Los estudiantes Noel Cisneros, Katiuska Castillo, Ingrid Briceño y Marcela Hernández fueron puestos en libertad el lunes 3 de noviembre después de haber sido retenidos de manera «arbitraria» desde el viernes, tiempo durante el cual se ignoró su ubicación.
Así lo dio a conocer a la agencia de noticias EFE el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, quien alertó que este episodio «establece una seria pauta» en el país.
Según los reportes de organizaciones y familiares, el grupo fue interceptado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el viernes cerca del centro de reclusión de Tocorón, en el estado Aragua.
Asimismo, Murillo precisó que estaban «filmando con propósitos académicos frente a la instalación penitenciaria».
Sobre la detención de los cineastas nuestro Coordinador General @oscarfmurillo expresó: «Sienta un grave precedente para todos aquellos estudiantes y productores audiovisuales que trabajan con mucha necesidad para contar historias, relatos y el país» https://t.co/mE2sh1IkLR
— PROVEA (@_Provea) November 4, 2025
Riesgo para la Libre Expresión y la Producción Audiovisual
El activista señaló que «esto genera una seria advertencia para todos aquellos estudiantes y realizadores audiovisuales que se esfuerzan, además, con mucha necesidad por narrar historias, relatos y la realidad del país».
«La privación de libertad de este grupo conforma una metodología con la que, desde la estructura estatal, se busca acallar las voces críticas, las voces académicas, el arte, y todo esto acaba limitando el pensamiento libre y la circulación de las ideas», expresó Murillo.
Marcela Hernández, en particular, es la representante de una entidad civil que promueve la creación audiovisual por parte de mujeres. El abogado Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, resaltó en redes sociales «el valor de la denuncia, de no callar ante el abuso».
Con información de El Nacional