La dirigente opositora venezolana Delsa Solórzano denunció que el ciudadano Víctor Hugo Quero permanece desaparecido desde su detención el 1 de enero de 2025, un caso que calificó como una situación de “extrema gravedad” que compromete la responsabilidad del Estado venezolano. La denuncia fue difundida a través de redes sociales y reavivó las preocupaciones sobre presuntas desapariciones forzadas en el país.
Solórzano aseguró que, desde el momento de la detención, las autoridades no han informado oficialmente dónde se encuentra Quero ni cuál es su situación legal. Mientras tanto, la familia del detenido continúa recorriendo instituciones públicas y centros de reclusión en busca de información.
Organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos han advertido que la falta de respuestas podría configurar un caso de desaparición forzada, una práctica prohibida por la legislación venezolana y por tratados internacionales.
Una denuncia pública sobre el paradero desconocido
A través de un mensaje publicado en la red social X, Solórzano informó que el caso del detenido continúa sin avances claros en la investigación oficial.
La exdiputada explicó que la madre del ciudadano, Carmen Teresa Navas, de más de 80 años de edad, ha recorrido distintos centros penitenciarios e instituciones del Estado sin obtener información verificable sobre el paradero de su hijo.
De acuerdo con la dirigente opositora, la situación genera una preocupación creciente entre familiares y defensores de derechos humanos, debido a que el Estado es responsable de garantizar información sobre cualquier persona detenida bajo su custodia.
La dirigente también señaló que recientemente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) habría cambiado el equipo encargado de investigar el caso, aunque hasta ahora no se han producido resultados concretos.
La detención de Víctor Hugo Quero
Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, fue detenido el 1 de enero de 2025 en el centro de Caracas, en las cercanías de la sede de la Vicepresidencia.
Según los testimonios de su familia, la detención habría sido realizada por funcionarios de seguridad que lo interceptaron en la vía pública.
Desde ese momento, sus familiares han denunciado que no existe confirmación oficial sobre el centro de reclusión donde se encuentra.
Organizaciones como Foro Penal han acompañado el caso y han señalado que la ausencia de información sobre su paradero podría encuadrarse dentro de los criterios internacionales de desaparición forzada.
El recorrido de una madre en busca de respuestas
La historia de Carmen Teresa Navas se ha convertido en uno de los símbolos de la búsqueda de información sobre detenidos en Venezuela.
La mujer, de avanzada edad, ha visitado múltiples centros de detención con la esperanza de encontrar a su hijo.
Entre los lugares donde ha intentado obtener información se encuentran sedes policiales y penitenciarias como Zona 7 en Boleíta, el Helicoide, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el centro penitenciario Rodeo I.
Sin embargo, en ninguno de estos lugares se le ha confirmado oficialmente si su hijo permanece bajo custodia.
Para organizaciones defensoras de derechos humanos, este tipo de situaciones genera un alto nivel de angustia y vulnerabilidad para los familiares de los detenidos.
El concepto de desaparición forzada
Durante su denuncia pública, Solórzano recordó que la desaparición forzada está expresamente prohibida por la Constitución venezolana.
El artículo 45 establece que ninguna autoridad puede practicar, permitir o tolerar la desaparición de personas, incluso en situaciones excepcionales.
En términos de derecho internacional, una desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida por agentes del Estado y posteriormente se niega información sobre su paradero o se oculta su situación.
Expertos en derechos humanos señalan que la negativa a proporcionar información oficial sobre un detenido puede constituir una violación grave de garantías fundamentales.
Debate sobre la aplicación de la Ley de Amnistía
El caso de Quero también se produce en medio de la discusión sobre la Ley de Amnistía aprobada recientemente por el Parlamento venezolano, controlado por el oficialismo.
Esta legislación busca aplicar beneficios legales a ciertos casos vinculados con hechos políticos ocurridos desde 1999.
Sin embargo, la norma contempla limitaciones específicas y no se aplica automáticamente a todos los detenidos por razones políticas.
Solórzano sostuvo que la aplicación del instrumento legal depende de decisiones judiciales que, según su opinión, pueden estar sujetas a criterios discrecionales.
La cifra de presos políticos en Venezuela
Organizaciones de derechos humanos continúan monitoreando el número de detenidos por motivos políticos en el país.
La ONG Foro Penal informó recientemente que 508 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, entre ellas decenas de ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad.
El gobierno venezolano rechaza esta clasificación y sostiene que las personas detenidas enfrentan cargos por delitos comunes o por acciones consideradas criminales.
Sin embargo, partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil afirman que muchas de estas detenciones tienen motivaciones políticas.
Llamados de la oposición y de la comunidad internacional
El caso de Víctor Hugo Quero también fue mencionado por la líder opositora María Corina Machado, quien pidió a la comunidad internacional mantenerse atenta a la situación de los detenidos en Venezuela.
Machado sostuvo que la presión internacional puede contribuir a que se respeten las garantías fundamentales y se esclarezca el paradero de los presos políticos.
Diversas organizaciones han pedido que las autoridades proporcionen información oficial y una fe de vida del detenido, una solicitud que se ha vuelto recurrente en casos de desaparición forzada.
Un caso que mantiene la atención pública
La desaparición del ciudadano Víctor Hugo Quero se ha convertido en uno de los casos más citados dentro del debate sobre derechos humanos en Venezuela.
Mientras su familia continúa buscando respuestas, dirigentes políticos y organizaciones civiles insisten en que el Estado debe informar sobre la situación de cualquier persona detenida bajo su custodia.
El desenlace de esta situación dependerá de las investigaciones oficiales y de la presión ejercida por organismos nacionales e internacionales que siguen de cerca el caso.
Por ahora, la principal exigencia de la familia y de los defensores de derechos humanos sigue siendo la misma: conocer el paradero y el estado de Víctor Hugo Quero.
La desaparición del preso político Víctor Hugo Quero Navas, detenido arbitrariamente el 1 de enero de 2025, es un hecho de extrema gravedad que compromete la responsabilidad del Estado venezolano.
Su madre, la Sra. Carmen Teresa Navas, de 81 años, ha recorrido cárceles e…
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) March 15, 2026
Con información de El Nacional
