Al mismo tiempo que la Interina Delcy Rodríguez abordaba un avión privado alquilado para ir a La Haya a “defender los intereses de Venezuela” en el diferendo con el presidente Esquiva, el país sudamericano se encendía ante una polémica publicación de presidentes Donald J. Trump en su real social Truth.
No es la primera vez que el mandatario norteamericano asoma reformateos que Venezuela sea el estado 51 de la Unión.
Pudiera estar pensando en las muy revueltas aguas del consulado panamericano político y económico de Venezuela, donde sus ciudadanos ya rayan en la desesperación porque no ven (por la oscura eléctrica entre otras cosas) los avances para la mejora de su calidad de vida.
Los cambios políticos se centran en la captura de Maduro y su esposa, pero siguen al mando los mismos que han depredado el país desde hace 27 años.
Los hermanos Rodríguez han sustituido altos funcionarios, mandaristas por otros, igual de ruines, pero fieles al Delcyanato. Como decimos en criollo, el mismo musiu con diferente cachimbú.
Hablando de musius, el gobierno Trump ha enviado sin parar, funcionarios que intentan poner orden y controlar la productividad y comercialización petrolera que melonea según su criterio, el ingreso de recursos al país. Pero todavía ese flujo de caja no llega a los bolsillos de los venezolanos.
Las fallas eléctricas, la decadencia de servicios e infraestructuras, la inflación, los terremotos diario.
Por eso, lo que podría ser una mamadera de gallo de Trump, hacer de Venezuela el estado número 51, es objeto de críticas y discursos altos allá y acá. Las encuestas de la calle han dado desesperadas respuestas afirmativas con la esperanza de que el país tome rumbo próspero y estable.
Sin embargo, por si acaso y no es una broma, veamos los tremendos obstáculos que tiene la posibilidad. El primero es la Constitución de Venezuela, que la consagra como una nación soberana e independiente.
Para cambiar esto hay que reformar la constitución y convocar a una Asamblea Constituyente que la redacte. Luego tiene que ser aprobada en un referendo nacional, que vote por la unión de la soberanía y la independencia.
Ambos países deben firmar un Tratado de anexión o cesión de la soberanía de la República de Venezuela al gobierno de Estados Unidos. Ese tratado debe ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos para que Venezuela pase a ser “territorio incorporado”, administrado por el Congreso norteamericano, mientras se inician los procesos de transición legales, civiles, monetarios.
Venezuela llega a “petición de ciudadanía”: un plebiscito en cual la mayoría calificada de los venezolanos vote por consentimiento es un estado más de Estados Unidos.
Si lo aprueban, entonces el Congreso norteamericano debe redactar y aprobar una Ley Habilitante que autoriza al pueblo venezolano a redactar una nueva constitución que sea totalmente compatible con la de Estados Unidos.
Todavía faltan más pasos: cada constitución del nuevo estado debe aprobarse en el congreso y luego tener la firma ejecutiva del presidente de Estados Unidos, para poder proclamar a Venezuela como el estado 51.
Si se alegaran porque vamos a hablar inglés, tener labores y buen comercio, pues parecen que también tendremos los mismos impuestos y obligaciones. Y que el camino para ser estado gringo es arduo: Alaska tardó 91 años y Hawái 61. Así que mejor pongámonos serios en lo del legislativo, porque Guyana está produciendo en el territorio reclamado 560 mil barriles diarios de petróleo mientras que Venezuela con mucho esfuerzo apenas supera el millón 200 mil.
