La inmunidad soberana de Cilia Flores constituye nuevamente el principal argumento de su defensa para solicitar que la justicia estadounidense desestime el proceso penal que enfrenta la esposa de Nicolás Maduro en Nueva York. Este lunes 9 de noviembre, su abogado, Andrés Sánchez, presentó una nueva moción ante un tribunal federal después de que la Fiscalía ampliara las acusaciones contra ambos, incorporara señalamientos por tortura y añadiera un cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo contra la ex primera dama venezolana.
La representación legal de Flores había recurrido por primera vez a este mecanismo el pasado 2 de septiembre, junto con los abogados de Maduro. Sin embargo, la nueva acusación que la Fiscalía presentó en octubre llevó a Sánchez a renovar sus argumentos mediante una declaración y un memorando jurídico. La estrategia busca demostrar que las autoridades estadounidenses no pueden procesar a su defendida debido a las prerrogativas que, según su interpretación, corresponden al exmandatario venezolano y a su esposa.
Inmunidad soberana de Cilia Flores: la defensa cuestiona la competencia de la justicia estadounidense
El abogado Andrés Sánchez sostiene que Flores conserva la protección jurídica que, a su juicio, deriva de su condición de esposa de quien todavía ocuparía constitucionalmente la Presidencia de Venezuela.
La inmunidad soberana constituye una figura del derecho internacional que limita, bajo determinadas circunstancias, la posibilidad de que los tribunales de un país ejerzan jurisdicción sobre otro Estado o sus representantes.
Sin embargo, su aplicación depende de diversos factores, entre ellos el reconocimiento del cargo, la naturaleza de las actuaciones cuestionadas y las normas que regulan la jurisdicción penal.
En este caso, la defensa argumenta que Washington mantiene relaciones institucionales con el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y que las autoridades venezolanas no han renunciado a las prerrogativas que reclaman para Maduro y Flores.
El planteamiento también sostiene que la ausencia física del exgobernante no implica automáticamente la pérdida de su condición presidencial.
Por ello, Sánchez considera que el tribunal estadounidense debe reconocer esa situación antes de continuar con el procedimiento judicial.
La solicitud no supone que la justicia haya aceptado los argumentos. Corresponderá al tribunal examinar si existe fundamento jurídico suficiente para impedir que la Fiscalía continúe con el caso.
La ausencia de una declaración de vacancia presidencial centra los argumentos de la defensa
Uno de los elementos más relevantes del nuevo escrito corresponde a una declaración que un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense realizó el pasado 26 de octubre.
Según el documento, el representante de Washington afirmó que Delcy Rodríguez tendría que declarar una vacante permanente de la Presidencia venezolana.
Sánchez utiliza esa afirmación para sostener que, mientras las autoridades no formalicen dicha decisión, Maduro mantiene jurídicamente la titularidad del cargo.
El abogado argumenta que su cliente puede reclamar la protección correspondiente porque el ordenamiento venezolano considera forzada la ausencia del exmandatario, quien permanece bajo custodia estadounidense desde el 3 de enero.
En su exposición, la defensa insiste en que Venezuela no ha renunciado a la inmunidad que reclama para ambos.
Este razonamiento busca establecer una relación entre la situación constitucional del país sudamericano y la competencia que tiene la justicia estadounidense para juzgar a la pareja.
No obstante, el reconocimiento diplomático de una administración y la inmunidad penal de una persona constituyen cuestiones jurídicas diferentes.
Estados Unidos desconoce la legitimidad de Maduro como presidente desde 2019, una circunstancia que también podría influir en el análisis judicial.
Los fiscales tendrán oportunidad de cuestionar la interpretación presentada por la defensa y explicar por qué consideran que el proceso debe continuar.
Nuevos cargos de narcoterrorismo y tortura amplían el proceso judicial en Nueva York
La renovación de la moción ocurre después de que la Fiscalía estadounidense presentara nuevas acusaciones contra Maduro y Flores el 15 de octubre.
El expediente incorporó señalamientos por conspiración para cometer tortura y añadió a la esposa del exmandatario una imputación relacionada con narcoterrorismo.
Estas acusaciones amplían el alcance de la causa penal que ambos enfrentan desde su traslado a Estados Unidos, después de la operación militar que permitió su captura en Caracas.
Los investigadores estadounidenses atribuyen a los acusados una presunta participación en actividades vinculadas con organizaciones criminales y estructuras utilizadas para facilitar operaciones de narcotráfico.
La nueva imputación sobre torturas también examina posibles responsabilidades relacionadas con el trato que recibieron personas privadas de libertad en Venezuela.
Maduro y Flores rechazan los señalamientos y se han declarado no culpables de los delitos que les atribuye la Fiscalía.
Mientras avanza el procedimiento, ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
El tribunal tiene previsto iniciar el juicio el 14 de junio de 2027, aunque las decisiones sobre las mociones pendientes podrían modificar el desarrollo del calendario procesal.
La defensa busca que la justicia resuelva primero el reclamo de inmunidad, porque una decisión favorable podría impedir que continúe el procedimiento contra Flores.
Por su parte, la Fiscalía mantiene las acusaciones y deberá responder a los nuevos argumentos jurídicos que presentó Sánchez.
El caso plantea una controversia sobre los límites de la jurisdicción estadounidense, el reconocimiento de las autoridades venezolanas y el alcance de las inmunidades que pueden invocar antiguos o actuales representantes de un Estado extranjero.
La resolución del tribunal determinará si acepta la petición de la defensa o permite que el proceso avance hacia el juicio previsto para el próximo año.
