Los presos políticos en Venezuela enfrentan una crisis que ya no se limita a la privación de libertad. Organizaciones, familiares y mecanismos internacionales advierten sobre un patrón de muertes bajo custodia, denuncias de desatención médica, aislamiento, incomunicación y desaparición forzada.
Entre 2024 y 2026, el texto base reporta 28 fallecimientos de detenidos por razones políticas en centros de reclusión, una cifra que refleja el deterioro del sistema penitenciario y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.
Presos políticos bajo custodia del Estado
La custodia estatal debería garantizar seguridad, integridad física y acceso a derechos básicos. Sin embargo, en Venezuela, familiares de detenidos denuncian que esa condición se ha convertido en un espacio de miedo, opacidad y abandono. La muerte de Víctor Hugo Quero Navas resume esa preocupación: lo detuvieron en enero de 2025, su familia lo buscó durante meses y el Estado informó en mayo de 2026 que había fallecido en julio de 2025 en el Hospital Militar de Caracas.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresó su grave preocupación por este caso y pidió una investigación pronta, efectiva e independiente. El mecanismo también solicitó pruebas forenses independientes, identificación adecuada del cuerpo y restitución digna a la familia. La ONU señaló que los familiares buscaron información ante distintas autoridades sin recibir respuesta ni comunicación con Quero.
La contradicción más grave aparece en un documento de octubre de 2025. Según el Grupo de Trabajo, un acta de la Defensoría Pública informó a la familia que Quero se encontraba en el Rodeo I, aunque la versión oficial difundida después aseguró que ya había muerto meses antes. Esa diferencia obliga a esclarecer la fecha real del fallecimiento, las condiciones de reclusión y la cadena de responsabilidades.
El caso también expone el sufrimiento de las familias. Carmen Teresa Navas, madre de Quero, recorrió tribunales, cárceles y oficinas públicas para conocer el paradero de su hijo. Durante ese tiempo, las autoridades no le permitieron verlo ni le informaron sobre su muerte. Para la ONU, esta conducta ilustra el daño que causa el ocultamiento de la suerte o ubicación de una persona detenida.
La reciente muerte de José Manuel Sabino, exconcejal del PSUV, aumenta la alarma. Según el texto base, lo hallaron muerto en una celda de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en Anzoátegui, y los informes forenses apuntaron a estrangulamiento. Ese dato introduce otra dimensión del problema: no todos los fallecimientos denunciados se explican por desatención médica; algunos casos apuntan a violencia directa dentro de espacios que deberían permanecer bajo control estatal.
Muertes evitables y atención médica negada
La lista de fallecimientos muestra historias distintas, pero un patrón común: muchos detenidos pidieron atención médica, sus familiares alertaron sobre cuadros graves y las autoridades actuaron tarde o no actuaron. Esa demora convierte enfermedades tratables en desenlaces fatales y transforma la cárcel en un lugar de riesgo permanente para personas con condiciones crónicas o síntomas severos.
Edison José Torres Fernández murió el 10 de enero de 2026 en una sede de la PNB en Caracas. Tenía 52 años y más de dos décadas como funcionario policial en Portuguesa. Lo detuvieron después de publicar críticas en redes sociales contra el gobernador de su estado. La causa reportada fue un derrame cerebral, pero su fallecimiento ocurrió justo después de nuevos anuncios de excarcelaciones, una medida que pudo cambiar su destino si hubiera llegado a tiempo.
Alfredo Díaz Figueroa, exgobernador de Nueva Esparta y dirigente de Acción Democrática, murió el 6 de diciembre de 2025 en El Helicoide. Su familia había pedido traslado médico por problemas cardíacos graves. Según el texto base, permaneció aislado e incomunicado durante más de un año, sin atención adecuada y sin acceso regular a visitas. Su caso muestra cómo el encierro prolongado y la falta de asistencia pueden acelerar el deterioro físico de un detenido.
Lindomar Jesús Amaro Bustamante murió en mayo de 2025. Las autoridades hablaron de suicidio por ahorcamiento, pero sus familiares y organizaciones denunciaron torturas psicológicas y tratos crueles en celdas de castigo. Reinaldo Araujo falleció en febrero de 2025 tras una crisis hipertensiva que derivó en infarto. Sus allegados denunciaron que los custodios negaron traslado médico con excusas administrativas y logísticas.
La cárcel de Tocuyito también aparece en varias denuncias. Oswal Alexander González Pérez murió allí en diciembre de 2024 por una hepatitis A no tratada, según el texto base. Durante semanas presentó síntomas severos, pero recibió un diagnóstico erróneo y analgésicos. Tres días antes, Jesús Rafael Álvarez falleció en el mismo recinto en medio de denuncias sobre infecciones, hacinamiento, falta de agua potable y propagación de enfermedades.
Jesús Manuel Martínez Medina, músico y miembro de Vente Venezuela, murió en noviembre de 2024 después de sufrir complicaciones asociadas a diabetes, problemas cardíacos e infecciones. Su madre pidió ayuda médica de forma constante, pero las autoridades solo permitieron atención cuando su salud ya estaba muy comprometida. La amputación de una pierna y su muerte posterior convirtieron su caso en símbolo de las medidas humanitarias que llegaron tarde.
Familias piden justicia ante la opacidad
Las familias de los detenidos fallecidos reclaman investigaciones independientes, sanciones y acceso a expedientes. Sin embargo, la respuesta oficial suele llegar tarde, de forma incompleta o mediante comunicados que no despejan dudas. Esa falta de claridad alimenta la desconfianza y refuerza la percepción de que el sistema penitenciario opera sin controles reales.
El problema no se agota en cada muerte individual. Los casos muestran una estructura que permite incomunicación, traslados sin información, restricciones a abogados de confianza, diagnósticos tardíos y negativas de atención médica. Cuando estos elementos se repiten, la denuncia deja de apuntar solo a funcionarios aislados y pasa a señalar una crisis institucional.
Los mecanismos internacionales también han elevado el tono. La ONU pidió que el Estado garantice el derecho a la verdad, asegure rendición de cuentas y ponga fin a las desapariciones forzadas. Ese llamado no funciona como una recomendación simbólica: exige acciones concretas, apertura de archivos, peritajes independientes y comunicación directa con las familias.
La situación golpea además el derecho a la vida. Una persona detenida depende por completo del Estado para recibir alimentos, agua, medicinas, atención médica, seguridad y contacto con su defensa. Si las autoridades fallan en esa obligación, el encierro se vuelve una amenaza. Para los familiares, la prisión ya no representa solo pérdida de libertad; también puede significar una condena física sin sentencia.
Venezuela enfrenta así una crisis que combina represión política, precariedad carcelaria y ausencia de justicia. Cada muerte bajo custodia abre preguntas sobre quién vigilaba al detenido, quién recibió las alertas médicas, quién negó el traslado, quién registró la información y quién ocultó datos a la familia.
La exigencia central resulta clara: el Estado debe responder por cada persona que mantiene bajo su control. Sin investigaciones independientes, sin sanciones y sin reparación, los fallecimientos seguirán acumulándose como una advertencia. Para las familias, la verdad no es una concesión; es el primer paso para impedir que otros presos políticos mueran en silencio dentro de los centros de reclusión venezolanos.
Con información de El Nacional
