Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dunkirk, Nueva York, terminó con la detención de una pareja venezolana y la separación de su hija de dos años, ciudadana estadounidense.
El hecho, ocurrido en el estacionamiento de un Walmart donde ambos trabajaban, ha despertado preocupación por un posible retorno de prácticas migratorias que ya habían sido duramente criticadas en el pasado.
Arresto en plena jornada laboral
Carlos Molina Manzaneda y Rebeca Ferreira Castillo, solicitantes de asilo desde 2022, fueron abordados por agentes migratorios mientras realizaban entregas.
Según el testimonio del padre, inicialmente les aseguraron que solo uno sería arrestado; sin embargo, ambos terminaron esposados, dejando a su hija Ines sin la presencia de ninguno de sus progenitores. Actualmente, Molina se encuentra en un centro de detención en Batavia y Ferreira fue trasladada a Luisiana.
Reacciones de defensores y abogados
El abogado de la familia, Bob Graziano, acusó al ICE de actuar sin considerar el bienestar infantil. Ha pedido que al menos uno de los padres sea liberado para reunirse con la menor, solicitando además libertad condicional humanitaria.
Pese a sus gestiones, la agencia ya rechazó una petición de fianza, y la próxima audiencia de Molina está prevista recién para 2027.
Un patrón que preocupa
Organizaciones como Justice for Migrant Families y la New York Immigration Coalition sostienen que este caso no es aislado. Citan un informe del New York Times que documenta al menos nueve incidentes similares en distintos estados.
Los activistas atribuyen esta tendencia a la nueva política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump, que establece cuotas diarias de detenciones.
Contexto del caso
La pareja ingresó legalmente a Estados Unidos en 2022, huyendo de amenazas y persecución política en Venezuela. Mientras esperaban la resolución de sus solicitudes de asilo, trabajaban como contratistas independientes para Walmart.
Han asistido puntualmente a todas sus audiencias judiciales previas. La niña, que desde finales de julio está al cuidado de un familiar, no entiende por qué sus padres ya no están con ella.
Llamado a una acción inmediata
Aunque ICE no ha emitido un pronunciamiento oficial, el caso ha generado una ola de exigencias por parte de defensores de derechos humanos. Estos advierten que la separación familiar no solo vulnera tratados internacionales, sino que también tiene efectos emocionales severos en menores de edad. Mientras tanto, Ines sigue esperando el regreso de sus padres, en un proceso legal que podría prolongarse por años.
