El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos informó este domingo que cerca de 1,6 millones de personas en situación irregular decidieron abandonar voluntariamente el país durante el año 2025.
A estas cifras se suman otras 500.000 deportaciones forzadas ejecutadas por la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que eleva a más de dos millones el número total de migrantes que han salido del país bajo la actual administración.
El fenómeno, inédito por su magnitud, ocurre en el marco de la política migratoria del presidente Donald Trump, que ha endurecido las medidas de control fronterizo y ampliado los programas de expulsión voluntaria con incentivos económicos.
El programa de “autodeportaciones” y sus incentivos
De acuerdo con el DHS, los migrantes que optaron por la salida voluntaria recibieron un pago único de 1.000 dólares y un boleto de avión hacia su país de origen.
La medida forma parte de una campaña nacional de autodeportaciones, promovida bajo el eslogan “Regresa con dignidad, regresa por tu cuenta”, que busca reducir la presión sobre los centros de detención migratoria y disminuir los costos judiciales asociados a los procesos de deportación.
Aunque la agencia no detalló la inversión total del programa, fuentes locales estiman que el gasto asciende a varios millones de dólares, debido a la logística de transporte y la publicidad desplegada en medios de comunicación y redes sociales.
“Estamos en camino de romper los récords actuales de deportación y garantizar que se cumplan las leyes migratorias de nuestro país”, declaró Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS.
La funcionaria destacó que la estrategia ha tenido una “respuesta positiva” entre miles de migrantes, especialmente aquellos que enfrentaban órdenes de deportación pendientes o que decidieron evitar la detención prolongada.
Récords de deportación bajo la administración Trump
La política migratoria de Donald Trump ha alcanzado niveles sin precedentes en materia de expulsiones, tanto voluntarias como forzadas.
Según cifras oficiales, las deportaciones ejecutadas por ICE y la Patrulla Fronteriza se han incrementado más del 35 % en comparación con el año anterior, mientras que las autodeportaciones representan un nuevo instrumento de control.
Trump ha defendido estas medidas como parte de su “estrategia de seguridad nacional”, asegurando que el objetivo es “recuperar el control de las fronteras” y “proteger los empleos de los estadounidenses”.
Sin embargo, organizaciones humanitarias han criticado los métodos empleados, acusando al gobierno de coaccionar a los migrantes a aceptar la salida voluntaria bajo la amenaza de detención o separación familiar.
Redadas masivas y denuncias de abuso
Las ciudades con mayor presencia de migrantes, en particular aquellas gobernadas por demócratas como Chicago, Los Ángeles y Nueva York, han sido escenario de redadas masivas dirigidas por ICE.
Diversos colectivos de derechos humanos denuncian que las operaciones han adoptado “tácticas militares”, con allanamientos nocturnos y controles en espacios públicos.
“Lo que se presenta como una salida voluntaria es, en muchos casos, el resultado del miedo y la presión institucional”, afirmó Carla Mendoza, abogada de la organización Human Rights Watch.
Autoridades locales y legisladores demócratas también han expresado su preocupación, señalando que los operativos están “creando un clima de terror en las comunidades migrantes” y socavando la confianza ciudadana en las instituciones.
El debate político y las repercusiones internacionales
La política de deportaciones masivas ha reavivado el debate migratorio en el Congreso de Estados Unidos, donde republicanos defienden la medida como un “acto de soberanía nacional”, mientras demócratas la califican de “inhumana y contraproducente”.
Al mismo tiempo, gobiernos de América Latina —principalmente México, Guatemala, Honduras y Venezuela— han solicitado mayores recursos para la recepción y reintegración de sus ciudadanos retornados.
Expertos en relaciones internacionales advierten que el programa de autodeportaciones puede tensionar los vínculos diplomáticos y generar crisis humanitarias en países que no tienen la infraestructura necesaria para recibir un flujo tan elevado de repatriados.
Una política entre la eficiencia y la polémica
El informe del Departamento de Seguridad Nacional confirma que la administración Trump ha logrado una reducción sin precedentes en la población indocumentada, aunque a costa de fuertes cuestionamientos éticos y legales.
Mientras el gobierno celebra las cifras como un éxito de gestión, activistas y organismos internacionales advierten que el programa de autodeportaciones podría convertirse en un mecanismo de coerción encubierta, más que en una opción libre y voluntaria.
Con 1,6 millones de migrantes que han decidido marcharse y medio millón deportados por la fuerza, Estados Unidos vive el año más intenso en materia migratoria de su historia reciente, un fenómeno que redefine no solo su política interna, sino también su relación con el resto del continente americano.
