Un memorando recientemente divulgado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos arroja luz sobre la base legal utilizada por la administración del presidente Trump para autorizar la operación militar del pasado 3 de enero, la cual resultó en la captura de Nicolás Maduro.
Según fuentes cercanas al documento, el apoyo y las acciones de la oposición venezolana, liderada por la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fueron interpretados como una solicitud oficial del gobierno legítimo para intervenir.
Aunque la versión pública del documento, fechado el 23 de diciembre de 2025, presenta numerosas ediciones, informantes han señalado que una de las secciones ocultas argumenta que el intenso cabildeo de la oposición «podría interpretarse» legalmente como una petición de asistencia para deponer al régimen usurpador en Caracas.
Esta interpretación se sumó a otros argumentos de la Oficina de Asesoría Legal, que citó la autoridad constitucional del presidente y precedentes históricos de operaciones militares sin aval del Congreso o de la ONU.
La paradoja política: Machado en lo legal, Rodríguez en el poder
El documento expone una notable contradicción en la estrategia estadounidense. Mientras que la legitimidad democrática de Machado (reconocida internacionalmente tras las elecciones de 2024 contra Edmundo González) sirvió como pilar jurídico para la acción militar, la Casa Blanca ha optado políticamente por respaldar a Delcy Rodríguez, exfuncionaria del régimen, como líder interina.
#AHORA | Exclusiva del WSJ:
Los comentarios de Machado pidiendo presión militar contra Maduro fueron insumo para que el Departamento de Justicia de EEUU justificara legalmente la captura de Maduro.
Machado dijo que la presión de EEUU era «la única vía» de liberar a Venezuela.… pic.twitter.com/sR58qlR8hT
— Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 14, 2026
A pesar de que Machado ha abogado públicamente por la presión internacional —llegando a calificar la escalada como la «única vía»—, el presidente Trump ha expresado críticas hacia su liderazgo, favoreciendo la cooperación con Rodríguez, a quien califica positivamente.
Debate sobre la legalidad internacional
Expertos legales han cuestionado la solidez de estos argumentos. Scott Anderson, exabogado del Departamento de Estado, advierte que citar el consentimiento de una oposición sin control territorial efectivo marca un giro inusual en la práctica estadounidense y podría ser insuficiente bajo el derecho internacional, comparando la situación con la invasión a Panamá en 1989, donde no se utilizó al gobierno en el exilio como base legal.
La operación culminó con el traslado de Nicolás Maduro a una prisión federal en Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico. El memorando menciona su supuesta vinculación con el «Cártel de los Soles», aunque admite que la inteligencia estadounidense ha tenido dificultades para probar su liderazgo directo en las operaciones del narcotráfico, redefiniendo la estructura criminal más como una red de corrupción clientelar que como una jerarquía militar tradicional.
Las agencias de inteligencia advirtieron previamente que la remoción de Maduro generaría un vacío de poder y confusión, sugiriendo que figuras internas del régimen, como Rodríguez, estarían mejor posicionadas para asumir un gobierno temporal, una evaluación que parece guiar la política actual de Washington pese a la base legal construida sobre la legitimidad de la oposición democrática.
Con información de The Wall Street Journal
