales o introduce modificaciones más amplias sobre los mecanismos administrativos y las definiciones contenidas en la normativa.
Con información de EFE
