El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró este jueves que entre 100 y 120 ciudadanos venezolanos —civiles y militares— perdieron la vida como consecuencia del ataque militar de Estados Unidos que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero de 2026.
En una alocución durante un acto del Ministerio Público transmitido por televisión, Saab calificó este hecho como “sin precedentes”, denunciando que la acción se produjo con uso de fuerza desmedida y fuera de toda legalidad reconocida internacionalmente. El gobierno venezolano ha señalado también que integrantes de la Fuerza Armada y aliados extranjeros sufrieron bajas en el operativo.
El ataque: contexto y desarrollo
La incursión militar, denominada por fuentes estadounidenses como Operation Absolute Resolve, consistió en múltiples ataques llevados a cabo en la madrugada del 3 de enero, dirigidos principalmente en Caracas y otros puntos clave del país, como La Guaira y otras regiones cercanas. Durante estas acciones, fuerzas especiales de Estados Unidos localizaron y capturaron a Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales en tribunales estadounidenses.
Mientras Washington ha defendido la intervención como parte de una misión para enfrentar el narcoterrorismo, Caracas describió el incidente como una agresión militar ilícita y una violación flagrante de la soberanía nacional. El régimen venezolano ha mantenido que los ataques afectaron no solo objetivos estratégicos, sino también áreas residenciales, provocando víctimas entre la población civil.
Cifras de víctimas y cifras oficiales
El fiscal Saab afirmó que entre 100 y 120 venezolanos habrían muerto a causa de los bombardeos y enfrentamientos derivados de la operación estadounidense, aunque no ofreció un desglose detallado por categorías. Durante la misma intervención, subrayó que las muertes incluyeron tanto a personal militar como a civiles, entre los cuales, según denuncias oficiales, hubo niños, ancianos y mujeres en zonas residenciales afectadas por los ataques.
Por su parte, autoridades militares y el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, informaron inicialmente de la muerte de al menos 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) durante la operación en distintos puntos del país, cifra distinta a la total general ofrecida por Saab. Además, el gobierno cubano reportó la muerte de 32 militares de su país que se encontraban en territorio venezolano en labores de cooperación, lo que incrementó el número de víctimas señaladas por las naciones aliadas a Caracas.
Cabe destacar que, según informes internacionales independientes, otras estimaciones menores han identificado decenas de fallecidos confirmados con nombres propios, entre ellos 47 militares venezolanos, 32 cubanos y al menos dos civiles, aunque estas cifras no coinciden con las del fiscal general venezolano ni con declaraciones de otros funcionarios locales.
Acusaciones de crímenes de guerra y violaciones legales
El fiscal general calificó el ataque como “aberrante, injusto y al margen de toda legalidad”, argumentando que violó disposiciones de la Constitución de Estados Unidos y normas internacionales, incluyendo tratados de derechos humanos suscritos por Naciones Unidas, así como el estatuto de la Corte Internacional de Justicia y principios de la Corte Penal Internacional. Dicha postura sugiere posibles acciones diplomáticas y judiciales por parte de Caracas en foros multilaterales, aunque no se han detallado pasos concretos.
Este tipo de acusaciones se enmarca en una disputa más amplia sobre la legitimidad de la operación militar estadounidense, que ha sido criticada por diversos gobiernos y organizaciones internacionales por presunta violación de soberanía y uso excesivo de fuerza, aunque también ha recibido apoyo de actores que respaldan la lucha contra organizaciones criminales y el narcoterrorismo.
Reacciones y respuesta oficial
El gobierno venezolano decretó luto nacional por los fallecidos en la acción y ha realizado actos públicos de homenaje a oficiales caídos, mientras que figuras de alto rango han denunciado que la operación fue un acto de violencia intencional contra fuerzas estatales y ciudadanos inocentes. El ministro del Interior, además, ha remarcado en declaraciones que el número de fallecidos ronda los 100, cifra que coincide en términos generales con el parte del fiscal general.
Por su parte, Estados Unidos reconoció haber llevado a cabo la operación militar para capturar a Maduro, pero los reportes oficiales sobre bajas varían considerablemente, con afirmaciones de fuerzas norteamericanas apuntando a bajas significativamente menores entre personal extranjero, incluyendo reportes que no mencionan un elevado número de muertos venezolanos entre sus filas.
Implicaciones políticas y legales
La divulgación de estos números y la forma en que se interpretan dentro del discurso oficial de Venezuela tienen un impacto profundo en las relaciones internacionales, especialmente en el escenario de tensiones entre Caracas y Washington. Las autoridades venezolanas utilizan estas cifras para argumentar sobre la necesidad de medidas de justicia internacional, mientras que Estados Unidos sostiene que la operación fue una misión legítima para luchar contra actividades ilegales y poner a Maduro ante la justicia en su territorio.
En todo caso, la divergencia de cifras y narrativas refleja no solo la complejidad de lo ocurrido, sino también la dimensión política de cómo se informa y se interpreta la violencia en contextos de conflicto armado entre Estados y actores estatales, un debate que seguirá en el centro de la agenda diplomática y mediática regional.
Con información de EFE
