
Más de 200 presos políticos, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, llevan cinco días en huelga de hambre en el centro penitenciario El Rodeo I, en los alrededores de Caracas, en protesta por la falta de aplicación de la Ley de Amnistía y por las condiciones de encarcelamiento, denunciaron familiares y organizaciones de derechos humanos.
La acción, que comenzó el domingo 22 de febrero, busca subrayar la urgencia de liberaciones y atención médica oportuna tras la aprobación de una norma que deja fuera a un importante número de detenidos por razones políticas.
Origen de la protesta
La huelga de hambre se inició tres días después de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobara una Ley de Amnistía el 19 de febrero, que fue promovida por el gobierno de Delcy Rodríguez y que ha generado expectativas de excarcelaciones entre familiares de detenidos. Sin embargo, la exclusión de personas acusadas por delitos relacionados con causas militares o terrorismo —como es el caso de Gallo— ha impulsado a los reclusos a tomar medidas drásticas para llamar la atención sobre su situación.
De acuerdo con la información recabada por organizaciones no gubernamentales, 213 presos políticos habrían iniciado la huelga en El Rodeo I, en el estado Miranda, exigiendo la inclusión total de las liberaciones contempladas y el cese de la violación de sus derechos humanos por parte de las autoridades penitenciarias.
El caso de Nahuel Gallo: símbolo de la demanda
Entre quienes encabezan la protesta se encuentra Nahuel Agustín Gallo, un gendarme argentino que fue detenido el 8 de diciembre de 2024 tras cruzar la frontera desde Colombia con el propósito, según familiares, de visitar a su pareja y su hijo. Gallo fue luego implicado en presuntas actividades terroristas, acusación que ha sido rechazada por sus allegados y defensores de derechos humanos.
Su esposa, María Alexandra Gómez, confirmó a través de redes sociales que Gallo se sumó a la huelga de hambre junto a más de 200 internos, y responsabilizó a las autoridades de la prisión por la salud y la integridad física de su esposo y de las demás personas en protesta. En publicaciones en X responsabilizó directamente al director del centro penitenciario por cualquier consecuencia grave que pudiera derivarse de esta medida extrema.
La presencia de Gallo en la protesta no solo refleja la inclusión de extranjeros entre los presos políticos, sino que ha convertido a su caso en un símbolo de exigencia de justicia y atención internacional frente a lo que sus familiares consideran detenciones arbitrarias.
Demandas y razones de los huelguistas
Los recluidos que participan en esta protesta han señalado varias demandas concretas. Entre ellas figura la liberación inmediata de aquellos que, a su juicio, deberían ser beneficiarios de la amnistía recién aprobada, así como la atención médica urgente para los detenidos en condición precaria de salud dentro de la cárcel.
Familiares de los presos han denunciado que muchos de los huelguistas se encuentran en situaciones de salud deteriorada y sin acceso adecuado a atención médica, un factor que ha intensificado la protesta frente a lo que describen como una insuficiente respuesta del Estado. Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) han documentado las condiciones de la protesta y hecho llamados a la sociedad civil para acompañar la demanda.
Además, los manifestantes exigen que la ejecución de la Ley de Amnistía sea respetada en su totalidad, sin que queden detenidos excluidos bajo categorías que, según defensores de derechos humanos, resultan arbitrarias o discriminatorias.
Reacciones de organizaciones y familiares
Organizaciones como Foro Penal Venezuela han denunciado que, pese a la aprobación de la amnistía, aún hay una cantidad considerable de presos políticos que no se beneficiarían de la medida, estimando que cientos podrían quedar fuera del alcance de la normativa debido a las exclusiones contenidas en su texto.
Familiares de los huelguistas han organizado vigilias y llamados públicos para poner de relieve la situación, y han pedido apoyo tanto de la sociedad civil como de organismos internacionales para presionar por soluciones que eviten un agravamiento de la salud de quienes han decidido abstenerse de ingerir alimentos como forma de protesta.
Contexto político y legal
La huelga de hambre ocurre en el marco de un proceso político complejo en Venezuela, donde la aprobación de la Ley de Amnistía se ha visto como un intento de avanzar hacia la liberación de presos políticos en medio de transformaciones institucionales impulsadas por el gobierno actual, y bajo la presión de demandas internas y externas relacionadas con respeto a derechos humanos. Sin embargo, las críticas hacia la ley señalan que sus condiciones y exclusiones limitan su impacto y dejan a muchos detenidos sin acceso a los beneficios que esperaban.
Este escenario ha puesto en tensión a sectores de la oposición, organizaciones de derechos humanos y comunidades de familiares que demandan un cumplimiento más amplio y efectivo de las normas y garantías que amparan la libertad de las personas encarceladas por razones políticas.
La huelga de hambre iniciada por más de 200 presos políticos en El Rodeo I, con la participación destacada del gendarme argentino Nahuel Gallo, refleja una protesta extrema ante lo que los detenidos y sus familias consideran una aplicación insuficiente de medidas legislativas destinadas a liberar a quienes han sido encarcelados por motivos políticos. Las demandas de atención médica, justicia y ejecución completa de la Ley de Amnistía subrayan la persistencia de tensiones en torno a la situación de los derechos humanos en Venezuela, y plantean un desafío urgente para las autoridades y la comunidad internacional.
Con información de EFE



