La reforma eléctrica en Venezuela recibió este martes 10 de noviembre la aprobación unánime de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, después de tres aplazamientos del debate definitivo. La modificación de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico permitirá la incorporación de capital privado y extranjero a la generación de energía, en medio de una crisis que afecta a hogares, comercios e industrias por los constantes apagones y las limitaciones de infraestructura.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicó que el nuevo instrumento jurídico busca ampliar la capacidad de producción energética sin entregar completamente el servicio a operadores particulares. El diputado aseguró que la legislación no promueve la privatización, sino la participación de empresas mixtas y privadas en actividades de generación y autogeneración, bajo las condiciones que establezcan las autoridades nacionales.
Reforma eléctrica en Venezuela permitirá concesiones privadas de hasta 25 años
La nueva legislación autoriza al Ministerio de Energía Eléctrica a conceder habilitaciones a empresas interesadas en desarrollar proyectos de generación eléctrica.
Las concesiones tendrán una duración máxima de 25 años y requerirán autorización ministerial cuando las instalaciones superen los 50 megavatios (MW) de capacidad o involucren bienes públicos y redes principales de transmisión.
El texto también contempla la participación privada en determinados sistemas de distribución y comercialización de energía.
Al finalizar cada habilitación, las compañías deberán transferir a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), o a la entidad correspondiente, los bienes e instalaciones incorporados durante su vigencia, sin cargas financieras pendientes.
La reforma establece además mecanismos para resolver controversias mediante tribunales venezolanos, mediación o arbitraje.
Empresas petroleras podrán generar electricidad para sus propias operaciones
La modificación legal también introduce disposiciones específicas para la industria petrolera, que necesita un suministro energético estable para mantener sus actividades.
Las compañías podrán desarrollar sistemas de autogeneración, cogeneración o contratar proveedores independientes para cubrir sus necesidades operativas.
Estas empresas no necesitarán autorización estatal cuando produzcan electricidad exclusivamente para sus redes internas, salvo que sus instalaciones se conecten al Sistema Eléctrico Nacional.
La medida busca reducir la dependencia de las operaciones petroleras respecto de la red pública y facilitar proyectos energéticos vinculados con la expansión de la producción de hidrocarburos.
La legislación también contempla mecanismos de supervisión y regulación para las empresas que participen en el sector.
La apertura busca atraer inversiones ante el deterioro del sistema eléctrico
Venezuela enfrenta desde hace más de una década problemas de generación, transmisión y distribución que provocan interrupciones frecuentes del suministro.
Durante 2026, el aumento de la demanda agravó las deficiencias de una infraestructura que requiere mantenimiento, modernización y nuevas inversiones.
Los apagones afectan especialmente a regiones del occidente venezolano, donde residentes y empresarios denuncian interrupciones prolongadas que dificultan las actividades económicas.
La reforma forma parte de una estrategia gubernamental más amplia para incorporar capital extranjero a sectores estratégicos, incluidos el petróleo, el gas y la minería.
Sin embargo, la aprobación parlamentaria no garantiza una recuperación inmediata del servicio. La aplicación de la nueva normativa dependerá de la llegada de inversiones, la ejecución de proyectos y la capacidad de las autoridades para supervisar su funcionamiento.
El texto deberá completar los procedimientos de promulgación y publicación en Gaceta Oficial para que sus disposiciones entren en vigor.
Con información de El Nacional
